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Internacional de la educación
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Camboya: la IE solicita liberación inmediata de dirigente sindical

publicado 21 enero 2014 actualizado 27 enero 2014

Rong Chhun, Presidente de la Asociación Independiente de Docentes de Camboya (CITA) y de la Confederación Camboyana de Sindicatos (CCU) fue arrestado por la policía el pasado 21 de enero mientras asistía a una reunión de trabajadores en Phnom Penh.

La CITA ha expresado serias preocupaciones por la seguridad y protección de Rong Chhun, dado que no ha logrado ponerse en contacto con él desde su detención y que tampoco ha podido localizar el paradero donde se encuentra detenido.

Persistente acoso contra los miembros de sindicatos de docentes Con este arresto el Gobierno vuelve a lanzar otra contundente señal a los dirigentes y sindicalistas de la CITA, intimidados ya anteriormente a escala provincial cuando ejercían su derecho a la libertad de reunión y de expresión.

Rong Chhun fue citado el 14 de enero por el Tribunal Municipal de Phnom Penh para responder a una serie de preguntas relacionadas con la huelga y la manifestación que los trabajadores del sector de la confección convocaron para exigir un incremento del salario mínimo. El tribunal le dejó en libertad pero siguió no obstante investigándole.

El acoso constante al que se ve sometida la CITA en general y el dirigente de dicha asociación en particular, demuestra la falta de respeto del Gobierno con relación a los derechos que los docentes deberían poder disfrutar en virtud a las garantías establecidas en los Convenios 87 y 98 de la OIT y el debido proceso y buenas prácticas dispuestas en la Recomendación de la OIT-UNESCO relativa a la situación del personal docente.

La IE ha decidido volver a escribir a las autoridades camboyanas para deplorar la violación sistemática de los derechos de los trabajadores en Camboya.

La ONU también lamenta la respuesta represiva A principios de esta semana, el 17 de enero, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, Surya P. Subedi, instó al Gobierno a que revocara la actual prohibición de celebrar manifestaciones que se impuso el 4 de enero, e hizo hincapié en el deber que tiene el Gobierno de esforzarse por garantizar que el salario mínimo nacional se sitúe a un nivel que permita a los trabajadores/as y sus familias disfrutar al menos de un nivel de vida digno; y que dicho salario sea revisado periódicamente basándose en los datos, los análisis y la participación, no en la represión.