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La Internacional de la Educación (IE) ha publicado una rotunda condena a la adopción del controvertido proyecto de ley 2, o “ley de regreso a la escuela”, por parte del Gobierno de Alberta. La legislación hace uso de la cláusula derogatoria y anula los derechos de 51.000 docentes en huelga.

En una carta formal enviada a la jefa del Gobierno de Alberta, Danielle Smith, el secretario general de la IE, David Edwards, se suma a la Federación Canadiense de Docentes (CTF) y la Asociación de Docentes de Alberta (ATA) para denunciar la legislación, a la que tildan de violación directa de una serie de derechos laborales fundamentales. Entre ellos se encuentran los derechos de sindicación, negociación colectiva y participación en huelgas legítimas, que están consagrados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y se reconocen en las normas internacionales del trabajo.

La “ley de regreso a la escuela” y la cláusula derogatoria no permiten a la Asociación de Docentes de Alberta (ATA) negociar o ponerse en huelga hasta septiembre de 2028, e impiden que cualquier tribunal pueda anular la ley. El Gobierno provincial de Alberta aprobó esta legislación con el objeto de poner fin a la huelga que el profesorado había iniciado a principios de octubre para denunciar el déficit de financiación educativa y el deterioro de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje en los centros escolares de Alberta.

“Esta criminalización de una movilización sindical legítima socava el principio de libertad de asociación, así como unas relaciones laborales armoniosas”, señala Edwards. “En lugar de abordar las causas subyacentes de la controversia —el déficit crónico de financiación de la educación pública, la escasez de docentes, las aulas superpobladas y el deterioro de las condiciones de trabajo—, el Gobierno de Alberta ha decidido exacerbar la crisis”, continúa.

La IE advierte de que ese tipo de medidas no solo erosionan la calidad de la educación pública, sino que también debilitan la función democrática de los sindicatos, que son esenciales para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para exigir responsabilidades a los Gobiernos. “Cuando se priva a los sindicatos de su capacidad de negociar colectivamente o emprender movilizaciones legítimas, la participación democrática sufre”, destaca Edwards.

Aunque la ATA ha decidido cumplir la controvertida legislación que ordena el regreso del personal docente a la escuela, el sindicato está examinando vías legales para impugnar el proyecto de ley. “El profesorado cumplirá la ley, pero no nos engañemos, el cumplimiento no es consentimiento. La asociación luchará contra este abuso de poder con todos los instrumentos que prevé la ley y con cada ápice de convicción que poseemos”, declara el presidente de la ATA, Jason Schilling. “El Gobierno ha puesto fin a la huelga, pero no ha acabado con la crisis en las aulas de la provincia”, añade.

La Internacional de la Educación se solidariza plenamente con la CTF y la ATA en su oposición al proyecto de ley 2. La IE insta al Gobierno de Alberta a derogar la legislación y retomar unas negociaciones justas y democráticas. La organización insta además al Gobierno Federal de Canadá y al primer ministro Mark Carney a revisar el uso de la cláusula derogatoria cuando se emplea para suprimir libertades y derechos fundamentales.