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Estar en un espacio con mujeres de todo el mundo –cada una con sus propias historias, responsabilidades y razones para estar allí– es siempre una experiencia poderosa. Se siente el peso de esa energía, pero también la conciencia de una fuerza compartida al saber que una no está sola en esta labor.

Ha sido la sexta vez que asisto a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, pero este año las sensaciones han sido distintas. Este año asistí como parte de la delegación de la Internacional de la Educación (IE), junto a mujeres líderes sindicales del sector educativo de Ghana, Tayikistán, las Bahamas, Noruega, Canadá, India y el Reino Unido. La reunión fue considerablemente más reducida que en años anteriores, algo que muchas atribuyeron al actual clima político; pero también dio la impresión de que las conversaciones estaban más focalizadas y, en cierto modo, que eran más urgentes.

El tema de este año se centró en garantizar y reforzar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas, lo que significa examinar detenidamente cómo funcionan –o no funcionan– los sistemas, cuestionar las leyes discriminatorias e identificar las barreras estructurales que siguen limitando una participación plena y sin riesgos en la sociedad. Puede que estas ideas parezcan grandilocuentes y abrumadoras, pero no cabe duda de que están directamente relacionadas con lo que vemos a diario en nuestras propias escuelas y comunidades.

La CSW es uno de los pocos espacios en los que mujeres de todo el mundo se reúnen de esta manera: diferentes idiomas, culturas y experiencias vividas, y un compromiso compartido con la igualdad de género y los derechos humanos. Este año no pude pasar por alto la ausencia en muchos de esos espacios de las voces indígenas de América del Norte. En un encuentro de las Naciones Unidas cuyo edificio estaba situado en las tierras ancestrales del pueblo lenape, esa ausencia es muy significativa. Es necesario señalarla, sobre todo en espacios donde se toman decisiones globales.

A través de la IE, y junto con compañeras del Canadian Labour Congress (CLC), formábamos parte de una presencia sindical global más amplia. Estuvimos trabajando en estrecha colaboración con la Confederación Sindical Internacional (CSI), junto con otros socios de sindicatos mundiales como la Internacional de Servicios Públicos (ISP). El discurso sindical fue claro y decidido y demostró que existía un consenso sobre las prioridades compartidas en torno a los derechos de las trabajadoras, la equidad y unos sistemas públicos sólidos.

Uno de los resultados clave de la CSW lo constituyen las Conclusiones Acordadas, el documento que los Estados miembros negocian y adoptan, en el que se exponen los compromisos de cara al futuro. No es un proceso sencillo. Los países se presentan con perspectivas muy diferentes, y hay momentos en el debate en que la tensión es evidente.

Desde el punto de vista de los sindicatos, se presionó mucho para garantizar que en el documento final se incluyeran unas condiciones de trabajo seguras y equitativas. Esto es importante, porque la igualdad de género está muy relacionada con las condiciones de trabajo. Es una cuestión de seguridad, salarios justos y protección frente a la violencia, problemas reales que afectan a las mujeres a diario, incluyendo a las que trabajan en el sector de la educación y los servicios públicos.

También hubo momentos que me recordaron cuán frágiles pueden ser los avances. Durante las negociaciones hubo tentativas, encabezadas por Estados Unidos, de reexaminar la terminología utilizada en los documentos, de reconsiderar la definición de género, de restringir la definición a “hombre” y “mujer”. Se adoptó la terminología original, más inclusiva, pero fue un recordatorio de que los valores accesibles, inclusivos y centrados en la equidad se están viendo amenazados. Ahora más que nunca, debemos permanecer alerta para defender unas normas que protejan a todas las personas.

Al final, los Estados miembros adoptaron las Conclusiones Acordadas, centradas en reforzar el acceso a la justicia. El acuerdo incluye compromisos para llevar a cabo reformas jurídicas, la eliminación de leyes discriminatorias y medidas para hacer frente a las barreras sistémicas, el tipo de barreras que impiden a las mujeres y las niñas participar de forma segura y significativa en la sociedad.

Para mí, en mi calidad de anishinaabekwe (mujer de las Primeras Naciones), madre, educadora y líder sindical, estas conversaciones a escala mundial son inseparables de lo que vemos en casa. La violencia de género sigue afectando a comunidades de toda América del Norte y repercute de manera desproporcionada en las mujeres y niñas indígenas. Cuando hablamos de justicia, tenemos que ser honestas respecto a dónde siguen fallando los sistemas, dónde las ayudas no son accesibles, no son equitativas o no son culturalmente seguras.

Estar en la CSW, sentada junto a mujeres de todo el mundo, escuchar sus experiencias y reconocer las conexiones entre nuestras luchas me reafirmó que se trata de una labor compartida. Puede que hayamos vivido experiencias distintas, pero muchos de los retos son los mismos, al igual que lo es la necesidad de una acción colectiva.

Como docentes, formamos parte de esta labor, tanto si lo nombramos como si no. Las escuelas son lugares donde se manifiestan estas realidades, pero también son lugares donde pueden producirse cambios. La educación pública tiene la responsabilidad de crear entornos más seguros e inclusivos, y de ayudar al estudiantado a comprender la equidad, la justicia y cuál es su papel en la configuración de ese futuro.

Como sindicalistas, también tenemos ciertas responsabilidades. Nuestro trabajo no se limita a contratos y condiciones laborales, sino que también consiste en garantizar que mantenemos la dignidad, la equidad y la defensa. La labor que realizamos a través de la negociación, el apoyo a la afiliación y la defensa pública está directamente relacionada con la eliminación de las barreras sistémicas y el avance de la justicia de género. La existencia de sindicatos fuertes contribuye a la existencia de sistemas públicos fuertes, y ambas cosas son importantes.

Tras la CSW70, tengo muy presente que los compromisos globales solo importan si se trasladan a nuestro trabajo diario y a nuestras interacciones con las personas que nos rodean. Las conversaciones que tienen lugar en las Naciones Unidas deben proseguir en nuestras aulas, nuestras escuelas, nuestros sindicatos y nuestras comunidades.

Porque el acceso a la justicia no es solo algo de lo que hablamos a nivel mundial, es algo que nuestro estudiantado, familias y comunidades merecen y deberían poder sentir en su vida cotidiana.