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Suazilandia: Los docentes exigen la congelación del patrimonio del Rey

publicado 10 junio 2011 actualizado 15 junio 2011

Casi 3.000 docentes en Suazilandia han marchado hasta las embajadas de Sudáfrica y EE UU para insistir en la congelación del activo internacional del soberano absoluto del país, el Rey Mswati III, alegando corrupción y mala administración de los recursos nacionales.

La última monarquía absoluta de África subsahariana es conocida por su estilo de vida fastuoso; gasta 21 millones de euros cada año, en un país en el que el desempleo y la pobreza son generalizados. El país también está intentando evitar una crisis económica y los/las docentes temen que se podría desvincular la moneda de Suazilandia, el lilangeni, del rand sudafricano.

Durante el último mes, se ha anunciado una posible congelación salarial nacional, lo que ha llevado a los/las docentes y a otros manifestantes a favor de la democracia a lanzarse a la calle para exigir reformas inclusivas.

La Swaziland National Association of Teachers (SNAT), un miembro afiliado a la IE, ha lanzado una petición formal que pide a la comunidad internacional que “identifique y congele el activo de la élite en el poder que se ha invertido en los EE UU y que es producto de su saqueo a lo largo de los años”.

Los manifestantes a favor de la democracia han dirigido una petición a la embajada de Sudáfrica para que asegure la vinculación de la moneda y han pedido al Presidente Jacob Zuma que intervenga para ayudar a Suazilandia a convertirse en un estado democrático multipartidista.

El 14 de abril la policía antidisturbios dispersó violentamente a los/las manifestantes. Los/las manifestantes consiguieron no llamar la atención de la policía llegando de improviso en grupos pequeños.

Durante la marcha de los/las docentes, el Presidente de la SNAT, Sibongile Mazibuko, declaró: “Como suazis decimos '¡basta!'. Estamos en un autobús en llamas y estamos rompiendo la ventana de emergencia".

La IE manifiesta su solidaridad con los/las docentes suazis y pide a las autoridades del país que garanticen una buena gestión de los asuntos públicos y una financiación adecuada de la educación pública de calidad para todos y todas.