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El acoso escolar motivado por la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales (SOGIESC) sigue negando a millones de estudiantes y personas trabajadoras de la educación su derecho a aprender y trabajar en entornos seguros, inclusivos y de calidad. Esta realidad, y la urgente necesidad de actuar colectivamente, fue el tema central de un webinario internacional organizado por la Asociación Internacional de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex ( ILGA Mundo) dedicado a las leyes contra el acoso escolar y el derecho a la educación.

El encuentro reunió a personas expertas de las Naciones Unidas (ONU), especialistas jurídicos, activistas juveniles y sindicalistas de la educación, y dejó claro un mensaje: los sindicatos de la enseñanza son actores clave para combatir el acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, y para lograr que las protecciones legales se traduzcan en realidades concretas en las comunidades escolares.

Acoso escolar, seguridad y derecho a la educación

“La educación no se reduce solo a acceder o matricularse. Implica también que el alumnado pueda aprender en un entorno seguro, que se le trate con dignidad y que sienta que pertenece a la comunidad educativa”, afirmó Graeme Reid, experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, al inaugurar el debate celebrado el 27 de febrero de 2026.

Al referirse a algunos de los principales resultados del informe que presentó ante la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2025, advirtió que la discriminación y el acoso por motivos de orientación sexual e identidad de género siguen estando muy extendidos y son sistémicos. “Las investigaciones muestran de manera reiterada que el alumnado LGBT sufre de manera desproporcionada violencia física, acoso sexual, insultos, ciberacoso y exclusión social”, señaló.

Reid también subrayó las consecuencias a largo plazo de los entornos escolares hostiles: “El alumnado que no se siente seguro tiene más probabilidades de faltar a clase, desvincularse del aprendizaje o abandonar la educación por completo. Con el tiempo, esto repercute en el rendimiento académico, la salud mental y sus oportunidades futuras”.

También recordó las obligaciones legales de los Estados y destacó que “el derecho internacional prohíbe explícitamente la discriminación en la educación y exige a los Estados proteger al alumnado del acoso, la violencia y la exclusión en los centros educativos”.

La base de datos de ILGA Mundo: evidencias para la incidencia

Gran parte del webinario se dedicó a presentar la nueva sección de la base de datos de ILGA Mundo dedicada a las protecciones legales contra el acoso escolar.

“Esta nueva sección recopila las leyes o normativas que prohíben explícitamente el acoso u hostigamiento en el ámbito educativo basados en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales”, explicó Curro Peña Díaz, consultor de ILGA.

Explicó que los datos revelan una profunda brecha a escala mundial: “Solo una minoría de Estados miembros de la ONU cuenta con legislación nacional integral que proteja explícitamente al alumnado frente al acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales”.

Aunque reconoció que las leyes por sí solas no bastan, Peña subrayó su valor estratégico: “La legislación no es una varita mágica, pero ofrece un marco para desarrollar políticas, protocolos y mecanismos de rendición de cuentas. Permite que las familias, el alumnado, los sindicatos y las autoridades educativas puedan plantar cara a la inacción”.

Esta base de datos proporciona a los sindicatos de la enseñanza una herramienta potente para respaldarles en las negociaciones y en su labor de incidencia, así como en sus intervenciones en la elaboración de políticas públicas, ya que les ayuda a sustentar sus reivindicaciones en pruebas comparativas sólidas.

El webinario también abordó el acoso fuera del aula.

El personal de la educación también sufre acoso

Desde la perspectiva sindical, Michelle Mosupye, responsable ejecutiva de la organización sindical sudafricana de la enseñanza National Professional Teachers’ Organisation of South Africa (NAPTOSA), subrayó que el acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales no solo afecta al alumnado, sino también al profesorado y al personal educativo.

“Hablamos mucho del alumnado, pero el profesorado también se ve afectado. Su salud mental se resiente, sufren ansiedad y algunas personas incluso están recibiendo atención psiquiátrica”.

Mosupye explicó que la discriminación afecta especialmente al personal docente transgénero y con diversidad de género: “El profesorado que no se ajusta a las normas de género sufre discriminación por parte de la dirección de los centros y de autoridades conservadoras, sobre todo en las zonas rurales”.

Mosupye destacó el papel de los sindicatos en la definición de políticas y prácticas: “En Sudáfrica, la Ley Nacional de Política Educativa obliga al Gobierno a consultar a los sindicatos docentes. Esto nos otorga un papel crucial para influir en las políticas y garantizar que ni el profesorado ni el alumnado sufran discriminación”.

