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Los sindicatos de la educación de Argentina denuncian una nueva ola de ataques por parte del Gobierno argentino, tras el anuncio del presidente Javier Milei de medidas destinadas a limitar el derecho de huelga del profesorado y desmantelar la negociación colectiva salarial a nivel nacional.

Las organizaciones afiliadas de la Internacional de la Educación en el país, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), han denunciado estas medidas y ya están tomando medidas para defender los derechos de sus miembros.

“Nos solidarizamos con nuestras organizaciones afiliadas en defensa de una educación de calidad y en contra toda medida que socave los valores democráticos y el bienestar del profesorado, del personal de apoyo a la educación y del alumnado”, afirmó David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación. “Estos últimos decretos son un ataque directo contra el personal educativo, la educación pública y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores argentinos. ¡No pasarán!”. Edwards expresó su apoyo y solidaridad con los sindicatos de la educación, “quienes sostienen una lucha incansable por proteger el derecho a una educación pública gratuita e inclusiva”.

La Internacional de la Educación ha dado la voz de alarma a nivel mundial mediante un Llamamiento a la Acción Urgente, pidiendo a sus organizaciones miembros del mundo entero que se solidaricen con sus compañeras y compañeros argentinos.

El derecho de huelga en juego

El 21 de mayo de 2025, el Gobierno promulgó el Decreto 340/25, que pretende limitar el derecho a la huelga del personal docente y otros sectores. El decreto declara la educación como “servicio esencial”, pero únicamente con el fin de restringir las acciones de huelga. Este tipo de ataque contra el derecho de huelga no es nuevo y ya ha sido declarado ilegal.

En 2002, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una sentencia judicial que declaraba inconstitucional un decreto similar (el Decreto 843/00 del Gobierno De la Rúa). La sentencia establecía expresamente que la educación no es un servicio esencial a efectos de restringir el derecho a la huelga. Asimismo, precisaba que estos instrumentos jurídicos no pueden ser utilizados por futuros Gobiernos con el fin de impedir o limitar las acciones de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Más recientemente, el poder judicial también confirmó la inconstitucionalidad de otro decreto (DNU 70/23) emitido por el actual Gobierno, que, a su juicio, es muy similar al nuevo Decreto 340/25.

Los organismos internacionales también se habían pronunciado antes sobre esta cuestión. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) examinó una queja presentada por la CTERA en relación con las resoluciones anteriores. El Comité de la OIT recordó a los Gobiernos que el derecho de huelga solo puede limitarse a los “servicios esenciales” en sentido estricto. Esta definición estricta se aplica únicamente a los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. La OIT declaró que el sector de la educación no constituye un servicio esencial en este sentido estricto.

Defender La Paritaria

La otra medida que denuncian las organizaciones afiliadas es una enmienda al artículo 10 de la Ley 26.075 que pondría fin a la participación del Gobierno nacional en las negociaciones sobre el salario mínimo del personal docente, conocidas comúnmente como negociaciones paritarias. Esta retirada del Gobierno supondría la abolición de facto de un mecanismo de negociación tripartito que garantiza un salario mínimo común para todo el personal docente del país.

Desde que fue aprobado, este artículo ha desempeñado un papel esencial en la promoción de condiciones de trabajo decentes y uniformes, reconociendo el carácter federal del sistema educativo argentino.

En caso de aprobarse, la propuesta de enmienda supondría un grave retroceso para los salarios y los derechos de negociación del personal docente en Argentina. Los sindicatos de la educación consideran que esta nueva medida forma parte del programa regresivo del Gobierno de Milei, que pone en peligro la educación pública y el respeto de los derechos de quienes la hacen posible.

David Edwards, haciéndose eco de la declaración del Consejo Ejecutivo de la IE de enero de 2024, añadió: “Reconocemos el papel fundamental que desempeñan los sindicatos de la educación en la defensa de los derechos del personal educativo y el avance de los valores cívicos en Argentina, y apoyamos con firmeza a nuestra afiliación, en solidaridad frente a cualquier medida que socave los valores democráticos y el bienestar del personal educativo y del alumnado”.