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¡Alivio inmediato de la deuda para todos los países de bajos ingresos!

publicado 14 abril 2020 actualizado 15 abril 2020

El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional anunció ayer que ha aprobado la reducción inmediata de la deuda a 25 de los países más pobres del mundo para ayudar a abordar las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Se ha concedido el alivio del servicio de la deuda a: Afganistán, Benín, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malaui, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Tayikistán, Togo y Yemen.

Se otorgarán subvenciones para cubrir las obligaciones adquiridas con el FMI durante una fase inicial de seis meses, en virtud del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (CCRT, por sus siglas en inglés). Por otro lado, el FMI ha instado a los países donantes a contribuir en mayor grado al Fondo Fiduciario, que actualmente puede proporcionar aproximadamente 500 millones de dólares en ayuda para la reducción de la deuda.

La Internacional de la Educación acoge con satisfacción esta medida, que resulta esencial para que los países más desfavorecidos puedan proteger a sus ciudadanos y garantizar sus derechos durante la crisis del coronavirus. La reducción de la deuda permite que los Gobiernos gasten dinero en servicios públicos fundamentales como la salud, la educación y la protección social, en lugar de abonar la deuda.

No obstante, la Internacional de la Educación insta al FMI a que dé un paso más y condone la deuda de más países y durante más tiempo, y al G20 a que haga lo propio y se comprometa a condonar la deuda bilateral oficial en su reunión de esta semana. Si no se lleva a cabo una reducción de la deuda más amplia, muchos Gobiernos de países de bajos ingresos se verán obligados a seguir pagando sus obligaciones de deuda internacional en lugar de tomar las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos de los efectos del COVID-19. Cabe destacar que el pago de la deuda estaba socavando la capacidad de los Gobiernos para garantizar los derechos a la salud y a la educación incluso antes de la pandemia; según la Campaña de la Deuda del Jubileo(JDC por sus siglas en inglés), 64 países de bajos ingresos gastan más en pagos de la deuda externa de lo que gastan en atención sanitaria. De manera paralela, el gasto en educación suele depender de los niveles de servicio de la deuda. En Níger, por ejemplo, un aumento del 31% del servicio de la deuda dio lugar a una disminución del 41% en el gasto en educación durante el período 2015-17 (Eurodad, 2020).

La Internacional de la Educación, junto con más de 200 organizaciones de la sociedad civil, ha solicitado que se cancelen permanentemente todos los pagos de deuda externa que deben realizarse en 2020. Además, nos gustaría que se pusiera en marcha un plan para la reducción continua, sistemática e integral de la deuda en el futuro a fin de resolver el problema de la crisis de la deuda para que ningún país se vea abrumado por una deuda insostenible.

La semana pasada, la IE se unió a la CSI con el fin de instar a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a que proporcionen una respuesta integral, rápida y humana a la polifacética crisis del COVID-19. Esto requiere que el FMI y el Banco Mundial elaboren un plan preciso a fin de coordinar una amplia reducción de la deuda, pero también de proteger el empleo y la economía real, y adopten medidas inmediatas destinadas a apoyar la salud, la educación y la protección social. Con ocasión de las actuales Reuniones de Primavera, la Internacional de la Educación insta a las Instituciones Financieras Internacionales a que no pierdan esta oportunidad de adoptar medidas decisivas para ayudar a todos los países a proteger a sus ciudadanos durante esta crisis mundial. Asimismo, instamos a los ministros de Economía de los países donantes a que den un paso adelante y muestren liderazgo y solidaridad respondiendo al llamamiento del FMI para aumentar las aportaciones al insuficientemente financiado Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes.