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El presidente Donald Trump ha declarado la guerra a las universidades estadounidenses, exigiéndoles que se dobleguen a sus demandas sobre qué pueden enseñar o a quién pueden contratar. Las medidas ilegales y autocráticas de Trump constituyen una batalla contra el conocimiento cuyo fin es obligar a los centros educativos a rendirse a su ideología e impedir la libertad de expresión y la actividad académica.

Trump asegura que, en esencia, su ofensiva contra la educación superior responde al antisemitismo de los campus. Sin duda, había antisemitismo antes de las atroces acciones de Hamás del 7 de octubre y de la consiguiente guerra, y ha aumentado desde entonces. Tenemos que enfrentar el antisemitismo en la universidad y garantizar que todo el estudiantado judío, y todo el alumnado en general, se siente seguro. Pero Trump está convirtiendo las investigaciones en este ámbito en un arma para atacar los discursos de desaprobación y azuzar las guerras culturales, la desconfianza y la división, además de para socavar la función de la educación superior como bastión de la democracia y motor de nuestra economía. Esto está mal, es antidemocrático e inconstitucional. El gobierno está utilizando a la comunidad judía como excusa para hacer desaparecer a estudiantes que están en el país legalmente, con el personal de inmigración arrestando e intentando deportar sin el debido proceso judicial —que es una de las bases del sistema político estadounidense— a estudiantes sin que hayan cometido ningún delito.

Esto puede contribuir al objetivo de Trump de dividir a la población, pero no hará que los campus sean más seguros para el alumnado judío ni resolverá el antisemitismo. Ese es uno de los motivos por los que una coalición de organizaciones judías ha publicado un comunicado afirmando que la actuación del presidente perjudica la seguridad del estudiantado y las comunidades judías en los Estados Unidos.

Trump ha mandado a investigar decenas de universidades y facultades, y ha retirado a los centros educativos miles de millones en fondos para investigación. Así mismo, su administración ha planteado demandas que van desde la supervisión directa de los programas académicos —o de toda la institución, en el caso de la Universidad de Columbia— hasta imponer políticas disciplinarias y controlar las decisiones de contratación. Está arremetiendo contra el estudiantado por ejercer sus derechos al amparo de la primera enmienda y revocando visados al profesorado y al personal. Su intención es rehacer el sistema nacional de educación superior a su imagen y semejanza a través de la fuerza pura y dura.

La libertad de investigación, de expresión y de opinión son derechos fundamentales del pueblo estadounidense y resultan esenciales para una democracia funcional. Las escuelas y universidades públicas nacionales cultivan la búsqueda del conocimiento y la libertad de expresión, facultando al alumnado para formar parte de una ciudadanía comprometida. Una de sus señas distintivas es su carácter de espacios que fomentan el libre intercambio de ideas, los debates abiertos y las discrepancias, lo que se consigue garantizando la independencia de nuestras instituciones educativas, sin coerciones ni injerencias gubernamentales. Cuando un gobierno ejerce el control sobre lo que se puede enseñar, pensar o decir, peligra la democracia misma.

La libertad de pensamiento empodera a la población estadounidense.

Despojar de fondos a las instituciones académicas para obligarlas a obedecer mermará la competitividad estadounidense y contribuirá a que nuestros adversarios nos superen en el ámbito tecnológico y en otros campos. Los centros de innovación y desarrollo de Estados Unidos han sido durante mucho tiempo la envidia del mundo. El promotor fundamental de los estudios médicos, científicos, tecnológicos y de otras disciplinas es el gobierno federal, a través de las subvenciones y las agencias federales. Somos líderes mundiales en investigación, una investigación que el sector privado no puede hacer y no hará en solitario y que se concreta en descubrimientos, innovaciones, curas y avances que repercuten en el bien común e impulsan el progreso de nuestra sociedad. Las facultades y universidades también son pilares de sus comunidades: apoyan a los pequeños negocios y el empleo local, aportan espacios comunitarios de reunión y desarrollan sectores industriales vinculados a la innovación y la investigación.

Debemos oponernos a esta guerra contra el conocimiento y la libertad de expresión en los tribunales, en las calles y en los campus.

Como principal sindicato de personal académico y de apoyo de la educación superior, la AFT se ha unido a nuestra afiliada, la Asociación Estadounidense de Profesorado Universitario, para demandar a la administración de Trump en representación de las bases por el ilegal recorte millonario de la financiación para la investigación médica pública en Columbia.

La Universidad de Harvard rechazó valientemente las inéditas e ilegítimas pretensiones de control gubernamental de Trump. El presidente de Harvard escribió que "ningún gobierno [...] debe imponer qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir o contratar y qué campos de estudio e investigación deben elegir".

La población estadounidense también ha tomado las calles para plantar cara a esta ofensiva contra el conocimiento y las libertades. Los ataques a la educación superior fueron uno de los focos del movimiento Hands Off que el pasado 5 de abril movilizó a decenas de miles de personas de todo el país en rechazo de la cruel y caótica agenda de Trump.

La libre búsqueda del conocimiento y su disponibilidad empoderan a la ciudadanía estadounidense, refuerzan nuestra economía y democracia y son cruciales para que surjan oportunidades. Por todo ello debemos unirnos y oponernos a esta guerra contra el conocimiento.