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Los afiliados a la Internacional de la Educación de todo el mundo están desarrollando una intensa campaña de presión contra los planes de negociación de los servicios públicos en el acuerdo de libre comercio TISA, enviando un claro mensaje a sus gobiernos de que la educación no está en venta.

El mensaje de los docentes es claro. En un alarde de resistencia y solidaridad, los sindicatos de docentes de todo el mundo están evidenciando que los servicios públicos, como la educación pública, no son mercancías que se comercializan en el mercado.

Un documento del TISA recientemente filtrado ha revelado que el Gobierno de Noruega, junto con Colombia, Nueva Zelanda y Australia, desearía que se incluyeran los servicios educativos en la lista del nuevo pacto comercial.

Hoy los afiliados a la Internacional de la Educación (IE) de cada país han emitido una declaración con el propósito de expresar su oposición al Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios, o TISA, que actualmente está siendo negociado por 24 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Es evidente que los servicios públicos están en juego y, para la Internacional de la Educación y sus afiliados, la educación pública.

“La inclusión de la educación en el TISA, tal y como propuso el Gobierno colombiano, significa poner al Estado al servicio de las grandes empresas”, afirmó Luis Grubert, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

Asimismo, Grubert declaró que el TISA conlleva una potencial influencia negativa sobre las condiciones laborales de los docentes, y sobre la calidad de la educación, ya que abre la puerta a una entrada masiva de proveedores privados, cuyos estándares de calidad no pueden ser regulados por el Estado.

Para muchos, como la presidenta de la Australian Education Union (AEU), Correna Haythorpe, la falta de transparencia que empaña las negociaciones constituye una gran preocupación, sobre todo, teniendo en cuenta que los detalles de estas negociaciones no se harán públicos hasta cinco años después de la firma del acuerdo.

“Los australianos deben estar preocupados por la amenaza que representan estas negociaciones secretas para la educación pública y alarmados por la falta de trasnparencia”, puntualizó Haythorpe en su declaración conjunta con el Australia’s National Tertiary Education Union (NTEU).

Recogiendo las palabras de Haythorpe, la presidenta del NTEU, Jeannie Rea, declaró que su sindicato “respalda una definición más precisa de los servicios públicos, que contemple el derecho de los gobiernos a proporcionar y financiar los servicios públicos sin estar obligados a otorgar subvenciones a proveedores privados”.

Los dirigentes sindicales de Nueva Zelanda se han unido para emitir un comunicado de prensa con el fin de dejar claro que incluir la educación en el libre comercio no es negociable.

El secretario nacional del Instituto de Educación de Nueva Zelanda (NZEI, por sus siglas en inglés), Paul Goulter, afirmó que el TISA “podría conducir a que las corporaciones privadas extranjeras demandaran a cualquier gobierno que intentara legislar en contra de la expansión de escuelas concertadas o mejorar la calidad de los servicios educativos privados de la primera infancia”.

En opinión de la presidenta del sindicato Tertiary Education Union (TEU), Sandra Grey, el “acuerdo propuesto restringiría el derecho de futuros gobiernos a la hora de regular la calidad y la oferta de la educación y de proteger aspectos esenciales del sistema educativo de Nueva Zelanda”.

Por otra parte, la presidenta de la New Zealand Post Primary Teachers' Association (PPTA), Angela Roberts, puntualizó que “si se realizara el tipo de comercialización del TISA, esto sería muy perjudicial para la educación de los estudiantes”.

Sabemos que en Noruega, tanto el Union of Education Norway (UEN) como el Utdanningsforbundet se pronunciaron en contra de la postura del Gobierno.

Asimismo, en una carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores noruego, Børge Brende, el UEN dejó muy clara su postura.

“Existe un amplio acuerdo político en Noruega según el cual la educación es y debe seguir siendo un servicio público… Por consiguiente, nos ha sorprendido leer que Noruega apoya una propuesta que ampliará el alcance de la liberalización de los servicios profesionales para incluir los servicios educativos privados”, reza la declaración.

En su carta al ministro de Asuntos Exteriores, el sindicato Utdanningsforbundet señala que “debe ser la política educativa estatal y no las concesiones de política comercial las que rijan el sistema educativo. Por lo tanto, es altamente reprobable que Noruega esté aparentemente impulsando que se amplíe el alcance del acuerdo con el fin de incluir los servicios de la enseñanza privada”.

La Internacional de la Educación sostiene que restringir la capacidad de los gobiernos para regular la oferta de la educación en sus intereses nacionales representa una amenaza directa para la educación pública de calidad para todos, que podría repercutir en las condiciones de aprendizaje de los alumnos y en las condiciones laborales de docentes, académicos y otros trabajadores de la educación. Asimismo, constituye un desafío directo para los procesos democráticos y la gobernanza pública de la educación.

En su declaración, la Internacional de la Educación hace un llamamiento a todos los gobiernos para que excluyan a la educación de los acuerdos comerciales.