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Bélgica: frente común entre sindicatos y ciudadanos contra la subida de los precios de la energía y las reformas del Gobierno

publicado 12 mayo 2026 actualizado 26 mayo 2026

El aumento de los precios de la energía y las denominadas reformas “Arizona” del Gobierno federal, consideradas antisociales, han llevado a decenas de miles de personas a responder al llamamiento del frente sindical común belga de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC), la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) y la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB).

Esta jornada de acción continúa las diversas movilizaciones celebradas en los últimos meses. Además, tiene lugar en vísperas de una votación crucial en la Cámara sobre una propuesta de reforma de las pensiones, que introduce particularmente la introducción de una “penalización de las pensiones” y ha generado el rechazo generalizado del movimiento sindical.

Las pensiones, el poder adquisitivo y la indexación, en el centro de las reivindicaciones

El descontento social gira en torno de la erosión de las pensiones, la pérdida de poder adquisitivo, el cuestionamiento de la indexación salarial automática y el deterioro de las condiciones de trabajo. En un contexto de precios energéticos al alza y de una persistente incertidumbre económica, los sindicatos condenan unas opciones políticas a las que califican sin rodeos de “antisociales”.

El frente sindical común constata claramente que “los trabajadores y las trabajadoras de este país ya han contribuido lo suficiente al esfuerzo. Es hora de plantearse seriamente una contribución justa por parte de quienes tienen ‘las espaldas más anchas’”.

Asimismo, los sindicatos señalan que “las reformas Arizona pesan únicamente sobre las personas trabajadoras. Ya es hora de dejar de buscar el dinero en los bolsillos de quienes trabajan y de levantar el tabú sobre los ingresos fiscales y gravar los grandes patrimonios”.

Perturbaciones en numerosos sectores

Al igual que en anteriores jornadas de acción, la movilización del 12 de mayo ha tenido repercusiones significativas. El transporte, los aeropuertos y varios servicios públicos experimentaron importantes perturbaciones, lo que indica la magnitud del malestar social y de la determinación del movimiento sindical de hacer oír su voz.

El sector educativo y la sociedad civil en primera línea

La movilización trasciende en gran medida el marco sindical tradicional. Numerosas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su apoyo, especialmente en el sector educativo, el cual constituye el blanco directo de varias de las controvertidas reformas.

El colectivo educativo interredes de la Federación Valonia-Bruselas, Mars Attacks! (Marte ataca) ha hecho un llamamiento a todas las partes integrantes del sector educativo para que se sumen a la manifestación nacional. El colectivo condena a un Gobierno que “ataca de forma escandalosa a la educación” y pone en guardia contra unas políticas que agravan las desigualdades educativas y sociales.

El colectivo destaca particularmente la supresión de las comidas escolares gratuitas para el alumnado de la enseñanza primaria, la aplicación de circulares aun antes de que se hayan aprobado las leyes y el traslado de la carga financiera a las familias. “Te das perfectamente cuenta de que la escuela va directo al desastre porque tenemos a la cabeza un Gobierno que carece de escrúpulos”, afirma el colectivo, e invita a los manifestantes a desfilar en clave simbólica vestidos de “marcianos, con o sin máscaras de marciano”.

Reivindicaciones y preocupaciones persistentes de los sindicatos de la educación

Los sindicatos belgas de la educación, con el apoyo de las familias y el alumnado, ya se han movilizado en varias ocasiones en el curso de 2026 en la Federación Valonia-Bruselas para expresar su preocupación “por las políticas de austeridad que atacan a la juventud y sacrifican el futuro de nuestros hijos, hijas y jóvenes”.

Aseguran que “las decisiones políticas actuales están poniendo en peligro al personal de la educación, al alumnado y al futuro del servicio público”. Explican que el pretexto presupuestario no se sostiene; las medidas adoptadas ejercen un impacto negativo en los equipos educativos, afectan directamente a los recursos de las escuelas, despojan a la profesión de su sentido, conducen a un debilitamiento de la educación pública y corren el riesgo de exacerbar las desigualdades, tanto para el alumnado como para el personal de la educación.

Por lo tanto, rechazan “una educación que excluye en lugar de apoyar y capacitar” y denuncian “la incertidumbre y el caos impuestos” por las políticas actuales y por “este Gobierno que hace oídos sordos al sufrimiento de la juventud”.

Exigen “una educación gratuita y de alta calidad accesible para todas y todos”, “una educación emancipadora y no una educación que vulnere a los más frágiles” y “medidas políticas que reduzcan las desigualdades y no que las refuercen”.

Estas reivindicaciones están plenamente en consonancia con las que promueve la campaña de la Internacional de la Educación, ¡Por la pública! Creamos escuela, un llamamiento urgente a los gobiernos para que inviertan en la educación pública, un derecho humano fundamental y un bien público, y para que inviertan más en el profesorado, el factor más importante para lograr una educación de calidad.