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Colombia:

publicado 9 noviembre 2012 actualizado 8 febrero 2016
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Solidaridad internacional: “El silencio no es la alternativa”

El Desarrollo de la campaña“El silencio No es la Alternativa”, impulsada por la Asociación Sindical de Profesores (ASPU), muy de la mano con la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (ASOPRUDEA)   logró nuclear y movilizar, en torno a mi libertad, a diferentes sectores académicos, organizaciones sociales y ONGs defensoras de presos políticos y derechos humanos.

De ese modo, se brindó un importante respaldo moral y material, y contrarrestando el alud desinformativo de los medios oficiales de comunicación, deja importantes lecciones en cuanto a la importancia de la solidaridad nacional e internacional, como un mecanismo de apoyo para garantizar la libertad de cátedra en nuestro país.

Los recortes a la libre expresión en Colombia, los riesgos de investigar los temas del conflicto armado y social colombiano con una perspectiva crítica y las acciones persecutorias que adelantan organismos estatales como la Procuraduría General de la Nación en manos del cuestionado procurador, Alejandro Ordoñez, quien ha convertido su cargo en un instrumento inquisidor para reprimir las expresiones de la oposición y el pensamiento libre, demandan el apoyo de la comunidad internacional como garantes de los derechos humanos y de expresión en Colombia.

El compromiso asumido en mi caso por organizaciones sindicales como el  Sindicato de Educadores Británico (UCU), Federación Nacional de Docentes, CONADU (Argentina) y otros sindicatos filiales de la Educación Internacional Internacionales, así como Organizaciones No Gubernamentales como Justice for Colombia, Abogados Sin Fronteras y abogados laboralistas Thompson, fue un factor fundamental para que se hiciera justicia en mi situación, y ha permitido abogar por condiciones que garanticen mi labor investigativa, tras los hostigamientos de que he sido objeto luego de obtener mi libertad [1].

Desafortunadamente, son más de 9500 presos(as) político(as) que permanecen en las cárceles del país, entre ellos algunos docentes y estudiantes, que reclaman que se les garantice su integridad física y psicológica y se les brinde condiciones para un debido proceso y puedan de nuevo retornar a la libertad.

Reaccionar mancomunadamente frente a casos de profesores (as) en riegos; denunciar y presionar a los gobiernos que están en contra de la libertad de cátedra y libertad de pensamiento; generar una red de apoyo académico  y económico que permita la realización intercambios de docentes e investigadores en situación de vulnerabilidad, constituyen algunos mecanismos que contribuirían a ampliar esta solidaridad internacional.

La apertura de una mesa de diálogo del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC-EP, ha proyectado una luz de esperanza para millones de colombianos y colombianas que anhelamos una salida política al actual conflicto armado y social que vive Colombia.

El cese bilateral de hostilidades sería un paso importante para avanzar en esa dirección y en este sentido, los pronunciamientos y acciones de la comunidad internacional pueden contribuir a que en Colombia se abran caminos de paz con justicia social.

[1] Resulta imposible referenciar en este espacio la importante cadena de solidaridad nacional e internacional que recibió mi caso, pero queda mi testimonio de gratitud a todos los que de una u otra forma participaron de ella

El Gobierno de Santos y la persecución a la Universidad Pública

La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia  de la República (2010) si bien ha favorecido el reconocimiento oficial del conflicto interno, el impulso a la ley de víctimas y la exploración de caminos de paz con la insurgencia armada, ha mantenido en pie algunos postulados de la política de “Seguridad Democrática” de la administración anterior, en la cual Santos se desempeñó como ministro de Defensa.

Así, ha visto comprometida su responsabilidad en actos que merecieron el rechazo de la opinión pública nacional e internacional como los llamados “Falsos positivos” y la “Operación Fenix” desarrollada en el vecino territorio del Ecuador y que cobró la vida del jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes.

Las cifras aportadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalan que en los primeros seis meses del año en curso han sido asesinados 13 sindicalistas y se han denunciado amenazas contra 146 trabajadores sindicalizados entre ellos al presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) que agrupa a los obreros de las empresas petroleras.

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el año  2011 fueron desplazadas 259.146 personas por efecto de la violencia, registrándose desde 1985 un número total de 5.445.406 desplazados.

A lo largo del 2011 la comunidad universitaria se movilizó a nivel nacional contra el proyecto de reforma a la educación superior que fue radicado de manera inconsulta en el Senado de la República.

La activa participación del movimiento estudiantil, a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y la actividad de las Asociaciones de Profesores Universitarios logró el retiro de la propuesta que busca la mercantilización de la educación superior convirtiendo las universidades en empresas con ánimo de lucro,  a través de la inversión del capital privado.

No obstante, el fantasma de la privatización de la educación superior sigue pendiente mientras continúan los procesos de criminalización y estigmatización por parte del gobierno, los medios masivos de comunicación y las organizaciones al margen de la ley y, en algunos casos, las mismas directivas universitarias, que buscan limitar la actividad gremial y el derecho de movilización de estudiantes, profesores y trabajadores en las universidades.

El episodio más reciente ha sido el del pensador crítico Renán Vega Cantor, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y Premio Libertador al “pensamiento crítico” (2008), quien tuvo que abandonar el país por amenazas contra su vida.

En una reciente entrevista el economista e historiador Renán Vega -quien ha ejercido también como representante profesoral ante el Consejo Superior de su Universidad- señala dichas afrentas como resultado de sus posturas críticas: “Porque en las clases que dicto siempre trato de señalarle a los estudiantes la magnitud de los problemas del mundo, de América Latina y de Colombia.

