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Cuando los intereses privados sencillamente no dan resultado en la educación pública

publicado 1 febrero 2016 actualizado 20 febrero 2017
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¿A qué se debe el extraordinario e inmediato éxito de Piketty? En parte porque es un economista que se distancia de sus pares, los economistas neoclásicos, cuyas ideas han configurado, desde la década de los años 1980, los proyectos y programas políticos del mundo entero. Inspirados en la obra de Adam Smith, los economistas neoclásicos sostienen que un mercado libre puede generar una mayor producción de riqueza, lo que a su vez produce un “efecto de goteo” semejante a la marea que, cuando sube, hace que todos los barcos floten sobre el agua.

Sin embargo, el libro de Piketty muestra precisamente lo contrario. Además de no ser el único en llegar a esta conclusión. La OCDE publicó en 2014 un estudio que confirma el análisis de Piketty. La riqueza no solamente acusó un efecto ascendente y no de “goteo”, sino que ahora se concentra una riqueza enorme en un pequeño porcentaje de personas, el 1%, mientras que la clase media y la clase trabajadora han perdido mucho terreno en su participación en la riqueza.

¿Cuál es el rasgo común de los países más desiguales? Todos adoptaron las políticas neoliberales de la década de los años 1980 en adelante. EE.UU., por ejemplo, de ser una sociedad relativamente más igualitaria en la década de los años 1970, ahora muestra una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos que en comparación con cualquier otro período del siglo pasado. Lo mismo puede constatarse en el Reino Unido, Portugal y España.

El Premio Nobel Joseph Stiglitz, antiguo economista jefe del Banco Mundial, describió recientemente las diversas políticas económicas como un verdadero fracaso, ya que han producido una sociedad más desigual. Del mismo modo, Paul Krugman, también Premio Nobel de economía, muestra que cada vez que EE.UU. aplica recortes de impuestos a favor de los ricos se observa una disminución en la productividad económica. Por el contrario, cuando se han aumentado las tasas impositivas más altas, se ha generado crecimiento económico.

Sin embargo, desde la década de los años 1980, muchos gobiernos del mundo entero han adoptado este programa de privatizaciones fundamentado en el mercado. Y la educación no ha sido la excepción. Los países han optado por la vía de seguir esta particular lógica: que la educación también será más eficiente si funciona de acuerdo con las normas de la competencia (libre elección de escuela, normas, información sobre el desempeño y así sucesivamente a fin de obtener una mejor calidad) y que las empresas privadas suministrarán bienes y servicios de manera más eficiente que los gobiernos (lo que permite ahorrar costos). Los mecanismos característicos para ofrecer este modelo basado en el mercado incluyen vales, escuelas privadas subvencionadas por el sector público, academias, escuelas libres, enseñanza inspirada en el mercado, o la rendición de cuentas basada en pruebas. El supuesto que impulsa este modelo es que la gestión privada (cuando no la propiedad), mínimamente regulada, ofrecerá mejores resultados en materia de aprendizaje.

El problema de este modelo (por ejemplo, la ausencia o bajos niveles de imposición para los ricos, la tolerancia de los paraísos fiscales, las exenciones de impuestos para los residentes no domiciliados en el país, exenciones fiscales para las fundaciones) es que la educación pública es, como su nombre lo indica, pública y depende de la redistribución del Estado. Cuando los que más ganan y más poseen no pagan la cuota de impuestos que les corresponde, el Estado tiene que gastar más de lo que recibe, viéndose obligado a pedir prestado más fondos para pagar la factura, o bien, tiene que dejar que la carga fiscal recaiga cada vez más en las familias de la clase media y de la clase trabajadora, haciendo que los menos favorecidos asuman una mayor parte de la imposición sobre la renta y el gasto.

El modelo de mercado también ha sido promovido por los intereses privados que han caído en la cuenta de que pueden sacar beneficios de la prestación de servicios educativos, ya sea como administradores y proveedores de escuelas, o prestando servicios de evaluación mediante pruebas y otros servicios clave. Sin embargo, la tentación de excluir a determinados tipos de niños y niñas debido a que sus resultados en las pruebas tienen probabilidades de ser más bajos, o elegir a aquellos alumnos considerados como de alto rendimiento, también significa que la educación pública deja de ser precisamente “pública” para convertirse en un sector que puede ser explotado para beneficio del sector privado.

