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Internacional de la educación
Internacional de la educación

Los principios democráticos de Turquía se desmoronan al tiempo que el gobierno purga el sector de la educación

publicado 19 julio 2016 actualizado 1 agosto 2016

En respuesta a los últimos acontecimientos ocurridos en Turquía, la Internacional de la Educación no puede permanecer de brazos cruzados ante lo que considera como la degradación de los valores democráticos y condena enérgicamente las medidas del gobierno que tienen ahora como objetivo a los educadores del país.

“La noticia de que Turquía está ahora castigando a los educadores en respuesta al intento de golpe de estado no solo es escandalosa para nuestra profesión, sino que también muestra claramente que el clima político actual está siendo utilizado para justificar el hecho de hacer callar a cualquiera que no esté de acuerdo con el gobierno”, dice el Secretario General de la Internacional de la Educación (IE), Fred van Leeuwen, en respuesta a la suspensión y al despido de miles de trabajadores de la educación en toda Turquía. “Hacemos un llamamiento a las autoridades turcas para que respeten el estado de derecho y defiendan los valores democráticos de la sociedad turca".

La “limpieza” de la educación es solo la última medida adoptada por el gobierno para silenciar a sus críticos desde el intento de golpe de estado de la semana pasada. Los efectos colaterales del caos que se produjo han dado lugar a miles de arrestos y más de 200 muertes.

Según los informes, 15.200 trabajadores de la educación fueron suspendidos, más de 1.500 decanos de las universidades han sido obligados a dimitir y las licencias de 21.000 docentes empleados en escuelas privadas han sido revocadas.

“La Internacional de la educación no va a permanecer en silencio mientras nuestra profesión está siendo objeto de lo que viene a ser una ‘caza de brujas’”, dijo van Leeuwen. “Aunque nuestra organización rechaza firmemente el intento de golpe de estado, exigimos que el gobierno de Turquía demuestre que la democracia es la única respuesta a las acciones ilegales de los militares en lugar de justificar lo que constituye una supresión de los derechos de los ciudadanos”.