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En su intervención ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 3 de junio, el presidente de la Internacional de la Educación, Mugwena Maluleke, respondió al informe del Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART). Como portavoz del Grupo de los Trabajadores, Maluleke celebró la propuesta de revisar las Recomendaciones de 1966 y 1997, y recalcó que dicha revisión debe fundamentarse en las conclusiones del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente.

“El informe del CEART reafirma claramente lo que siempre hemos sabido: la enseñanza de calidad depende en gran medida de la labor del profesorado. Contar con un colectivo docente respetado, valorado, respaldado y que reciba una remuneración justa es fundamental para garantizar una educación equitativa y de alta calidad para todas y todos. Sin embargo, el personal docente sigue estando infravalorado, sobrecargado y mal pagado. Ahora más que nunca, debemos invertir urgentemente en la profesión docente y defender sus derechos” afirmó Maluleke.

Factores que agravan la escasez mundial de docentes

Como destaca el informe del CEART, la escasez mundial de docentes, que asciende a 44 millones de educadoras y educadores en las escuelas primarias y secundarias y a otros 6 millones en educación infantil, sigue amenazando la calidad de la enseñanza y el progreso social en su conjunto.

El Grupo de Alto Nivel convocado en 2024 por el Secretario General de las Naciones Unidas identificó con acierto las causas de esta escasez: salarios no competitivos, condiciones laborales precarias, erosión de los derechos laborales, reducción de la autonomía profesional y escasas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Maluleke señaló que los sindicatos de todas las regiones del mundo coinciden en que los bajos salarios son el factor que más influye en la escasez de docentes y subrayó que “los recortes presupuestarios reducen los salarios y deterioran las condiciones laborales, lo que termina afectando a la calidad de la educación pública”. Como destaca el informe del Comité Mixto, la docencia ha pasado a percibirse como una salida laboral de último recurso debido a múltiples factores, entre ellos los bajos salarios, que minan el prestigio y el atractivo de la profesión.

Otros factores que contribuyen a la escasez de docentes son la proliferación de contratos temporales, de corta duración y a tiempo parcial, que generan precariedad en el sector; la erosión de la autonomía profesional y de la libertad académica, incluso en países considerados democráticos; y la creciente crisis de salud mental y seguridad entre el personal docente, que a menudo denuncia un profundo desequilibrio entre la vida laboral y la personal, además de niveles elevados de estrés.

En nombre del Grupo de Trabajadores Nórdicos, Liz Helgesen se hizo eco de estas conclusiones y señaló que la contratación en Noruega se encuentra en su nivel más bajo. Helgesen denunció el aumento de la violencia y el acoso que sufre el personal docente, la necesidad de proteger su autonomía como deber democrático y la dimensión de género del problema, ya que las mujeres predominan en los niveles de educación infantil y primaria, donde los salarios y el reconocimiento profesional son más bajos.

La necesidad urgente de apoyar al personal docente en contextos de crisis y emergencia

El informe del Comité Mixto advierte sobre las dificultades a las que se enfrenta el profesorado en contextos de crisis y emergencia, y subraya los riesgos para su seguridad y protección. Es imperativo atender sus necesidades físicas, emocionales y psicosociales, así como garantizarles una remuneración justa y estable, para así respaldar a la fuerza laboral que garantiza el acceso a la educación de algunos de los niños y niñas más vulnerables del mundo.

“Apoyamos el llamamiento del Comité Mixto que insta a revisar las Recomendaciones de 1966 y 1997 e incorporar las conclusiones del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que subrayan la necesidad de respaldar específicamente al personal docente en contextos de emergencia, lo que incluye aumentar la financiación y establecer sistemas de pago sólidos que les garanticen una remuneración adecuada y a tiempo”, afirmó Maluleke.

El impacto de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje

La introducción de las nuevas tecnologías digitales y de la inteligencia artificial en la educación plantea importantes retos al personal docente. Hay quienes corren el riesgo de ser sustituidos por la IA, mientras que otras sufren las consecuencias del aumento de la vigilancia, la sobrecarga de trabajo o la imposibilidad de desconectar.

El presidente de la IE celebró la propuesta del Comité Mixto de revisar las Recomendaciones de 1966 y 1997 para poner el foco en el respeto a la capacidad de acción, la autonomía, la libertad pedagógica y la sensibilidad del profesorado cuando se desarrollan e incorporan tecnologías en las aulas. “El personal docente debe ser el centro de la innovación y la implementación tecnológica, y se debe reconocer el diálogo social como elemento esencial para la selección, el uso y la supervisión de las tecnologías”, afirmó Maluleke.

