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Ante una guerra en Oriente Medio que continúa destruyendo vidas, comunidades y sistemas educativos, la Internacional de la Educación (IE) exige un alto el fuego inmediato y sostenido, una desescalada total de los enfrentamientos y la protección del alumnado, el profesorado y el personal educativo de toda la región.

Dado que la guerra actual sigue provocando una pérdida inaceptable de vidas civiles, traumas generalizados, desplazamientos forzados y la destrucción de infraestructuras civiles esenciales, el Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación aprobó una resolución urgente durante su reunión del pasado 23 de abril de 2026.

La resolución, adoptada por unanimidad durante su 72ª reunión, establece que "todo alto el fuego debe ser integral y conducir a una desescalada total; además, debe incluir explícitamente a Líbano, donde los continuos ataques militares israelíes vinculados a la escalada regional ya han provocado graves consecuencias humanas, sociales e infraestructurales".

Con la guerra aún en curso, numerosos centros educativos y universidades de todo Oriente Medio han resultado dañados, han sido destruidos o han quedado inaccesibles, una situación que está privando a millones de menores y jóvenes de su derecho fundamental a la educación. El profesorado y el personal de apoyo educativo figuran entre los colectivos más afectados, al verse expuestos a la violencia, la intimidación, la pérdida de ingresos y el colapso de espacios seguros para la enseñanza y el aprendizaje.

Un llamamiento al alto el fuego, la protección y el acceso humanitario

La resolución también reivindica "el pleno respeto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en materia de derechos humanos, incluida la protección de la población civil, la prohibición de ataques contra escuelas y universidades, y el cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad".

La IE reafirma que las escuelas, las universidades y todos los espacios educativos son "espacios civiles protegidos que bajo ninguna circunstancia deben ser blanco de ataques", e insiste en la necesidad de "garantizar la protección del profesorado y del personal educativo frente a la violencia, la persecución, el acoso y la intimidación para que puedan desempeñar sus funciones profesionales de forma segura y digna".

Asimismo, la Internacional de la Educación insta a "todas las partes a garantizar un acceso humanitario seguro, sin restricciones y sostenido para las poblaciones afectadas, con especial atención a la infancia, el alumnado, el profesorado y el personal educativo".

Además, la resolución exige "medidas para defender el derecho a la educación y los derechos del profesorado y del personal educativo en situaciones de conflicto y crisis, (y) continuar apoyando las luchas de los sindicatos de la educación contra el autoritarismo y en defensa de los derechos democráticos y sindicales".

Para la Internacional de la Educación, la recuperación tras el conflicto debe abarcar: la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras educativas dañadas y destruidas; el apoyo psicosocial para el alumnado, el profesorado y el personal educativo afectados por el trauma; la reconstrucción de sistemas públicos de educación inclusivos, equitativos, sólidos y de calidad; y la participación activa del profesorado y de sus sindicatos en la recuperación y la reforma educativa.

Solidaridad mundial y presión política

La federación mundial de sindicatos de la educación también insta a sus organizaciones afiliadas a "incrementar las acciones de incidencia y presión política sobre sus respectivos gobiernos para apoyar un alto el fuego, defender el derecho humanitario internacional y adoptar medidas concretas para poner fin a los ataques contra la población civil y la educación". Asimismo, deben "reclamar un aumento sostenido de la financiación para la educación en situaciones de emergencia", con el fin de garantizar la continuidad de la enseñanza y la protección de los sistemas educativos en contextos de crisis.

La IE seguirá reforzando la incidencia política, la solidaridad y la acción internacional para defender el derecho a la educación y los derechos del profesorado y del personal educativo en situaciones de conflicto y crisis.

El texto íntegro de la resolución está disponible aquí.