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Las comunidades escolares de todo Estados Unidos se han visto profundamente afectadas por el comportamiento violento y destructivo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desplegados por la administración Trump. El personal de la educación se ha movilizado para apoyar al alumnado traumatizado y a las familias vulnerables, así como para poner alto al giro autoritario de los dirigentes políticos estadounidenses.

Estudiantes detenidos para cumplir las cuotas de deportación

En mayo de 2025, Sara López García era una alumna brillante con una nota media casi perfecta de 4,0 y un futuro prometedor por delante. “Una estudiante sobresaliente”, comenta Cynthia Eaton, una de las profesoras de Sara en el Suffolk County Community College. El día antes de su graduación en Suffolk, Sara y su madre fueron detenidas en una redada del ICE en su casa. Sara tenía un estatus migratorio especial y estaba tramitando la obtención de la ciudadanía estadounidense. Tanto ella como su madre tenían números de seguridad social y permisos de trabajo vigentes. En realidad, Sara y su madre no eran en modo alguno los objetivos previstos por el ICE. Los agentes federales buscaban a un antiguo inquilino cuando se encontraron con la familia. Tras dos angustiosos meses de aislamiento, incertidumbre y estrés en un centro de detención en el sur de Luisiana, Sara aceptó ser deportada a Colombia, su país natal. La expulsión tuvo lugar en julio de 2025, unos meses antes del que debería haber sido el día de su boda.

La historia de Sara no es un caso aislado. Desde la llegada al poder de la administración Trump en enero de 2025, las redadas de inmigración han aumentado drásticamente en todo Estados Unidos. A pesar de las promesas de que el ICE se centraría en la búsqueda de delincuentes, el personal de la educación ha señalado numerosos casos en los que estudiantes sin antecedentes penales, sin detenciones ni órdenes de deportación fueron secuestrados y expulsados para cumplir con la cuota arbitraria de remoción de 3000 personas al día impuesta por la administración Trump.

Este mismo mes, la fotografía de Liam Conejo Ramos, de cinco años, detenido por agentes del ICE en Minneapolis, ha ocupado los titulares en todo el mundo. Es uno de los cuatro escolares y alumnos detenidos por el ICE en el transcurso de una sola semana en un suburbio de Minneapolis, Minnesota. Pese a la indignación generalizada, la mayoría de los casos de detención y expulsión de niños o niñas no son cubiertos por los medios de comunicación.

En Minnesota, los agentes del ICE han estado patrullando los barrios, rodeando las escuelas y siguiendo los autobuses escolares amarillos del distrito, según información de responsables escolares. El mes de enero, a la salida de clase, los agentes de inmigración rociaron con gas pimienta al alumnado y detuvieron a un miembro del personal a las afueras de una escuela de enseñanza secundaria de Minneapolis. Inmediatamente después de este incidente, el distrito suspendió las clases y las reanudó unos días más tarde con la opción de aprendizaje virtual para el alumnado que temiera acudir a la escuela.

Las comunidades escolares viven con miedo

El efecto de las redadas del ICE se deja sentir en cada rincón del aula. El personal docente señala un descenso en la asistencia, un retraimiento emocional y la repentina desaparición de algunas familias.

El temor a las redadas del ICE a la hora de dejar y de recoger a niños y niñas en la escuela o en las paradas del autobús escolar aleja a muchas familias del sistema escolar y causa un daño académico y emocional incalculable.

Esta crisis ha sido directamente causada por la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de derogar la nota de servicio relativa a los “lugares sensibles”, nota que antes desaconsejaba las redadas del ICE en escuelas, iglesias y hospitales.

El profesorado señala que incluso el alumnado que sigue asistiendo a clase muestra síntomas de estrés traumático. Mientras que algunos temen por ellos mismos y por sus familias migrantes, otros están preocupados por sus amigos y por la agitación que asola sus comunidades.

En Minneapolis, donde la administración ha desplegado más de 3000 agentes del ICE, la comunidad vive en vilo. Este mes, agentes federales enmascarados y fuertemente armados dispararon y asesinaron a tiros a Renee Good, madre de tres hijos, después de que dejara a su hijo de 6 años en la escuela. Otra persona recibió un disparo en la pierna y, la semana pasada, Alex Pretti, un enfermero diplomado, también fue asesinado a tiros tras ser inmovilizado por agentes del ICE. Se ha filmado a agentes federales actuando con violencia y en total impunidad contra miembros de la comunidad que participaban en una manifestación de protesta pacífica.