También señaló la participación sindical en la reforma curricular: “Hemos desempeñado un papel clave en la incorporación de la educación sexual integral —una asignatura llamada Orientación para la vida— en el plan de estudios, desde primaria hasta secundaria”.

Mosupye añadió que NAPTOSA también desempeñó un papel fundamental en la elaboración de directrices sobre el acoso por motivos de orientación sexual e identidad de género al participar en un proceso de consulta destinado a reducir este tipo de acoso escolar, que afecta a estudiantes, docentes y personas transgénero o con diversidad de género.

A escala mundial, recordó las resoluciones aprobadas en varios Congresos de la Internacional de la Educación “contra el acoso, en particular contra las personas LGBTI+”.

Espacio digital, protección jurídica y nuevos riesgos

Enrique Gallego Capdevila, abogado especializado del despacho Cooley, abordó las responsabilidades de las plataformas digitales y de los organismos reguladores.

Fue tajante al afirmar que “las plataformas tienen la obligación y la responsabilidad de permitir que las personas jóvenes interactúen, busquen información y exploren su identidad en entornos seguros”.

No obstante, Capdevila advirtió contra las políticas de verificación de edad excesivamente restrictivas: “Para algunas personas jóvenes, estar en línea no es un lujo. Es una fuente de apoyo emocional, de validación entre iguales y de información a la que no pueden acceder en otros lugares”.

Estas reflexiones subrayan la importancia de la implicación sindical en los debates sobre la regulación digital, la protección de la infancia y la tecnología educativa para garantizar que las medidas de seguridad no socaven los derechos.

Liderazgo juvenil y transformación de las escuelas

Desde Filipinas, Aaron James Villapando, de la organización liderada por jóvenes PANTAY, compartió ejemplos contundentes de cambios impulsados por el propio alumnado.

“La participación de la juventud no debe ser meramente simbólica. El alumnado no solo es beneficiario, también es corresponsable de crear soluciones”, señaló.

Explicó cómo herramientas de evaluación como la Rainbow Report Card ayudan a los centros educativos a medir su nivel de inclusividad: “Preguntamos a los centros si cuentan con políticas contra el acoso, si ofrecen formación en sensibilidad de género, si sus servicios de salud mental son inclusivos y si cuentan con mecanismos seguros para denunciar”.

Villapando también destacó que el cambio es posible cuando el diálogo sustituye al miedo: “Cuando conversamos con la dirección de los centros, nos damos cuenta de que a menudo actúan desde una lógica de protección, no de odio. Simplemente necesitan orientación”.

Las obligaciones de los Estados

Al concluir el webinario, Farida Shaheed, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, lanzó un firme llamamiento a la acción.

“El acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales constituye una vulneración directa de las obligaciones en materia de derechos humanos. No es una cuestión secundaria”, afirmó.

Advirtió que el silencio de la ley suele traducirse en silencio en la práctica: “Cuando la ley guarda silencio, la discriminación suele permanecer invisible y sin respuesta”.

Shaheed insistió, además, en la necesidad de que los Estados actúen de inmediato: “La obligación de garantizar entornos educativos seguros y libres de discriminación es una obligación inmediata derivada del derecho a la educación”.

También subrayó la importancia de los sindicatos y de la participación: “El profesorado, el alumnado, los sindicatos y las comunidades deben ser reconocidos como agentes de cambio. Sus voces deben contribuir a dar forma a las leyes, las políticas y su aplicación”.

Un imperativo sindical

El webinario de ILGA dejó claro que los sindicatos de la enseñanza están en el centro de la lucha contra el acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Al defender al personal de la educación, contribuir a la elaboración de currículos inclusivos, participar en el diálogo social y utilizar herramientas como la base de datos de ILGA Mundo, los sindicatos contribuyen a transformar las escuelas en espacios seguros, dignos e igualitarios.

La Internacional de la Educación y sus organizaciones afiliadas en todo el mundo están plenamente comprometidas con esta lucha. Como miembro de ILGA, la Internacional de la Educación afirma que abordar el acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales es una responsabilidad sindical fundamental y un componente esencial de la defensa del derecho a la educación de todas las personas. Las estructuras regionales de ILGA y las organizaciones aliadas ofrecen a las afiliadas de la Internacional de la Educación valiosas oportunidades de colaboración para apoyar este trabajo a nivel nacional y local.