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Internacional de la educación
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Foro Social Mundial: rotundo rechazo a la privatización de servicios

publicado 2 abril 2015 actualizado 7 abril 2015

La Internacional de la Educación (IE) y varias de sus afiliadas tuvieron una activa participación en el Foro Social Mundial (FSM) que se celebró en Túnez capital los días 24 al 28 de marzo, debatiendo la privatización de servicios, incluidos los servicios educativos.

En el transcurso del foro, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft(GEW), afiliada alemana a la IE, organizó un taller titulado “No a la privatización de la educación a través del Tratado de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE (TTIP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA) y el Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA)”.

El taller contó con la participación de representantes de varias afiliadas a la IE, entre ellos Richard Langlois, asesor de la IE, Jean Murdock, de la afiliada canadiense FNEEQ-CSN, Henrique Borges, del también afiliado sindicato de la educación portugués FENPROF, y Gunter Quaisser, representante de GEW. También intervino en una jornada que contó con una participación aproximada de 80 personas Deborah James, de la red Nuestro Mundo No Está en Venta.

Amenaza a la democracia y la educación pública

Las conversaciones giraron en torno al impacto que en la educación pudiera tener el TTIP que están negociando EE UU y la Unión Europea. Los participantes coincidieron en la necesidad de rechazar unos acuerdos de libre comercio cuya plena ejecución podría suponer una amenaza para la democracia.

Poca confianza merecen las promesas de políticos de que los tratados no afectarán a la educación pública, al entrar la privada en el ámbito de estos acuerdos comerciales. Además, ¿cómo se puede distinguir la educación pública de la privada cuando, por ejemplo, en una guardería pública los padres recaudan fondos privados?

Amenazas específicas

James hizo hincapié en el carácter irreversible de los contratos acogidos a los citados acuerdos y la correspondiente praxis liberalizadora: las áreas privatizadas no podrán volver a trasladarse a competencias municipales, como ocurre con algunos operadores de residuos municipales.

Asimismo, Murdock comentó los efectos negativos, para los trabajadores, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en aplicación desde hace años.

Borges, por su parte, insistió en los peligros que planteaba el TTIP en el marco de la política de austeridad llevada a cabo en Portugal, al suponer tanto el TTIP como las políticas de austeridad un ataque a la Constitución del país.

Quaisser describió el creciente rechazo que entre los sindicatos y la sociedad civil de Alemania estaba generando el TTIP. Los contratos propuestos, indicó, ofrecen escasas ventajas, incluso en un país como Alemania, que depende del comercio exterior. De hecho, la aplicación del TTIP podría generar un crecimiento económico no superior al 0,5% y la creación de tan sólo 125.000 puestos de trabajo en el plazo de 10 a 15 años. Así se indica en varios estudios económicos recientes de la Comisión Europea y otros institutos de investigación.

Movilización mundial de la Internacional de la Educación contra la privatización

En el Foro Social Mundial, Langlois también participó en un taller dedicado al TiSA. La IE, según informó, está vigilando de cerca las negociaciones y conversaciones en torno al TiSA, con el fin de potenciar la exclusión total de la educación y otros servicios públicos.

Añadió que la Internacional de la Educación estaba trabajando estrechamente con la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para ampliar las investigaciones y análisis sobre los efectos perjudiciales del TiSA en los servicios públicos.

En el próximo Congreso de la IE, que se celebrará en Ottawa (Canadá), también se presentará para su aprobación, según indicó Langlois, una importante resolución sobre privatización. Será una buena oportunidad, agregó, para reafirmar desde los sindicatos de la educación de todo el mundo nuestra oposición a acuerdos comerciales orientados a la comercialización y privatización de los servicios públicos, incluidos los servicios educativos. Asimismo, el Congreso brindará la posibilidad de abogar por un planteamiento alternativo del comercio y la inversión que sea compatible, entre otras cosas, con las obligaciones de los países, los derechos humanos y el derecho a la educación.

Como bien dijo Antoni Verger, de la Universitat Autònoma de Barcelona, el problema no es que la educación se esté mundializando, sino que lo esté haciendo bajo las reglas de libre comercio y con el beneficio financiero como finalidad, según concluyó Langlois.