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Desde hace varios años, en un contexto de diálogo social que se considera defectuoso, el profesorado de Senegal ha llevado a cabo una movilización de gran alcance para defender sus derechos profesionales, la calidad de la enseñanza pública y el respeto de los compromisos contraídos por las autoridades. El movimiento está dirigido por el G7, un marco unitario que reúne a los siete sindicatos más representativos del sector de la educación de Senegal, como el Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) y la Union démocratique des enseignantes et des enseignants du Sénégal (UDEN), ambos afiliados a la Internacional de la Educación.

Una huelga anclada en un importante pasivo social

Para las organizaciones sindicales, la huelga actual no es improvisada ni coyuntural. Se enmarca en un largo ciclo de reivindicaciones no satisfechas que se remontan, en concreto, a los acuerdos de 2018 y al protocolo del 26 de febrero de 2022. Estos textos prevén compromisos precisos por parte del Estado, en particular sobre el fin de la lentitud administrativa, la reforma del sistema de remuneración y la situación de los docentes y las docentes no funcionarios, los denominados “decisores”.

Por otra parte, en 2023, el Estado prometió atribuir parcelas en formato de ordenamiento concertado. Sin embargo, solo se ha entregado una parte de ellas.

“La huelga se ha convocado fundamentalmente para pedir el respeto de los acuerdos”, explica Amidou Diedhiou, secretario general del Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS). Recuerda que varios compromisos clave, en particular los relativos a la desmaterialización de los actos administrativos, siguen sin cumplirse y penalizan en gran medida las carreras docentes.

Salarios, estatutos y desigualdades persistentes

Entre las reivindicaciones centrales figura la cuestión de la remuneración. Un estudio encargado por el Estado debía allanar el camino para una reforma estructural del sistema salarial, pero, según los sindicatos, fue reemplazada por aumentos generales que solo han conseguido perpetuar las desigualdades entre los sectores públicos.

“Este aumento salarial mantiene la disparidad que observamos en la remuneración de los agentes del Estado senegalés”, explica el Sr. Diedhiou, subrayando el sentimiento de injusticia del personal de la educación por las disparidades respecto de otros sectores, como la salud.

La situación del profesorado no funcionario constituye otros de los puntos principales de crispación. Aunque se han firmado decretos en enero de 2026, los sindicatos denuncian la ausencia de medidas concretas, así como las pensiones de jubilación “irrisorias”. Los sindicatos impulsan en particular la posibilidad de aumentar a 65 años la edad de jubilación para permitir a los “decisores” que así lo deseen seguir trabajando para mejorar un poco su pensión.

Escuelas bajo tensión: penuria y condiciones degradadas

Más allá de las reivindicaciones estatutarias, los sindicatos alertan sobre la degradación alarmante de las condiciones de enseñanza. El déficit crónico del personal docente, agravado por el personal que se jubila y no es reemplazado y por la introducción del inglés en la escuela primaria, da lugar a clases con un número excesivo de estudiantes y el recurso masivo a soluciones precarias como las clases con alumnos de varios cursos o de doble flujo.

Asimismo, se denuncia la situación relativa a los presupuestos operativos de los establecimientos. “Las escuelas ya no reciben un presupuesto operativo”, recuerda el Sr. Diedhiou, señalando un sistema educativo insuficientemente financiado que tiene dificultades para cumplir su misión de servicio público.

Un diálogo social que no funciona

Las personas dirigentes sindicales insisten en la ausencia de diálogo estructurado con las autoridades. Abdourrahmane Gueye, secretario general de la Union démocratique des enseignantes et des enseignants du Sénégal (UDEN), lamenta que no se respete el mecanismo de seguimiento previsto en los acuerdos de 2022: “El comité de seguimiento que debería reunirse regularmente nunca ha sido respetado por el Gobierno”, afirma, estimando que esta carencia ha llevado a la acumulación de un “pasivo social” que debe saldarse.

Sanciones salariales y radicalización del movimiento

Además, la tensión ha pasado al siguiente nivel con las sanciones salariales impuestas al profesorado en huelga, a veces de manera injusta, según los sindicatos. Estas sanciones se han percibido como una provocación y han contribuido a endurecer el movimiento.

“Han recortado los salarios sin respetar el número real de días de huelga”, denuncia el Sr. Diedhiou, que habla de un “vandalismo financiero”.

Asimismo, el presidente del Alto consejo del diálogo social, un antiguo responsable sindical, denuncia la provocación, los ataques frontales a los responsables sindicales. “Nos ataca, trata de desacreditar nuestra opinión. Hemos declarado al ministro persona non grata, para señalar que no nos reuniremos con él más en una mesa de negociación y que, en parte, sus declaraciones han llevado a las organizaciones sindicales a radicalizarse”.

Según los dos responsables sindicales, más del 80% del profesorado, en particular en las zonas rurales, se han sumado a la huelga, lo que demuestra una movilización masiva y determinada.

G7: una plataforma unitaria de lucha

En su memorando del 22 de enero de 2026, el G7 pone de manifiesto la grave inacción gubernamental y exige “el reembolso definitivo del pasivo de los acuerdos”, solicitando en particular la revitalización del comité de seguimiento, la equidad salarial y el fin de la lentitud administrativa.

El comunicado del 23 de febrero de 2026 confirma esta línea de lucha. El G7 condena “la parálisis del Gobierno” y se alegra de “la participación masiva del profesorado en la lucha por la priorización de la escuela senegalesa”.

Una lucha que trasciende más allá de Senegal

En octubre de 2025, los sindicatos senegaleses se movilizaron en un mes de acción, denominado “Octubre rojo”. A mediados de noviembre de 2025, ante la ausencia de reacción gubernamental, pusieron en marcha los planes de acción.

Mientras que el quinto plan de acción sindical debe terminar con una huelga general el 6 de marzo de 2026, la lucha de los sindicatos senegaleses por el respeto de los acuerdos, la dignidad profesional y la defensa de la escuela pública se hace eco en las luchas de numerosos países.

Como recuerda el G7, solo “una firme voluntad de responder a las reivindicaciones” permitirá evitar una inestabilidad a largo plazo del sistema educativo, una advertencia que trasciende las fronteras de Senegal.

La Internacional de la Educación insta a las autoridades senegalesas a responder de manera urgente y constructiva a las reivindicaciones legítimas del G7 y a participar plenamente en el diálogo social en interés del personal educativo, el alumnado y el futuro del país.