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El aumento del nivel de endeudamiento que se está produciendo en gran parte del mundo obliga a los países en desarrollo a aplicar recortes en el presupuesto en materia de educación, lo que genera consecuencias alarmantes, según un nuevo informe elaborado por las Naciones Unidas.

El estudio de 2025 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo puso de manifiesto que más de 3 400 millones de personas —casi la mitad de la población mundial— viven en países que destinan más dinero al pago de la deuda que a gastos públicos como la salud y la educación, poniendo en riesgo el derecho a la educación de millones de niños y niñas.

Dirigiéndose a las personas integrantes de la Internacional de la Educación en un evento de la campaña “¡ Por la pública! Creamos Escuela” celebrado la semana pasada en Johannesburgo, el presidente de la Internacional de la Educación (IE), Mugwena Maluleke, destacó que esta crisis de financiación pública no es accidental, sino el resultado de decisiones políticas:

“La cuestión no es si hay o no dinero para la educación y los servicios públicos, sino en qué deciden gastarlo nuestros gobiernos. En todo el Sur Global, los países gastan mucho más en devolver la deuda que en educación. El dinero que debería destinarse a construir escuelas, a contratar docentes y a apoyar al estudiantado acaba, en cambio, en manos de los acreedores. Al mismo tiempo, miles de millones de dólares salen de nuestro continente cada año a través de los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y la transferencia de beneficios”.

Un doble discurso perjudicial

El informe publicado por las Naciones Unidas documenta de qué manera el número de países con altos niveles de endeudamiento ha aumentado rápidamente en los últimos años, pasando de 22 países en 2011 a 59 en 2022. Gran parte de este aumento se atribuye a los costes derivados de la respuesta a la pandemia de COVID-19. No obstante, en el caso de los países en desarrollo, esta carga se ve agravada por los acreedores privados que cobran tasas de interés innecesariamente elevadas, lo que lleva a los países africanos a pagar, en promedio, cuatro veces más por sus préstamos que Estados Unidos y ocho veces más que muchos países europeos.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a los efectos perjudiciales de estas desigualdades, señalando las graves consecuencias que conllevan para la economía mundial:

“Dado que esta devastadora crisis de endeudamiento se concentra principalmente en países pobres en desarrollo, no se considera que represente un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Se trata de un espejismo. En todo el mundo, el aumento del nivel de endeudamiento impide que los países inviertan en desarrollo sostenible”.

En la actualidad, el Fondo Monetario Internacional clasifica a 36 países en la llamada “fila de la deuda”, es decir, en situación de endeudamiento grave o en alto riesgo de padecerlo, prosiguió explicando Guterres. Otros 16 países también pagan tasas de interés insostenibles a sus acreedores, lo que eleva el total a 52, casi el 40% del mundo en desarrollo. De este modo, mientras estén sujetos a estas obligaciones de pago ninguno de estos países tendrá la capacidad de invertir adecuadamente en materia de salud, educación y otros ámbitos que resultan necesarios para el desarrollo sostenible, sostiene el informe de las Naciones Unidas.

Sistemas financieros obsoletos que necesitan modernización

Este informe está en consonancia con un estudio reciente elaborado por la Internacional de la Educación y ActionAid que reveló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue recomendando a los países priorizar el pago de la deuda frente a la financiación de los servicios públicos.

Dicho estudio puso de relieve que, a pesar de sostener que defiende la mejora de los resultados educativos, el FMI no ha adaptado sus recomendaciones a nivel nacional para plasmar estas nuevas prioridades y no tiene en cuenta el contexto particular de cada país. El informe de las Naciones Unidas refuerza estas afirmaciones, ya que sus conclusiones reflejan el hecho de que la arquitectura financiera global no ha dejado de tener el pago de la deuda como objetivo principal.

Para abandonar realmente este marco obsoleto y avanzar hacia un modelo que priorice la inversión en servicios públicos, el sistema financiero mundial debe volverse más inclusivo y orientado al desarrollo, según sostiene el informe de las Naciones Unidas. Es necesario invitar a los países en desarrollo a participar en la gestión de estas instituciones a fin de garantizar que se incluyan sus intereses, y no solo los del Norte Global.

Así pues, el presidente de la IE, Mugwena Maluleke, se hizo eco de estas recomendaciones:

“El FMI actual sigue sirviendo a los intereses de los gobiernos del Norte Global, de los acreedores y de las empresas multinacionales. Está diseñado para permitir su explotación. Es notable e indignante que las recomendaciones de austeridad del FMI no se extiendan a los países ricos”.

Un camino a seguir

Además de otorgar a los países en desarrollo una mayor voz en las instituciones financieras mundiales, es necesario adoptar mejores modelos de asistencia técnica. Un método potencial consiste en los canjes de deuda por educación (Debt4Ed), una herramienta que ha sido impulsada por la UNESCO. En un canje Debt4Ed se cancela una parte de la deuda de un país si este se compromete a invertir el dinero ahorrado en el ámbito de la educación. Esto permite que el sector educativo del país reciba financiación prioritaria a lo largo de varios años y podría resultar especialmente crucial para los países mencionados en el informe de las Naciones Unidas.

No obstante, como destaca la UNESCO, estos canjes no pretenden sustituir un alivio de la deuda más general. No debemos olvidar los factores de carácter más estructural que subyacen a la crisis de la deuda, como los acreedores privados y los sistemas coloniales de extracción, como puntualizó el presidente Maluleke:

“Rechacemos la política de escasez. Desmontemos el mito de que no hay dinero. Cuestionemos las prioridades que financian las armas antes que las escuelas, a los acreedores antes que a los niños y niñas, y las exenciones fiscales antes que al personal docente. Debemos seguir construyendo un movimiento lo suficientemente sólido como para garantizar que la educación pública de calidad no solo se prometa, sino que se financie plenamente y se haga realidad para todos los niños y niñas del mundo”.