Porque trato de buscar la verdad pero también de buscar responsables de la situación en la que nos encontramos. Eso resulta siendo muy problemático. Y es todavía mucho más problemático porque yo reivindiqué el pensamiento marxista en una época en que nadie se reclamaba como marxista”.

1999: Un año aciago para las ciencias sociales del país

Con la formulación de la nueva constitución política de 1991, las Universidades Públicas, parecían encontrar un ambiente de trabajo formativo anclado en el optimismo y la convicción de que esta especial coyuntura política y social que había concluido en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y a la proclamación de una nueva carta política, era también una oportunidad histórica y política para transformar las costumbres y los ideales políticos de los colombianos y, principalmente, para buscar salidas a la profunda crisis nacional anclada, por un lado en una larga confrontación armada del Estado con la insurgencia que había puesto al país en un estado de guerra permanente, y del otro, a un régimen político bipartidista y excluyente.

No obstante, el nuevo país que se suponía brotaba del acuerdo político de la constituyente de 1991, al excluir importantes sectores de la población, estuvo acompañado de un agudizamiento de la guerra como componente indisoluble y permanente en la trama de la historia colombiana.

La solución militar en la que se comprometió el Estado fue utilizaba otra vez como estrategia para debilitar y obligar a negociar a las guerrillas de las FARC y el ELN  que no habían aceptado someterse al esquema de paz impuesto por los gobiernos de turno.

La política gubernamental de enfrentamiento militar al conflicto armado, además de los costos presupuestales que suponía -en detrimento de la educación y la vivienda- estuvo acompañada de una estricta aplicación de medidas económicas de corte neoliberal, en las que se otorgó al mercado la capacidad reguladora, y se recortaron los derechos adquiridos por las luchas de los trabajadores, en el campo de la salud y las garantías laborales.

Por otra parte el incremento de la corrupción generalizada en las actividades políticas partidistas condujo con este episodio a una desvalorización y crisis de representación, que debilita la acción política y la confianza de los ciudadanos en sus representantes, en las instituciones y finalmente en la misma política como instancia fundamental para mediar, tramitar y regular las diferencias y conflictos entre sociedad y Estado.

El sistema político fue penetrado por el narcotráfico al punto de erosionarlo y desquiciarlo en su funcionamiento [1]. En tanto las élites gobernantes y los partidos políticos actuaban con ambigüedad, tolerancia y complacencia frente a este fenómeno y sus efectos en el entorno social, político, económico y cultural de la nación.

Paralelo a ello, corrió el auge del paramilitarismo como política de Estado, mientras se incrementaba la capacidad militar de las guerrillas, que realizarían importantes acciones armadas [2]. De modo tal que el conflicto armado colombiano en este periodo, lejos de resolverse mediante el diálogo sufrió una agudización y escalonamiento de grandes proporciones, quedando el país con un balance de agudización de la guerra y de crecimiento de los actores armados.

Es en este contexto en que en el año de 1999 la comunidad universitaria se vio estremecida por el asesinato de tres docentes universitarios, vinculados todos a la investigación en el campo las ciencias Sociales y específicamente con los temas del Conflicto armado y social colombiano: fueron ellos, el antropólogo Hernán Henao, docente-investigador de la universidad de Antioquia (Medellín);  Jesús Antonio Bejarano, catedrático de la Universidad Nacional y Darío Betancur profesor de la Universidad Pedagógica Nacional [3].

Hernán Henao docente de la Universidad de Antioquia, y quien se había desempeñado como director del Departamento de Antropología y decano de la Facultad de Ciencias sociales de esta institución universitaria es asesinado el 4 de mayo de 1999, en el mismo campus universitario. En ese momento el profesor Henao ejercía la dirección del Instituto de Estudios Regionales (INER), del cual había sido uno de sus fundadores.

Antropólogo de formación y con un especialización en la Universidad de California, Henao había desarrollado importantes investigaciones sobre el plan de ordenamiento territorial de Urabá, y coordinaba el proyecto de impacto ambiental de la línea eléctrica Sabanalarga-Fundación.

En uno de sus últimos publicacionescomo parte del trabajo colectivo que adelantaba con el grupo de estudio sobre el desplazamiento forzado del INER, describía así la situación de desplazamiento interno en el país:

“[…] Al desplazado puede vérsele como un desarraigado física y mentalmente; no tiene silla dónde reposar para reencontrarse con su vida, mientras la sociedad colombiana que lo expulsó de su nicho no detenga la máquina de guerra que aceitó hace 180 años y que no ha parado de botar fuego por negar el derecho a que los hermanos disputen, dialoguen y crezcan” [4]

Aunque en su momento las autodefensas armadas negaron su responsabilidad en el asesinato del profesor, años después en su libro Mi confesión, el jefe paramilitar Carlos Castaño declaró que ordenó asesinar al profesor Henao porque, según creyó, tenía vínculos con la guerrilla y había escrito un libro contra las autodefensas de mucha difusión en Europa.

Por su parte, Jesús Antonio Bejarano Ávila  docente y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia fue asesinado en Bogotá e el 16 de septiembre de 1999.

