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Discurso de Penni Stewart, presidenta de la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios (CAUT), en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por la UNESCO en París, el 7 de julio de 2009.

publicado 8 julio 2009 actualizado 8 julio 2009

Me gustaría abordar el estado de la profesión académica haciendo una retrospectiva de los avances y progresos logrados desde la última Conferencia Mundial y, por otro lado, analizando el posible futuro que nos espera. Por supuesto, el tema primordial de hoy es la forma en la que la actual recesión económica mundial puede afectar al personal docente de educación superior.

Para empezar, considero que resulta esencial destacar la importancia fundamental que tiene el personal académico en el sector de la educación superior a escala mundial. Eventos como esta conferencia ponen de relieve la aportación crucial de la educación superior al bienestar de nuestras naciones. Sin embargo, este tipo de eventos suele abordarse, fundamental o exclusivamente, desde la perspectiva de los responsables políticos y dirigentes institucionales. Suele pasarse por alto la importancia que el personal académico representa para la vitalidad de los sistemas e instituciones educativas. En todo el mundo el personal académico se encuentra a la vanguardia en la lucha por proteger y fomentar la educación pública. Sin un personal académico comprometido y con talento, ninguna institución ni sistema educativo puede conseguir sus objetivos.

Esta cuestión fue reconocida en parte por los estados miembros de la UNESCO hace más de diez años con la adopción de la Recomendación sobre la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior. Esta recomendación establecía por primera vez los estándares internacionales básicos que regulan los derechos laborales y académicos del personal docente. Reconoce la importancia de la libertad académica, la seguridad laboral, la gobernanza universitaria, las responsabilidades profesionales, el derecho del académico a pertenecer a sindicatos y el derecho de negociación colectiva.

Actualmente la recesión económica que asfixia al mundo está intensificando ciertas tendencias y ejerciendo nuevamente presión sobre estos derechos y las condiciones laborales del personal docente. Me gustaría resaltar cuatro tendencias y problemas que se están produciendo, así como las consecuencias de los mismos: 1) El aumento de la contratación ocasional y por un plazo determinado en el sector; 2) el deterioro general de las condiciones laborales a la vez que existe la necesidad de contratar y mantener personal de gran calidad; 3) el debilitamiento de la gobernanza universitaria; y 4) las amenazas tanto habituales como nuevas a la libertad académica. La respuesta que den los gobiernos, las instituciones y el personal académico tendrá enormes consecuencias para el futuro de la educación superior.

Las instituciones y sistemas de todo el mundo se están viendo afectados directa e indirectamente por la crisis financiera. En muchos países el aumento del desempleo y el descenso de los ingresos tributarios están poniendo a los gobiernos en nuevas dificultades económicas. Europa del Este y la mayoría de los países en desarrollo se han visto especialmente afectados y, como consecuencia de ello, han reducido drásticamente la financiación para la educación superior. En otros países, el colapso de los mercados de valores mundiales ha resultado nefasto para los fondos de donación y pensiones. Algunos países, tales como Alemania, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda, han aumentado la financiación para la educación superior, pero gran parte de la misma se ha centrado en proyectos de infraestructuras de capital. A este respecto, aunque es cierto que ello ayuda a crear empleo a corto plazo, también es necesario realizar inversiones a largo plazo en las infraestructuras humanas de nuestras universidades y colegios universitarios si queremos garantizar un crecimiento y una sostenibilidad a largo plazo en la educación superior.

Pero, por el contrario, actualmente a nivel mundial es el personal académico el que está pagando el precio de la crisis y los errores financieros cometidos por otros. Son frecuentes las congelaciones de contrataciones y los despidos cuando, de forma simultánea, se está produciendo un aumento de las matriculaciones. Asimismo, estamos siendo testigos ya del incremento en la contratación de personal académico a tiempo parcial y por un plazo determinado; compañeros que son contratados por un salario bajo, con pocas prestaciones, si es que tienen algunas, y en condiciones precarias. Ésta es una tendencia anterior a la crisis, pero los actuales problemas a los que se enfrentan nuestras instituciones están siendo utilizados para justificar una mayor eventualidad en la profesión.

De hecho, la educación superior se está convirtiendo rápidamente en una de las profesiones más eventuales, quizá la segunda después de los servicios al por menor. En muchos países el personal académico contratado por un plazo determinado constituye la mayoría del profesorado de los sistemas universitarios. En Estados Unidos esta cifra ronda los tres cuartos. En América Central nuestros compañeros nos han informado que en los últimos diez años se han duplicado los profesores contratados de forma eventual. En la misma universidad en la que trabajo, más del 50% de la labor docente corre a cargo de personal académico o estudiantes titulados superiores contratados. Hace algunos años el gobierno de Uganda propuso eliminar la titularidad del profesorado para convertir a todo el personal docente del país en trabajadores con un contrato por un plazo determinado.

Debemos detenernos a considerar a aquellas personas que finalizan sus doctorados y no tienen ninguna perspectiva de conseguir un empleo fijo ni posibilidades seguras de superación personal. En cambio, se les ofrece empleo a tiempo parcial a largo plazo o a tiempo completo de forma temporal. Tras varios años de ardua labor docente, sin oportunidad de realizar actividades de investigación y aislados del entorno académico del profesorado fijo, cada vez en mayor medida se ven incapaces de acceder a una carrera académica “estándar”. De este modo, estamos asistiendo nada menos que a la creación de una estructura laboral definitiva en dos niveles donde la creación de conocimiento se convierte en el privilegio de un grupo cada vez menor de académicos a tiempo completo.

Las condiciones de trabajo del profesorado a tiempo parcial son normalmente precarias, especialmente si las comparamos con las de sus compañeros a tiempo completo. Muchos de ellos enseñan en múltiples cursos, a veces de distintas instituciones (académicos itinerantes). Normalmente el personal a tiempo parcial cuenta con menos oportunidades de participar en el gobierno, sus salarios son bajos en comparación con los del personal académico a tiempo completo y tienen un acceso reducido a los fondos de investigación y congresos, bibliotecas y espacios de oficinas.

Aunque quizá la desventaja más importante sea que el personal contratado por un plazo determinado no disfruta de libertad académica. Tal y como se indica en la recomendación de 1997, es la titularidad o su equivalente funcional el que proporciona la protección formal de la libertad académica. Hablemos claramente: el personal contratado por un plazo determinado no necesita ser despedido si ofende a intereses poderosos, sino que simplemente no se le renueva el contrato. En este sentido, creo que la eventualidad del personal docente es quizá actualmente la amenaza más importante para la libertad académica.

Hoy en día la eventualidad del personal docente se refleja en el deterioro general que están sufriendo las condiciones laborales a escala mundial. Una de las tendencias clave en la educación superior que ya hemos indicado durante esta conferencia ha sido el aumento del tamaño de las instituciones y el crecimiento de las tasas de participación. Un artículo reciente publicado en The Economist, por ejemplo, apuntaba que en el mundo “rico” la proporción de adultos con estudios superiores prácticamente se ha duplicado entre 1975 y 2000. Del mismo modo, se informaba de que China ha duplicado su población estudiantil en los años 90 y de que India va por el mismo camino.

Aunque, mientras ha aumentado la demanda de educación, la financiación pública por alumno se ha estancado y ha disminuido en términos reales. Normalmente la financiación ha sido insuficiente para mantener y aumentar programas de gran calidad, así como para contratar personal académico suficiente para cubrir el aumento de matriculaciones. Muchos países e instituciones han reaccionado aumentando o introduciendo tasas de matriculación, lo que constituye, de hecho, una privatización de su financiación. Y ello ha llevado a muchos a ir a la caza de un número cada vez mayor de alumnos, en especial estudiantes extranjeros a los que a menudo se les cobran unas tasas exorbitantes, convirtiendo de este modo a los universitarios en “vacas lecheras”.

¿Cuál es el resultado? Las clases cada vez mayores se están convirtiendo en una norma y el porcentaje de alumnos por profesor se está disparando. Los alumnos cada vez pagan más, pero a menudo obtienen menos a cambio. El personal académico cuenta con una mayor carga de trabajo y sufre un mayor nivel de estrés. Distintos estudios realizados recientemente en el Reino Unido, Canadá y Australia confirman que un número cada vez mayor de personal académico está desarrollando cuadros de estrés, lo que está provocando importantes problemas de salud físicos y mentales.

Asimismo, se están reduciendo los salarios del personal académico y detrás están cayendo también los de otros profesionales. El gasto institucional para salarios de rango académico ha descendido drásticamente en la mayoría de los países miembros de la OCDE, por ejemplo. Teniendo en cuenta todos estos aspectos (la eventualidad de la profesión, el aumento de la carga de trabajo, una mayor presión en la producción y el descenso en la remuneración) podemos entender lo difícil que va a ser en el futuro contratar y mantener personal académico.

Por supuesto, el reto al que se enfrentan los países en desarrollo es aún mayor. A pesar de los años que se lleva debatiendo, la comunidad internacional no ha sido capaz de abordar el creciente problema de la fuga de cerebros. Como académicos, defendemos enérgicamente el derecho de movilidad laboral, pero también es obvio que la exportación de profesores, investigadores y otro tipo de personal altamente cualificado está paralizando a las sociedades más pobres y, en especial, a la región africana. Ha llegado la hora de que nos planteemos formas concretas de mitigar y dar marcha atrás a los efectos perjudiciales de la fuga de cerebros, tales como proporcionar compensaciones económicas a los países que pierden personal cualificado, ayudar a los países en desarrollo a construir sus propios sistemas nacionales de educación superior e investigación, fomentar el intercambio de alumnos y profesores para promover la transferencia de conocimiento en ambos sentidos y estimular los proyectos de colaboración y las redes de investigación entre los distintos países e instituciones. Los sindicatos de profesores como el mío ansían contribuir a esta labor.