El modelo de mercado puede compararse con un modelo de inversión pública; un sistema educativo integral cuya premisa es el acceso universal, la preparación de los ciudadanos para una sociedad económica y política más amplia e igualitaria. Los mecanismos para garantizar la calidad incluyen la preparación de docentes de alta calidad, la financiación equitativa de las escuelas, infraestructuras de alta calidad y una pedagogía integral del niño. Por otra parte, los argumentos impulsados por los resultados afirman que la propiedad pública, la responsabilidad pública y la rendición de cuentas a través de procesos democráticos garantizan una mejor calidad de la enseñanza y de los entornos de aprendizaje para docentes y alumnos, por lo cual se obtienen mejores resultados de aprendizaje. En el modelo de inversión pública con un Estado fuerte, el Estado es capaz de recurrir a un sistema de impuestos progresivos para invertir en el interés público, en lugar de depender de las familias para que encuentren los recursos necesarios para su inversión, generando así inevitablemente la desigualdad.

Por lo tanto, ¿qué elementos de juicio pueden permitirnos ver la diferencia entre la ideología y las pruebas que demuestran cuál es el modelo de gobernanza que propicia la impartición de una educación socialmente justa? Podemos hacer cálculos, y ¿qué resultado nos dan? En un próximo libro sobre el tema, los profesores Frank Adamson, Bjorn Astrand y Linda Darling-Hammond demuestran las diferencias entre un modelo de mercado con un Estado débil, y un modelo de inversión pública con un Estado fuerte. Haciendo binomios entre Suecia y Finlandia, Chile y Cuba, EE.UU. y Ontario esbozan una serie de conclusiones sobre cada modelo. La demostración es contundente.

Muestran que si hacemos cálculos y sumamos las evidencias obtenidas, ningún país es capaz de mostrar resultados realmente mejores derivados de un modelo de inversión basado en el mercado. Por el contrario, con el tiempo, comienzan a revelarse desigualdades profundamente arraigadas que afectan a todo el sistema. Esta realidad ha llevado a Martin Carnoy, economista de la educación de Stanford, a sostener que los aspectos negativos de la desigualdad y de los mercados, especialmente cuando inciden en la parte inferior de la escala social, parecen contrarrestar los efectos positivos de la libre elección de los padres en lo que se refiere a los establecimientos escolares.

Del mismo modo, los estados de EE.UU. que muestran globalmente el desempeño más elevado han aplicado en menor medida la subvención pública de escuelas privadas o la privatización, mientras que los estados que han optado por reformas basadas en el mercado no regulado suelen presentar en general un desempeño más bajo.

Ante estas pruebas contundentes cabe preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo funciona esta dinámica? El profesor Marius Busemayer y sus colegas de la Universidad de Konstanz, Alemania, nos dan elementos de respuesta. Sostienen que si las elites favorecen la educación privada debido a los beneficios que se derivan de ella, y los grupos de bajos ingresos prefieren sistemas más socializados debido a los beneficios que le aportará un sistema público, mucho depende entonces de si se practica la autoexclusión, o si existen incentivos de inclusión voluntaria para las clases medias con respecto a un modelo de inversión estatal en contraposición con un modelo basado en el mercado. Las clases medias tienen más probabilidades de seguir un modelo de inversión estatal si pueden valorar algún beneficio. Sin embargo, esta situación beneficia a las clases trabajadoras en el sentido de que la clase media probablemente redoblará esfuerzos desde el punto de vista político para conseguir una mejor educación pública y, en este caso, se produce un “efecto de goteo” (suponiendo que no se establezcan sistemas de seguimiento), ya que contar con una diversidad de establecimientos escolares representa mayores ventajas para las personas con menos recursos.

Queda claro que los intereses privados ¡sencillamente no dan resultado en la educación pública! Y no resulta difícil hacer cálculos. Es una cuestión de voluntad política, ya que existen pruebas cada vez más convincentes de que los modelos basados en el mercado son divisivos y discriminan. Un sistema educativo comprometido con un modelo de inversión pública, a diferencia de un modelo de mercado privado, no solamente ejercerá un efecto radical a nivel político, sino que propicia mayores niveles de productividad económica y de igualdad social, y no beneficia únicamente a una élite reducida. Motivos por lo que definitivamente ¡merece la pena luchar!