Experto en la resolución de conflictos, fue consejero  presidencial para la reconciliación, normalización y rehabilitación durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) y posteriormente  Consejero de Paz durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994), cargo desde el cual participó en la firma de los acuerdos de paz del Estado colombiano con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), una fracción del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el “Quintín Lame”. En la última etapa de su vida ejerció como presidente de la Sociedad de agricultores de Colombia.

El profesor Bejarano fue autor de numerosos ensayos y artículos relacionados con temasde la teoría económica, la historia y el problema agrario del cual era un amplio conocedor [5].

Por su crimen -acaecido en los predios universitarios cuando se disponía a salir de las clases que impartía en el posgrado de economía- la Nación fue condenada a pagar una indemnización a su familia.

Inicialmente  los mandos militares atribuyeron su muerte a integrantes de las FARC, organización insurgente con la cual estuvo participando en los diálogos de paz de 1992, en representación del gobierno. Sin embargo este hecho fue desmentido por dicha agrupación guerrillera y a la fecha no existen vinculados al proceso [6].

En ese mismo año, el historiador Darío Betancourt fue desaparecido el 30 de abril de 1999 y meses después fueron hallados sus restos en un alejado paraje de la capital. El profesor Darío Echeverry, había desarrollado importantes trabajos sobre el narcotráfico, aportando enfoques novedosos a la comprensión de este fenómeno [7].

Sus estudios realizados a partir de una laboriosa búsqueda de documentos escritos y orales en diferentes regiones del país, permitieron visibilizar los estrechos vínculos de la mafia y el crimen organizado con diferentes sectores de la sociedad colombiana

Las investigaciones sobre estos temas del conflicto lo llevaron a estudiar la conformación mafiosa en el norte del Valle, arrojaron luces sobre los posibles responsables de la “masacre de Trujillo”, donde centenares de campesinos fueron víctimas de asesinatos selectivos, torturas y actos de terror efectuados por narcotraficantes y miembros de la fuerza pública con el propósito de eliminar las supuestas “bases de la guerrilla” y apropiarse ilegalmente de sus tierras.

[1] Jaime Rafael Nieto. “Narcopolítica en la actual coyuntura política colombiana”. En: Estudios Políticos. N° 7y 8. UdeA. Diciembre 1995-Junio 1996. p. 109. Véase también: Alonso Salazar. La cola del lagarto. Drogas y narcotráfico en la sociedad colombiana. Medellín: Corporación región-Proyecto ENLACE, 1998.

[2] Sobre las acciones de la guerrilla hacia mediados de los noventa, cfr: Camilo Echandía. “El conflicto armado colombiano en los noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos”. En: Colombia Internacional. N° 49-50. Universidad de los Andes. Febrero 2001. pp. 117-134. Jaime Nieto y  Luis Javier Robledo. Guerra y paz  en Colombia 1998-2001. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana, 2002.p. 120.

[3] El asesinato de estos tres académicos se sumó al de otros reconocidos investigadores sociales y defensores de Derechos Humanos acaecidos en los meses anteriores; cabe mencionar aquí los crímenes contra Elsa Alvarado, Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza y  Jesús María Ovalle

[4] Hernán Henao. “Los desplazados: Nuevos Nómadas” en  Revista Nómadas No. 10. Bogotá: Universidad Central, abril de 1999.

[5] Los primeros estudios del Profesor Bejarano versaron sobre: “El capital monopolista y la inversión extranjera en Colombia” (Bogotá: Círculo Rojo, 1972);  “El fin de la Economía Exportadora y los orígenes del problema Agrario” (Publicado en tres entregas en la Revista Cuadernos Colombianos, 6, 7, 8, Bogotá: 1975); posteriormente se adentró en los temas de la historiografía: Cfr. Historia Económica y Desarrollo. La Historiografía Económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia. Bogotá: CEREC, 1994; y en el análisis, teórico y práctico, de los procesos de diálogo y negociación: Cfr. Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la Teoría de Resolución de Conflictos. Bogotá: Tercer Mundo, 1995.

[6] El Tiempo, Bogotá, septiembre 27 de 1999.

[7] Entre sus publicaciones cabe destacar: Matones y cuadrilleros, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Universidad Nacional, 1990. En colaboración con Martha García; Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia colombiana, 1965-1992. Bogotá: Tercer .Mundo; Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos(Las organizaciones mafiosas del Valle del Cauca entre la historia, la memoria y el relato, 1890-1997), Bogotá: Anthropos, 1998.

La ‘seguridad democrática’ y los ‘montajes judiciales’ contra profesores universitarios

Los ataques al Pentágono y a las torres gemelas, el 11 de septiembre del 2001 -más allá de sus costos humanos y simbólicos- generaron un ambiente propicio para el afianzamiento de la “lucha internacional contra el terrorismo”, en un contexto marcado por la crisis del sistema financiero mundial y las dificultades, para materializar el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por los Estados Unidos.

Estas políticas diseñadas por la administración Bush serán asumidas en Colombia por el presidente Álvaro Uribe Vélez, durante sus dos mandatos (2002-2006/2004-2010).

Éste, a través de la mal llamada “Seguridad Democrática”y la implementación del “Estado Comunitario” llevará a sus extremos las orientaciones que en materia de seguridad  asumieron los gobiernos de turno en décadas anteriores, tomando como fundamento la generalización de la lucha antisubversiva, a través de la aplicación de modelos inspirados en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” y en las dictaduras del Cono Sur.

Desde esta perspectiva parte del desconocimiento de la existencia de un conflicto armado y social afirmando que, la principal amenaza contra la estabilidad del Estado y la democracia colombiana es el terrorismo.

