Los sindicatos de docentes llevan el caso de los estudiantes mexicanos desaparecidos ante las Naciones Unidas
Seis afiliados de la Internacional de la Educación están uniendo fuerzas para interponer una denuncia en el ámbito de los derechos humanos ante la ONU en nombre de los 43 estudiantes de magisterio mexicanos desaparecidos, y las violaciones de derechos relacionadas de otros 137.
La American Federation of Teachers (AFT), junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, la Unión Nacional de Educadores, el Colegio de Profesores de Chile y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación exigen respuestas a los violentos acontecimientos aún no resueltos “ocurridos en la escuela de magisterio de Ayotzinapa, en septiembre de 2014”. Según la denuncia, la culpa recae directamente sobre la Policía Local y el crimen organizado a los que acusan de llevar a cabo dichas violaciones.
“Nosotros, una comunidad de docentes, que representamos a cientos de personas que han sido víctimas de atrocidades similares en nuestros propios países, tenemos la obligación de alzar nuestras voces por los 43 compañeros que han sido silenciados. Estos estudiantes inocentes, que habían elegido dedicar su vida adulta a la educación y al desarrollo de los jóvenes en sus comunidades, fueron ejecutados sumariamente por el mismo gobierno para cuyo servicio aspiraban trabajar. Así pues, el gobierno debe asumir responsabilidades y responder a la pregunta: ¿Qué les sucedió?” lea la carta conjunta enviada al órgano de derechos humanos.
“Interponiendo esta denuncia, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que tome urgentemente las medidas correctivas necesarias junto con el gobierno de México para perseguir a los autores y presentar un registro certificado sobre la suerte de los 43 jóvenes docentes desaparecidos. Que el recuerdo de su sufrimiento sea respetado y no olvidado”.
En la denuncia oficial que se presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, interpuesta el 26 de septiembre en Nueva York, los sindicatos pusieron en tela de juicio los siguientes actos:
- 43 normalistas fueron detenidos en dos escenas del crimen separadas, y posteriormente sometidos a desapariciones forzosas;
- Se produjeron seis ejecuciones extrajudiciales, entre las que se encuentran personas cuyos restos revelaron claras evidencias de tortura y ejecución sumaria a bocajarro;
- Más de 40 personas resultaron heridas en una escena del crimen particular;
- 30 personas sobrevivieron a los intentos de asesinato en otra escena del crimen;
- En torno a 80 personas, entre ellas alumnos y profesores, fueron sometidas a persecuciones, ataques e intentos de asesinato tras manifestar su apoyo a las víctimas de los delitos previamente citados.
Contando con el apoyo de más de 750 documentos presentados por diversas organizaciones entre las que se encuentran, entre otras, Amnistía Internacional, el ACNUR y la Confederación Sindical Internacional (CSI), los sindicatos exigen que las autoridades mexicanas sean más transparentes y proporcionen detalles acerca de la actual investigación pública.
