Ei-iE

Jordania: la ley del trabajo nacional debería defender los derechos de los sindicatos en lugar de negárselos

publicado 21 mayo 2019 actualizado 6 junio 2019

La Internacional de la Educación se ha solidarizado con su organización miembro jordana tras su cuestionamiento de las reformas de la legislación laboral, ejecutadas por el parlamento y firmadas por el rey, que debilitan dicha ley en una situación en la que existe una necesidad manifiesta de reforzarla.

En un escrito dirigido a la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato General de Trabajadores Docentes (GUWT) ha condenado que el parlamento nacional no les enviase las reformas previstas para la ley del trabajo que aceptó el rey de Jordania a finales de abril. Argumentaban que los trabajadores migrantes, un porcentaje cada vez mayor de la mano de obra, deben tener derecho a pertenecer a sindicatos. Dentro de un mes aproximadamente, los sindicatos anunciarán la creación de un sindicato de trabajadores nacional.

La Internacional de la Educación, que apoya al GUWT, destacó que, “por desgracia, en lugar de corregir los antiguos problemas de la ley del trabajo de Jordania, según lo detectado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el parlamento ha adoptado una normativa que empeora aún más esta legislación laboral”.

La IE también condena el hecho de que “la ley del trabajo ya niegue a los trabajadores sus derechos fundamentales al limitar el derecho de sindicación y negociación colectiva únicamente a 17 sectores y prohibir en ellos la pluralidad sindical. La ley también prohíbe que los trabajadores migrantes, que representan un porcentaje significativo de la mano de obra, se afilien a sindicatos o los constituyan. La legislación concede al ministerio de trabajo la potestad de inscribir un sindicato y aprobar sus estatutos, y promueve que este disuelva un sindicato sin necesidad de fallo judicial o que nombre a líderes sindicales de forma temporal. Además, impone duras sanciones penales a aquellos que gestionen un ‘sindicato no autorizado’. Estas reformas solo servirán para limitar aún más el ejercicio del derecho a la libertad de asociación en Jordania”.

“En los últimos meses, miles de personas residentes en Jordania y otros países han escrito al Parlamento de Jordania para pedir a sus miembros que rechacen estas reformas y se centran en mejorar la ley”. La IE también denuncia que “sus voces se han ignorado”. Por ese motivo, ha pedido sin éxito al rey de Jordania que apoye a los trabajadores de su país y rechace esta ley, “convencidos de que hará lo correcto”.

Antecedentes

El GUWT ya ha enviado una queja a la Confederación Sindical Internacional (CSI) para que la traslade a la OIT en la que se tratan los siguientes aspectos:

  • La clasificación de los puestos de trabajo debería contar con el respaldo del Comité Tripartito de la OIT de Jordania en lugar de estar en manos del ministro de trabajo, que tendría potestad para disolver sindicatos arbitrariamente.
  • La eliminación de un sindicato debería dictaminarla un juez y no el ministro.
  • El ministro no debería validar estatutos sindicales, ya que los miembros de un sindicato deberían tener derecho a aceptarlos por sí mismos, siempre que respeten la ley.
  • El respeto del derecho a la negociación colectiva: actualmente, los informes financieros de una empresa no indican los beneficios, por lo que los trabajadores no pueden exigir mejores prestaciones, hecho que contraviene su derecho a la negociación colectiva.
  • La firma de un nuevo acuerdo de negociación colectiva cada tres años (antes, se firmaba cada dos años): esta medida tendría que cambiarse porque también limita la negociación colectiva.
  • Los esfuerzos en cuanto a la ley sindical carecen ahora de validez debido a los cambios negativos del nuevo código laboral que han de modificarse.
  • Establecimiento de una recompensa por servicio: un mes por cada año trabajado previamente; actualmente, se concede medio mes, y esta situación debería revertirse.
  • La Federación General de Sindicatos Jordanos y la CSI deberían apoyar la propuesta de tomar medidas graduales con el objetivo de alcanzar la libertad de asociación.