Sobre dichas premisas se articularon diferentes políticas y propuestas, entre otras: el establecimiento de “zonas especiales de rehabilitación y consolidación” con el propósito de ejercer un control efectivo  sobre el territorio y la población de áreas con alta presencia de focos armados ilegales, particularmente grupos guerrilleros; la aprobación de un estatuto antiterrorista y una “ley de alternatividad penal” encaminada a capturar personas, estructuras y organizaciones civiles consideradas como redes de “apoyo de la subversión” [1].

La aplicación de la política de “Seguridad Democrática” del ex presidente Uribe incrementó la violación de los derechos humanos en el país durante la última década y propició el fortalecimiento de un esquema de gobierno autoritario desde el que se pretendió acallar las voces críticas a través de los “montajes judiciales” realizados contra algunos dirigentes de la oposición y profesores universitarios.

Es el caso de los docentes William Javier Díaz,  Miguel Ángel Beltrán, Fredy Julián Cortés y la socióloga y activista de derechos humanos Liliany Obando [2].

A finales del 2008 un fiscal especializado de Bogotá dispuso que se revisaran las hojas de vida de estudiantes y docentes de diferentes universidades públicas del país (desde 1992) con el fin de investigar posible infiltrados de organizaciones guerrilleras en las Universidades Públicas.

Al mismo tiempo, la ministra de educación de ese momento, Cecilia María Vélez, afirmaba en el Congreso que por orden presidencial la fuerza pública ingresaría al campus cada vez que fuese necesario para “garantizar la seguridad de los estudiantes”.

Esta sistemática persecución y silenciamiento del pensamiento crítico en las universidades bajo la política de “Seguridad Democrática” contó con un grave antecedente: la detención y posterior asesinato del profesor de las Universidades del Norte y “Simón Bolívar”, Alfredo Correa de Andreis, acaecida el 17 de septiembre de 2004. Correa, quien además de sociólogo era ingeniero fue acusado de ser un importante ideólogo de las FARC y judicializado por el supuesto delito de “rebelión”.

Al no encontrarse pruebas en su contra recuperó su libertad y pocas semanas después fue asesinado. A diferencia de otros crímenes que han quedado en la impunidad en este caso, gracias a la presión internacional y a la actividad de sus familiares pudo investigarse e identificarse los responsables del mismo.

Las pesquisas judiciales llevaron a concluir que se trató de un montaje judicial orquestado desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (organismo de inteligencia dependiente del ejecutivo). En su fallo la Corte Suprema de Justicia -que condenó al  entonces director de este organismo estatal- señaló que éste “actuó en connivencia con el Bloque Norte de las Autodefensas, a través del frente José Pablo Díaz, comandado por Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, para inicialmente hacer ver al profesor Alfredo Rafael Correa de Andreis como un subversivo y después, proceder a ejecutarlo”. Con esta investigación judicial quedó demostrado que el DAS proporcionaba a los grupos paramilitares de la Costa nombres de sindicalistas y profesores que luego eran asesinados por estas organizaciones ilegales [3].

A Alfredo Correa lo asesinaron por su compromiso con los sectores populares y sus trabajos socio-económicos en torno al desplazamiento forzado en la región del Atlántico, a través de ellos había puesto al descubierto desviaciones indebidas de fondos del “Plan Colombia”, al mismo tiempo que denunciaba el despojo de tierras a cientos de Campesinos en la población de Ciénaga. Además de ello, años atrás como rector de la Universidad pública del Magdalena, se había opuesto a las reformas que apuntaban hacia su privatización.

Un montaje Judicial muy similar al realizado contra el profesor Alfredo Correa, se desarrolló en contra el autor del presente artículo, cuando me encontraba en la ciudad de México por invitación del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adelantando una estancia posdoctoral. Poco antes de su conclusión, el 22 de mayo de 2009, fui secuestrado por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) de ese país e inmediatamente llevado con un gran despliegue de fuerza al aeropuerto de la Ciudad de Toluca [4]. Con el rostro cubierto,  esposadas las manos atrás, fui traído en una aeronave privada a la ciudad de Bogotá, entregado a las autoridades colombianas, y presentado a través de los medios de comunicación como“Jaime Cienfuegos. Un importante miembro de la Comisión Internacional de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]” quien –de acuerdo con las declaraciones del entonces director de la policía colombiana, general Óscar Naranjo- “pretendía infiltrar las universidades de México y otros países de la zona, para llevar a cabo los planes terroristas de esa organización insurgente” [5].

Tuve que vivir más de dos largos años de encierro en pabellones de alta seguridad, conviviendo con peligrosos delincuentes, privado de mis derechos fundamentales, y mancillada mi dignidad por corruptos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para que finalmente la justicia reconociera que era inocente de los cargos que se me señalaban, esto es, “rebelión” y “concierto para delinquir con fines terroristas” [6]. A lo largo del proceso quedó claro que mi captura fue arbitraria, que se me juzgó con pruebas ilícitas e ilegales, que se me violó el derecho constitucional a la “presunción de inocencia”, que se utilizaron mis escritos académicos como prueba de mi supuesta militancia en las FARC y que se adelantaron seguimientos en contra mía, por parte de organismos de Seguridad del Estado Colombiano.