Asimismo, es importante subrayar el hecho de que el problema de las condiciones laborales también tiene que ver con la igualdad y el género. En todo el mundo los cargos académicos, en especial los de mayor rango, siguen siendo ostentados en su mayoría por hombres. La población indígena y las minorías continúan teniendo una representación deficiente en el personal académico. Del mismo modo, los logros de las personas discapacitadas han sido mínimos. La situación de las mujeres académicas ha ido mejorando con el paso del tiempo, aunque, desgraciadamente, esto se deba en parte al nuevo carácter eventual del trabajo académico: existe mayor probabilidad de contratar a mujeres por un plazo determinado. Entre los cargos a tiempo completo y permanentes, continúan dándose desequilibrios disciplinarios. Las mujeres suelen estar excluidas de las ciencias y la ingeniería y se concentran en las disciplinas tradicionalmente “fáciles”. Asimismo, el progreso profesional de las mujeres continúa yendo a la zaga del de sus compañeros masculinos. Ellas tienen poca representación en los altos cargos, ascienden a un ritmo más lento y ganan menos que sus compañeros.

A continuación me gustaría tratar el tema de la gobernanza. La financiación deficitaria, la estancación salarial y la eventualidad han surgido en un contexto en el que la gobernanza universitaria se está debilitando. En un número cada vez mayor de países, como Canadá, Francia, Israel y Dinamarca, las estructuras institucionales han sido o están siendo modificadas para consolidar el poder de la administración a expensas del personal académico.

La participación en la toma de decisiones, la cual es tradicionalmente reconocida como característica de la gobernanza autónoma, está siendo atacada por aquellos que consideran que se debe restringir la autonomía, que el personal académico debe estar más controlado por la supervisión burocrática, que la gestión de la educación superior debe centralizarse más y que la gestión académica debe correr a cargo de profesionales no vinculados a la labor docente. Cada vez en mayor medida instituciones universitarias como la junta de gobierno están perdiendo autoridad en la toma de decisiones académicas a favor de las oficinas presidenciales o la administración central.

La pérdida de autonomía en la toma de decisiones también se refleja en la tendencia de los gobiernos a quitar importancia a la investigación movida por la curiosidad y al sistema de revisión por expertos, así como a dirigir la financiación en investigación a prioridades políticas y a reestructurar las autoridades otorgantes para aumentar la influencia de personas ajenas al mundo académico sobre las decisiones de financiación de labores de investigación.

Por ultimo, me gustaría finalizar mi intervención con algunos comentarios sobre la libertad académica. A pesar de que se han logrado ciertos avances desde la última confen Mundial sobre Educación Superior, sigue siendo una realidad que, en demasiados países, el personal académico es acosado e intimidado y sufre violencia al tratar de desempeñar su labor como educadores. Tal y como hemos podido observar recientemente, cuando estallan crisis políticas y sociales, el personal académico y el alumnado son de los primeros en estar en el punto de mira, a menudo en el ejercicio de sus libertades civiles básicas y su libertad académica. En los países y territorios donde están restringidas las libertades civiles básicas, tales como la libertad de expresión, asociación y movimiento, no puede ejercerse tampoco la libertad académica. En todas las partes del mundo continúan existiendo graves violaciones de los derechos laborales básicos del personal académico, como el derecho a organizar sindicatos y a participar en negociaciones colectivas.

Pero la libertad académica no se ve afectada únicamente por los disturbios y las guerras. Debemos admitir que existen prácticas sistemáticas que también suponen una amenaza para la libertad académica. La eventualidad del trabajo académico, tal y como he indicado, constituye uno de los problemas más serios en este aspecto, ya que sin seguridad laboral no puede existir libertad. La privatización también perjudica a la libertad académica ya que el profesorado depende en mayor medida de donantes privados para obtener fondos para investigación.

La libertad académica también se ha visto comprometida por el aumento de leyes antiterroristas: existe profesorado que ha sufrido deportaciones, amenazas de deportaciones, arrestos y denegaciones para desplazarse a eventos académicos. . En mi país, a Bill Ayers, un conocido académico estadounidense con un famoso historial como activista contra las guerras desde la era de Vietnam, le fue denegado el derecho a entrar en el país para dar una conferencia académica. En el Reino Unido se ha acusado a diversos académicos por la descarga de cierto material. Pero las amenazas no necesitan ser tangibles para eliminar la libertad académica. El miedo a lo que pueda suceder provoca la autocensura en las labores de investigación y docencia.

Es hora de que todos los estados miembros de la UNESCO adopten e implanten los principios de libertad académica tal y como se encuentran articulados en la Recomendación de 1997 sobre la condición del personal docente de la enseñanza superior. Ningún sistema de educación superior ni ninguna universidad puede cumplir su misión de contribuir al progreso del conocimiento cuando el personal docente no cuenta con libertad académica.

Como comentario final añadiré: Nuestra generación de académicos se enfrenta a extraordinarios retos y el futuro no siempre está claro. Debemos continuar concienciando a nuestros colegas y al público en general acerca de los problemas y obstáculos a los que nos enfrentamos. Asimismo, el personal académico debe continuar fomentando una educación pública de gran calidad, defendiendo la gobernanza universitaria y combatiendo enérgicamente para proteger la libertad académica.