Represión de los derechos laborales y falta de diálogo social con la profesión

Maluleke señaló que todos los problemas planteados podrían abordarse de forma más eficaz mediante el diálogo social entre los sindicatos de la enseñanza y los gobiernos, y destacó que alrededor del 20 % de los sindicatos denuncian la debilidad o inexistencia de mecanismos de diálogo social para mejorar los salarios, la jornada laboral y la estabilidad en el empleo.

En sus intervenciones, Tobokani Rari, de los Sindicatos del Sector Educativo de Botsuana; Melissa Ansell-Bridges, del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda Te Kauae Kaimahi; Isabel Olaya, de FECODE Colombia, vicepresidenta de la IE para América Latina; José Olivera, de FENAPES Uruguay; y Roberto Baradel, de CTERA Argentina, miembro del Consejo Ejecutivo de la IE, respaldaron las preocupaciones expresadas por el presidente de la IE.

En Botsuana, los sindicatos advierten de que el Gobierno está impulsando la privatización de la educación, lo que limita el acceso de los niños y las niñas más desfavorecidas. Al mismo tiempo, dado que la legislación no protege adecuadamente los derechos del personal del sector privado, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la educación del país verán seriamente limitada su capacidad para negociar y firmar convenios colectivos de forma efectiva.

En Nueva Zelanda, los educadores y las educadoras se están enfrentando a una iniciativa del Gobierno para privatizar la educación y restringir los derechos laborales del personal docente. Un nuevo proyecto de ley propone la creación de escuelas concertadas que permitirían convertir centros públicos en instituciones de gestión privada pero financiadas con fondos públicos. En estos centros concertados, el profesorado quedaría fuera de los convenios colectivos, perdería sus derechos en caso de despido y tendría que firmar contratos individuales. “Sin duda, esto agravará aún más las preocupaciones mencionadas antes sobre la retención del personal docente”, afirmó Melissa Ansell-Bridges, secretaria del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda Te Kauae Kaimahi.

Al abordar la situación en América Latina, Isabel Olaya denunció la “persecución constante y sistemática de los gobiernos contra las organizaciones sindicales”. La vicepresidenta de la IE para América Latina también destacó que, sin libertad de asociación, negociación colectiva y derecho de huelga, los educadores y educadoras no pueden defender sus condiciones laborales ni la calidad de la educación pública.

José Olivera, secretario general de la organización afiliada a la IE FENAPES Uruguay, reafirmó estas preocupaciones y alertó sobre el impacto que tienen la escasez de docentes y la privatización educativa en el derecho fundamental a la educación y en la justicia social en América Latina. El líder sindical expresó su apoyo a la revisión de las Recomendaciones de 1966 y 1997, con el objetivo de incorporar las propuestas políticas del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente.

Roberto Baradel, de CTERA Argentina, informó sobre la situación en su país y denunció el decreto emitido por el Gobierno que limita el derecho de huelga del personal docente y de otros sectores públicos. El decreto declara la educación como un “servicio esencial”, pero con el único propósito de limitar la acción sindical. Los sindicatos de docentes consideran que este decreto es inconstitucional e injusto, además de una violación de su derecho de huelga.

“Cada vez vemos más intentos de utilizar el derecho a la educación como excusa para restringir los derechos laborales. Pero quiero dejar algo claro: el personal docente no puede salvaguardar el derecho a la educación si se le niegan sus propios derechos. El Grupo de los Trabajadores reitera con firmeza que un diálogo social sólido y una negociación colectiva efectiva son las únicas vías sostenibles para garantizar condiciones laborales dignas”, subrayó Maluleke.

Llamamiento a incorporar las conclusiones del Grupo de Alto Nivel en la revisión de las Recomendaciones sobre el personal docente

El presidente de la IE apoyó la sugerencia del CEART de revisar las Recomendaciones de 1966 y 1997, incorporando las conclusiones del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente.

Las Recomendaciones revisadas deberían:

• Combatir las desigualdades en la fuerza laboral, articular un enfoque transversal hacia la discriminación y destacar la importancia de un entorno de trabajo inclusivo, seguro y libre de discriminación para todo el personal docente;
• Reconocer los desafíos que plantean la crisis climática y la transformación digital para las condiciones laborales, la autonomía profesional y la capacidad de acción del personal docente;
• Reconocer el papel crucial y los derechos del personal docente de la educación de la primera infancia.

“El Grupo de Trabajadores está dispuesto a apoyar el proceso de revisión y a garantizar que las voces del personal docente sean escuchadas, respetadas y reflejadas, trabajando junto con los gobiernos y los empleadores. Las necesidades del mundo laboral en rápida evolución, así como las demandas globales de justicia social, solo pueden satisfacerse con sistemas educativos impulsados por docentes y personal de la educación con una formación sólida, una remuneración justa y un apoyo adecuado”, concluyó Maluleke.