Quedó también en evidencia que no tenía ningún vínculo con la mencionada organización guerrillera y mucho menos que yo era “Jaime Cienfuegos”. Pero todo este montaje jurídico fue posible porque –como lo manifestó posteriormente un agente de la inteligencia mexicana pagado por el estado colombiano y que rindió su testimonio en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas- “Beltrán era uno de los mayores trofeos de los gobiernos de Colombia y México” [7]. Con mi detención se pretendía “demostrar” la supuesta infiltración de las guerrillas en las universidades públicas, a la vez que se buscaba atemorizar a aquellos investigadores que venían abordando el conflicto armado y social colombiano desde una perspectiva crítica [8].

[1] Gobierno Nacional  de Colombia. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá, 2003

[2] Además de los hechos mencionados, fue común la modalidad de los “falsos positivos”, o ejecuciones extrajudiciales, consistentes en el ocultamiento de víctimas que han sido asesinadas por errores, extralimitación de la fuerza pública, o simplemente para que sus autores recibir un estímulo material por su lucha contra el terrorismo. Se trató generalmente campesinos inermes o de pobladores de bajos recursos, que hacían aparecer como guerrilleros dados de baja en combate.

[3] Un año después del crimen del profesor Correa, el 1 de septiembre de 2006 fue asesinado en Bogotá el sociólogo y docente universitario Edgar Fajardo, investigador crítico y militante de izquierda.

[4] El 22 de mayo de 2009, la subdirección del Instituto Nacional de Migración de los Estados Unidos Mexicanos (INM) me citó para la ratificación de un trámite de visa FM-3, ya que el documento que había entrado a dicho país, en calidad de académico visitante debía cambiarlo.El INM Mexicano, evitó la aplicación del Tratado de Extradición celebrado con la República de Colombia el 4 de octubre de 1937, en donde se establece claramente que ninguna persona puede ser extraditada por delitos políticos o aquellos hechos que les sean conexos, como los que me imputó la fiscalía colombiana.

[5] Revista Semana, Bogotá, Mayo 2009

[6] El 14 de abril de 2009, juez 13 penal municipal de Bogotá dispuso una orden de captura en mi contra por los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y otros. Tal como lo informaron las autoridades colombianas a los medios de comunicación fue expedida una Circular Roja de Interpol.

[7] Revista Semana. Com. Mayo 23 de 2011

[8] Como pruebas de mi supuesta militancia en las FARC se presentó el artículo: Colombia: ¿Terrorismo o Insurgencia?” en Fermentum. Revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes. Revista Venezolana de Sociología y Antropología. Año 16, No. 46, Mérida (Venezuela). ISN: 0798-3069. Escrita en coautoría con Liliany Patricia Obando, socióloga y estudiante de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia quien en ese momento también se encontraba sindicada por la autoridades colombianas del delito de “rebelión”. Tras varios años de injusta detención recuperó su libertad sin que la fiscalía pudiera demostrar su responsabilidad. Resulta claro que se trató de otra caso de persecución contra el pensamiento crítico. Cfr. Fermentum

Pese a que Colombia no fue ajena a los influjos del Movimiento Córdoba, estos principios rectores de la universidad pública no sólo no se desplegaron plenamente sino que la libertad de cátedra, y con ella la vocación pluralista del Alma Mater se han visto limitadas por el Estado a través de dos vías complementarias.

Por un lado, la políticas que pretenden su privatización, sometiéndola a las lógicas del mercado; y, por el otro, recurriendo al uso sistemático de la violencia para acallar las expresiones críticas provenientes de la comunidad universitaria en su conjunto.

Se trata de dos circunstancias que por su naturaleza estructural trascienden los gobiernos de turno, y que se inscriben en el contexto de un agudo conflicto armado que se ha prolongado por más de medio siglo.

La incapacidad  del Estado para atender las demandas económicas, políticas y sociales de la mayoría de la población; la creciente criminalización de la protesta social y el ejercicio hegemónico y excluyente de la política por parte de las élites bipartidistas, liberales y conservadoras, son algunos rasgos que caracterizan dicho conflicto armado y que cuenta con profundas raíces económicas, sociales y políticas. [2]

Aunque en los últimos 18 meses, el inconsulto proyecto de ley presentado por el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos (proyecto de ley 112) orientado a reformar la educación superior, despojándola de su naturaleza pública y subordinándola a la lógica empresarial, desencadenó una importante respuesta de la comunidad universitaria, y en particular de los estudiantes que,  además de obligar al gobierno a retirar su propuesta, propició una interesante dinámica organizativa en torno a la cual se han congregado otros sectores sociales.

Pero si bien el movimiento universitario, en esta última etapa ha demostrado su capacidad creativa e innovadora a la hora de proyectar su rechazo a la aplicación de las políticas neoliberales en la educación superior, el Estado no ha variado su estrategia represiva.

No sorprende entonces que algunos estudiantes y profesores que participaron activamente en estos movimientos de protesta, se encuentren hoy privados de la libertad en las cárceles colombianas acusados de supuestos delitos de “Rebelión” y “concierto para delinquir” mientras que otros han sido amenazados por grupos paramilitares.

Los casos de Omar Alfonso Cómbita(Rector del centro educativo de Santa Ramos y miembro de la Federación de Educadores de Colombia -FECODE), Omar Marín (Integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU), Carlos Lugo (canta autor de música de protesta) y Jorge Eliécer Gaitán (miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU), quienes desde hace más de un año se encuentran privados de su libertad, constituyen claros ejemplos de esta persecución contra el pensamiento crítico.

Este clima adverso a la actividad gremial ha sido advertido por la Asociación Sindical de Profesores ASPU en sus conclusiones del III Plenario Nacional donde señala que: “Mediante acciones temerarias como amenazas, difamaciones, señalamientos, intimidaciones, acoso laboral, procesos disciplinarios y diferentes formas de discriminación, se ha ido creando un ambiente de hostilidad y agresión contra la integridad y la dignidad de los profesores universitarios sindicalizados y la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales en varias universidades públicas”

Esta situación no es nueva, de allí que mi propósito en este artículo es ilustrar cómo históricamente el Estado colombiano ha utilizado de manera recurrente –bien sea directamente o a través del estímulo y tolerancia de grupos ilegales- estrategias represivas que incluyen desde las detenciones arbitrarias y las sindicaciones de terrorismo hasta la elaboración de listas negras  y la eliminación física de miembros de la comunidad universitaria, con el objetivo de silenciar las voces críticas e implementar una política de homogeneización del pensamiento [3].

[1] Así se denomina el Movimiento de Reforma Universitaria que se inició en la Universidad de Córdoba (Argentina) y que se expandió a todo el continente. Sobre la relevancia de este movimiento puede consultarse: La Reforma Universitaria (1918-1930). Selección, Prólogo y cronología de Dardo Cúneo, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1976; Juan Carlos Portantiero. Estudiantes y Política en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 1978.

[2] Los recientes anuncios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de la apertura de una mesa de diálogo con la guerrilla de las FARC-EP, privilegiando la solución política, tras años de fallidos intentos por imponer una salida militar al conflicto armado colombiano si bien, en el plazo corto no ha modificado estos escenarios, ha colocado sobre la mesa de negociaciones una agenda política, económica y social, cuya concreción podría abrir las puertas para la desactivación de un conflicto que ha tenido elevados costos para la sociedad colombiana.

[3] En tal sentido, y ante la imposibilidad de abarcar el amplio espectro de situaciones violatorias de los derechos humanos y fundamentales contra la comunidad universitaria, haré referencia a algunos casos emblemáticos de docentes perseguidos y asesinados por su pensamiento crítico.

Los años 60 y 70: cierre, militarización y ‘depuración’ de las universidades públicas

En medio de la creciente tensión social que se agitaba en el mundo –guerras de liberación nacional, conflictos étnicos, invasiones, revoluciones políticas, movimientos juveniles y estudiantiles, entre otros- y la gestación en América Latina de significativos procesos políticos de cambio, estimulados por la triunfante revolución cubana (1959), la universidad colombiana vio perfilar en la agitada década de los sesenta un tipo de intelectual comprometido con la sociedad y sus problemas e interesado en los debates públicos sobre la problemática nacional.

En efecto, en el panorama de protesta social, conflictividad y crisis política que vivió el país en estos años, se formó una generación de intelectuales surgidos de las dinámicas del conflicto y abiertos a la confrontación con las élites que dirigían las instituciones públicas y privadas incluida la universidad; al mismo tiempo que se forjó una academia que enfrentó radicalmente la intervención de las Fundaciones extranjeras y el influjo norteamericano en el diseño de las políticas educativas.

Esta generación, desde la militancia de izquierda, desde sus concepciones teóricas y desde la participación política o gremial, hizo que la universidad pública –pero también algunas privadas- constituyese una espacio desde donde se luchó contra el pensamiento hegemónico y las prácticas de las clases dominantes con el fervor y la radicalidad de una época que vio multiplicarse la insurgencia en América Latina de levantamientos, insurrecciones, revueltas y tomas del poder por sectores populares y revolucionarios [1].

De este modo, para finales de la década del sesenta y la primera mitad de la siguiente, las universidades públicas se convirtieron en caja de resonancia de los diferentes conflictos sociales que caracterizaron estos años, transformando los campos universitarios en escenarios para las asambleas estudiantiles, las huelgas, la solidaridad gremial y el enfrentamiento con la policía.

Frente a esta ambiente de agitación y radicalización del movimiento estudiantil y profesoral, que caracterizó estos años, los gobiernos de turno respondieron con la intervención de la fuerza pública en el campus universitario, la represión a las organizaciones estudiantiles, el encerramiento del campus, la imposición de rectorías autoritarias y los cierres prolongados de las universidades o facultades, particularmente las de Ciencias Sociales.

Prestigiosos docentes que habían ejercido su liderazgo académico e intelectual, participando activamente en acciones de apoyo al movimiento estudiantil o asumiendo posturas críticas frente a las políticas universitarias, fueron separados de su cargo.

Uno de los casos más resonados fue el del economista Antonio García [2], reconocido por sus importantes aportes a las ciencias sociales Latinoamericanas en el campo agrario, y a quien se le destituyó por oponerse a la toma militar de la Facultad de Medicina. Algunos departamentos como los de Sociología fueron cerrados y su planta docente desvinculada de la universidad.

En 1977, la agitación social llegó a su máximo punto con la aplicación de lesivas políticas económicas, laborales y educativas por parte del gobierno nacional. En este entorno conflictivo del país, las organizaciones sociales y políticas de izquierda convocaron a un gran movimiento nacional bajo la modalidad de “Paro Cívico”.

Este evento que se desarrolló el 14 de septiembre de 1977 marcó un momento de inflexión tanto en la movilización de los sectores populares en contra de las medidas gubernamentales, como en la dura reacción del Estado que dejó un elevado saldo de muertos, heridos y detenidos por los choques con la fuerza pública [3].