No se prevé ninguna investigación imparcial de estos incidentes, ya que la administración Trump ha difundido constantemente narrativas falsas sobre los asesinatos, se ha negado a permitir que las fuerzas del orden locales investiguen los casos y ha cerrado filas para proteger a los agentes del ICE implicados.

Citando a la NEA, el sindicato nacional de la educación, “la administración Trump amenaza ahora con invocar la ley de Insurrección y desplegar al ejército en Minneapolis, en el marco de una escalada de la fuerza federal contra quienes ejercen sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Es una estrategia sacada directamente del manual del autoritarismo. Estamos asistiendo a la ocupación federal de una gran ciudad estadounidense, y no es un caso aislado. Es una advertencia para todo el país”.

El personal de la educación en primera línea para proteger al alumnado y a las familias

El profesorado y el personal de la educación se han movilizado en sus respectivas escuelas y comunidades para proteger al alumnado y a las familias vulnerables.

Education Minnesota, afiliado tanto a la NEA como a la AFT, ha emprendido acciones colectivas contra la presencia del ICE en el estado, sumándose a las protestas del 23 de enero.

El profesorado y el personal de apoyo educativo de Minnesota y de todo el país se han organizado para proteger a las familias inmigrantes. El personal escolar proporciona información y apoyo a las familias en privado por temor a que los grandes eventos escolares llamen la atención del ICE. El personal de la educación también está distribuyendo tarjetas rojas, es decir, una ficha para llevar en la cartera en la que figura la información necesaria para hacer valer sus derechos legales en caso de ser abordados por agentes del ICE.

Muchas personas están asistiendo a cursos de formación tipo “Conozca sus derechos” para aprender a reaccionar de forma segura en caso de encontrarse en la mira del ICE, y los sindicatos proporcionan recursos para apoyar estos esfuerzos. En solo dos días, la St. Paul Federation of Educators in Minesota formó a 400 personas para que actuaran como patrullas escolares voluntarias. El sindicato también ha coordinado talleres para las familias inmigrantes sobre cómo completar los trámites legales necesarios para garantizar la seguridad de sus hijos e hijas en caso de que los adultos responsables sean detenidos o deportados.

El personal de la educación también trabaja para ayudar al alumnado a superar la ansiedad y apoyar a las familias que tienen demasiado miedo como para salir de casa. Muchos de sus integrantes pasan las tardes organizando la entrega de alimentos y suministros o ayudando a las familias a inscribirse en bancos de alimentos y servicios de ayuda para el empleo.

“No podemos ni queremos permanecer en silencio. Como educadoras y educadores tenemos la responsabilidad moral y profesional de garantizar la seguridad de todo el alumnado, independientemente de su lugar de nacimiento o identidad, tanto en el centro educativo como en su comunidad. El terror federal no tiene cabida en la educación pública ni en una democracia. Ha llegado el momento de mostrar claridad moral y valentía, porque esta no es solamente una cuestión de inmigración, es una cuestión de derechos humanos, de derechos civiles y de democracia”, afirmó Becky Pringle, vicepresidenta de la IE y presidenta de la NEA, el mayor sindicato de Estados Unidos y afiliado a la Internacional de la Educación

Randi Weingarten, presidenta de la AFT, la federación estadounidense del profesorado, también afiliada a la IE, subrayó que “el ICE debe abandonar nuestras escuelas y comunidades de inmediato, ya que lejos de hacerlas más seguras, ha incrementado la inseguridad. Estamos ante la obligación moral de unirnos como estadounidenses en torno al principio de que las escuelas y las comunidades deben ser lugares seguros y acogedores, no objetivos de incursiones militarizadas destinadas a enfrentarnos los unos contra los otros”.

Tanto la NEA como AFT han instado a los responsables políticos de todos los niveles a tomar medidas para proteger al alumnado y mantener al ICE y a otros agentes federales fuera de las escuelas, los hospitales y los lugares de culto.

“Detener y deportar a niños y niñas en edad preescolar, a docentes y estudiantes brillantes, asesinar a personas, incluso ciudadanas estadounidenses, en total impunidad es terrorismo de Estado y crueldad deliberada, y no lo toleraremos. El profesorado y las personas trabajadoras de la educación en Estados Unidos están movilizándose en defensa de su alumnado y de sus comunidades. No están solos. Toda la comunidad educativa mundial los apoya en su lucha por proteger la democracia, el Estado de derecho y la humanidad básica en Estados Unidos”, afirmó David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación.