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1. DADO que más de 60.000 hombres y mujeres de Naciones Unidas, trabajadores de 15 agencias distintas de la ONU, cuentan con representantes en varios sindicatos y asociaciones de trabajadores y están destinados por todo el mundo en las Sedes de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Programa Mundial de Alimentos y

2. AL OBSERVAR que dichos trabajadores comparten, a pesar de estar empleados en distintos países, muchas preocupaciones similares sobre situaciones que afectan a su trabajo, como la elección de designaciones, la movilidad, la seguridad familiar, además de los viajes y la seguridad, y

3. COMO COMPRENDEMOS que el trabajo del personal de Naciones Unidas nunca estará totalmente exento de riesgos, pero aceptamos que deben tomarse todas las medidas posibles para reducir estos riesgos al mínimo y proteger a los trabajadores; y, como también sabemos que demasiados trabajadores de la ONU han sido amenazados, atacados o asesinados mientras desempeñaban su labor en los lugares más peligrosos del mundo con el objetivo de garantizar el acceso a la educación como derecho humano y

4. CONOCEDORES de que la OIT, en la que los sindicatos son entidades del mismo nivel en una estructura tripartita, promueve los derechos de los trabajadores para organizar sindicatos y garantiza la negociación colectiva en sus convenios internacionales (n.º 87 o «Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación» y n.º 98 o «Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva» y

5. DADO QUE RECONOCEMOS que se ha establecido un proceso de gestión laboral para negociar acuerdos sobre los términos y condiciones del empleo y aunque, en los últimos años, este procedimiento se ha interrumpido, pues la gestión se ha desentendido del proceso y se ha negado a reconocer la resolución consensuada para este litigio, y

6. COMO CREEMOS que, al romper estas negociaciones unilateralmente, la administración de la ONU ha dañado de forma significativa los pocos derechos de los que disfrutaban sus trabajadores y

7. AL AÑADIRSE que los derechos de los trabajadores también deben incluir el derecho a denunciar los fraudes y abusos que puedan existir y, al mismo tiempo, las políticas de la ONU con respecto a denuncias son incoherentes, ineficaces y débiles por culpa de resquicios arbitrarios (el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, un grupo de interés público imparcial, concluyó que son tan débiles como para considerarlas «oficialmente ineficaces»).

El Séptimo Congreso Mundial:

8. EXPRESA su solidaridad con los 60.000 hombres y mujeres que trabajan para Naciones Unidas en todo el mundo y respeta su labor, a menudo en zonas peligrosas por guerras, desastres naturales o emergencias epidémicas, y en lugares como Afganistán, Haití, Sudán del Sur, Gaza, Irak y Liberia.

9. PIDE a Naciones Unidas y a todas las agencias y oficinas relacionadas con la ONU, que otorguen a todos sus trabajadores la misma protección unificada de la que disfrutan los demás empleados de todo el mundo, al amparo de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y a los convenios fundamentales n.º 87 («Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación») y n.º 97 («Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva».

10. SOLICITA a la ONU que cumpla totalmente con su deber de salvaguardar las vidas de todos sus trabajadores y que colabore con los estados miembro para reforzar las medidas de seguridad establecidas y mejorar la seguridad en las zonas de trabajo, con la inclusión del personal de seguridad, el equipamiento y las comunicaciones que se necesiten;

11. APOYA a los trabajadores, contratistas y fuerzas de paz de la ONU que sacan a la luz prácticas ilegales o ineficientes en el ámbito laboral pero que no tienen forma de denunciarlas por miedo a represalias, degradaciones o despidos; la ONU debe llevar a cabo una verdadera reforma para estos casos de denuncia que incluya el aumento de la protección del denunciante y la investigación de cualquier represalia que sufran.

12. EXIGE a la Internacional de la Educación que informe al Secretario General y a los máximos responsables de todas las agencias de la ONU de nuestro apoyo y solidaridad para con los derechos del personal de Naciones Unidas.

13. SOLICITA a la IE que mantenga informados a sus líderes y afiliados de manera regular sobre los avances en la mejora de los derechos de los trabajadores de la ONU en todo el mundo.