Luego de esta importante jornada nacional de protesta y con el advenimiento del gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1980), se dio vida, amparado en las medidas de excepcionalidad- al llamado “Estatuto de Seguridad”, a través del cual se trató de limitar represivamente el accionar de las organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Con esta legislación el manejo del orden público quedó prácticamente en manos de los militares, generalizándose los consejos verbales de guerra (civiles juzgados por militares), el incremento de las detenciones ilegales, la desaparición y tortura de líderes, activistas políticos y militantes de izquierda.

Algunos académicos como el cofundador de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, Orlando Fals Borda y su compañera sentimental –y también socióloga- María Cristina Salazar, reconocidos internacionalmente por sus valiosas contribuciones a la Investigación Acción Participativa (IAP) fueron judicializados y privados de la libertad, acusados de tener vínculos con la subversión, por el sólo hecho de expresar sus críticas al sistema.Otros intelectuales, caracterizados por sus posturas democráticas- se vieron forzados a tomar el camino del exilio, entre ellos el hoy premio nobel de literatura Gabriel García Márquez y la escultora Feliza Bursztyn.

[1] La revolución cubana y con ellas las figuras de Fidel Castro, el Che Guevara, son algunos de los tantos referentes de los ideales contestatarios y revolucionarios de los jóvenes de la generación de los años sesenta y siguientes. Para Colombia Camilo Torres Restrepo,  el sacerdote, intelectual, sociólogo y profesor universitario, luego incorporado a la lucha armada hacia mediados de los años sesenta, reunió todo el simbolismo de rebeldía de la generación universitaria al lado de la figura casi mítica y continental del Ernesto “Ché” Guevara. Véase: Camilo Torres: Cruz de Luz. Bogotá: FICA, 2006 y Walter Broderick. El Cura Guerrillero. México: Grijalbo, 1977.

[2] Antonio García (1912-1982)  es considerado uno de los pensadores y ensayistas colombianos con "planteamientos más respetables sobre el marxismo", en palabras del filósofo Herbert Marcuse. Fue desde mediados del siglo pasado pionero en la reflexión de problemas acerca de las especificidades del desarrollo latinoamericano, la Democracia y el socialismo humanista, que habrían de constituirse en eje del debate teórico y político en las décadas posteriores.

[3] Para una aproximación detallada de este periodo confróntese  Mauricio Archila. Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAH-CINEP, 2003. Del mismo autor y otros véase: 25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000. Bogotá: CINEP, 2002. También: Gustavo Gallón (ed). Entre movimientos y caudillos. Bogotá: CINEP-CEREC, 1989. Un excelente relato de lo acaecido en esta jornada puede leerse en Arturo Alape. Un día de septiembre. Testimonio sobre el Paro Cívico. Bogotá: Armadillo, 1977.

La espiral de violencia contra la universidad: el decenio de los ochenta y noventa

La crisis política y social colombiana de este decenio fue, una amplia expresión de desinstitucionalización en distintos ámbitos de la sociedad, haciendo que los conflictos no fuesen regulados por las instancias respectivas; que actores privados usaran la violencia para imponer su voluntad y que las normas fuesen transadas o simplemente desconocidas.

En general, la desinstitucionalización significó el abandono progresivo por parte de sectores y miembros de la sociedad de la función integradora de la regulación estatal, de las instituciones y de los límites que imponen las normas a todos los individuos para la convivencia social.

Fue justamente este imperativo social, el de la convivencia, el que se vio resquebrajado como consecuencia de la desinstitucionalización y del uso de la violencia generalizada y por lo tanto de la propagación de complejos fenómenos de anomia social [1].

Es evidente que el carácter de la crisis fue fundamentalmente político, pero a su vez estuvo atravesado por la persistencia de problemas viejos no resueltos en la historia del país, que tienen que ver con la pervivencia de las violencias, la miseria y la exclusión social, agravado todo ello con la existencia de un Estado con una debilidad política remarcada.

En el marco de estas condiciones se hizo viable la persistencia de las violencias y la aparición de nuevos actores de violencia –como el narcotráfico y el paramilitarismo- que se constituyeron, al lado del fenómeno de la insurgencia guerrillera, en elementos complementarios e influyentes de la crisis de finales de los ochenta.

Bajo este clima de violencia el escenario sociopolítico de los años ochenta fue sumamente adverso para la acción colectiva y para el ejercicio de la libertad de pensamiento, por las duras condiciones de violencia que sectores de derecha impusieron sobre la ciudadanía, y en especial sobre la intelectualidad y los líderes universitarios [2].

Amenazas, crímenes, masacres y desapariciones forzadas, fue la constante que marcó esos sangrientos años signados por la espiral de la violencia narcoparamilitar y sicarial [3] cuyas ondas golpearon fuertemente el campus universitario.

Uno de los primeros crímenes con que se inauguró la década fue el cometido contra el abogado y profesor de la Universidad Nacional Alberto Alava Montenegro, el 20 de agosto de 1982.

Reconocido por su compromiso con la defensa de los presos políticos este catedrático fue asesinado por miembros de los escuadrones del naciente MAS (Muerte a Secuestradores), una de las organizaciones pioneras de los grupos paramilitares, que contó en sus orígenes con el auspicio de narcotraficantes y sectores ligados a las Fuerzas Militares.

Con el asesinato del profesor Alava se inicia un largo ciclo de agresiones a la comunidad universitaria que tendrá en 1987 uno de sus momentos más críticos: En la madrugada del 14 de agosto, en su propia casa y a escasas cuadras de la IV Brigada de Medellín, fue acribillado delante de su esposa y algunos de sus hijos, el catedrático de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Pedro Luis Valencia.

El catedrático que en ese momento se desempeñaba como parlamentario de la Unión Patriótica -una organización político-legal amplia con perfiles de izquierda-   se disponía a participar en una manifestación pacífica por el derecho a la vida, organizada por los estudiantes de la Universidad de Antioquia.

El 25 de agosto del mismo año fue asesinado el dirigente magisterial de Antioquia y presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Luis Felipe Vélez.

Ese mismo día, once horas más tarde, muy cerca del lugar del crimen, fueron acribillados Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda. El primero, un destacado investigador en el campo científico de la medicina preventiva desarrollaba una importante labor en defensa de los derechos humanos, mientras que el segundo ejercía la vicepresidencia de la mencionada Asociación de Institutores.

En el último trimestre de 1987 la lista de profesores y estudiantes asesinados se amplió: en el mes de octubre fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal quien era también un ilustre jurista y maestro de la Universidad Nacional.

A este crimen siguió el de Luz Marina Rodríguez, estudiante de Química y Farmacia de la Universidad Nacional, sede Medellín; Rodrigo Guzmán Martínez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes de la seccional Antioquia; Orlando Castañeda Sánchez, estudiante de VIII semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia; Francisco Gaviria Jaramillo, estudiante de último año de Comunicación Social de esta misma universidad y Luis Fernando Vélez Vélez, docente e investigador de la Universidad de Antioquia [4]

En la comisión de estos delitos estuvieron vinculados miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares colombianas, escuadrones paramilitares organizados y financiados por hacendados, narcotraficantes así como políticos nacionales y regionales.

No obstante, la gravedad de estos hechos, a la fecha muchos de estos crímenes permanecen en la impunidad, y aunque en los años inmediatamente siguientes las agresiones contra la comunidad universidad parecieron disminuir muy pronto recobraron la dinámica del período anterior, como lo ilustra el siguiente cuadro (Cuadro I):

[1] Se habla de anomia allí donde las reglas sociales ya no logran limitar los intereses y conductas de los individuos y las acciones de estos no sólo desbordan las reglas, sino que además, las contradicen y niegan, propiciando el caos en el ordenamiento social. Véase: Emilio Durkheim. De la división del trabajo social. Argentina: Schapire, 1987. El suicidio. España: Edición Akal, 1998.

[2] María Teresa Uribe. “La universidad en un contexto urbano turbulento”. En: María Teresa Uribe. Universidad de Antioquia. Historia y Presencia (1803-1999). Coord.. Medellín: Universidad de Antioquia, 1998,  p. 660 y ss.

[3] El término narcoparamilitarismo hace referencia al fenómeno asociado con la creación de grupos armados al margen de la ley auspiciados por los carteles de la droga, terratenientes, políticos nacionales y locales, para defender su negocio ilícito y eliminar la oposición política y social; el sicario, por su parte, es un asesino a sueldo, que mata por encargo, a cambio de un salario.

[4] Andrea Aldana. “Recuerdo de otras Crisis” en http://periodistasudea.com/quepasaudea/2010/recuerdos-de-otras-crisis/

Docentes de la Asociación de Profesores Universitarios (aspu) y la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (asoprudea) asesinados (1987-2001)

Nombre

Fecha

Clase de sindicalista

Sindicato

ABAD GOMEZ HECTOR

25-ago-87

DIRIGENTE SINDICAL

ASOPROUDEA

KUJAVANTE ALFONSO

15-mar-88

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

PEREZ CASTRILLON MARCO AURELIO

30-oct-94

TRABAJADOR DE BASE

ASOPROUDEA

AGAMEZ PEREZ BIENVENIDO

27-may-96

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

ALZATE PATIÑO JOSE ALBERTO

10-jul-96

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

BARRERA MACARIO

27-oct-98

DIRIGENTE SINDICAL

ASPU

CALDAS ZARETE RAFAEL

01-may-98

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

DIAZ URZOLA MISAEL ARSENIO

26-may-98

DIRIGENTE SINDICAL

ASPU

PEÑA ROBLES RAUL

30-dic-98

DIRIGENTE SINDICAL

ASPU

BEJARANO BUENO HECTOR FABIO

27-may-99

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

HENAO HERNAN

04-may-99

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

HERNANDEZ NAPOLEON ANTONIO

04-dic-99

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

CASTRO HAYDAR ALFREDO

05-oct-00

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

MESA LUIS

29-ago-00

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

PEREZ CHIMA JAMES ANTONIO

27-abr-00

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

BARRIOS POLO JOAQUIN

23-ene-01

DIRIGENTE SINDICAL

ASOPROUDEA

CASTRO DEMETRIO

25-feb-01

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

MENDOZA MANJARRES LUIS JOSE

22-oct-01

DIRIGENTE SINDICAL

ASPU

OTERO JULIO ALBERTO

14-may-01

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

RIVERA RIVEROS CESAR DANIEL

02-feb-01

TRABAJADOR DE BASE

ASPU

VARGAS LISANDRO

23-feb-01

DIRIGENTE SINDICAL

ASPU

VARGAS ZAPATA MIGUEL ANGEL

16-may-01

DIRIGENTE SINDICAL

ASPU

Fuente: Escuela Nacional Sindical y Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea)