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La educación de la primera infancia (EPI) está siendo reconocida cada vez más como una piedra angular del derecho a la educación. Sin embargo, en todo el mundo, la creciente brecha entre los compromisos públicos y la inversión pública está favoreciendo el auge de la privatización, muchas veces a costa de los niños y las niñas, las familias y los trabajadores y las trabajadoras de la educación.

El 1 de julio de 2026, el seminario web titulado “La privatización de la educación y el cuidado de la primera infancia: ¿qué está en juego?” reunió a una coalición mundial de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y defensoras/es de la educación para la presentación de nuevas publicaciones. Una de ellas trata sobre la “Privatización de la educación y el cuidado de la primera infancia: Las tendencias, los retos y las implicaciones en materia de derechos humanos”, y la otra aborda la “Privatización de la educación y el cuidado de la primera infancia: Tendencias e implicaciones políticas en Argentina”.

Los informes examinan la creciente privatización de la EPI y las políticas necesarias para consolidar una educación de la primera infancia que sea efectivamente pública, gratuita y de calidad para todos/as los niños y las niñas. Destacan asimismo hasta qué punto las fuerzas del mercado están agravando las desigualdades, y por qué los gobiernos deben actuar ya. El mensaje es claro: sin unos sistemas públicos sólidos, la EPI corre el riesgo de convertirse en una mercancía en lugar de un derecho universal.

Estas publicaciones han sido editadas y encargadas conjuntamente por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Internacional de la Educación, la Campaña Mundial por la Educación, la Initiative for Social and Economic Rights, la Right to Education Initiative, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y la Public Education and Human Rights Coalition. La Internacional de la Educación ha contribuido aportando datos, así como en la edición y revisión de los textos.

Una tendencia mundial propiciada por la falta de inversión

En sus discurso de presentación, Mercedes Mayol Lassalle, expresidenta de la OMEP y profesora de Políticas Públicas para la Primer Infancia en la Universidad de Buenos Aires, recalcó: “Lo que está en juego es el derecho de todos/as los niños y las niñas pequeños/as a un comienzo justo en la vida. La oferta privada no reduce la responsabilidad pública. Por el contrario, exige una gobernanza estatal más sólida, una regulación más estricta y un compromiso público renovado para con los derechos de los niños y las niñas”.

Asimismo, Mayol centró el debate en los derechos: “La verdadera pregunta es: ¿cómo podemos garantizar que todos/as los niños y las niñas disfruten del derecho a una EPI de calidad, independientemente de quién preste el servicio?”.

La oferta privada en el ámbito de la EPI no es un proceso inevitable, sino más bien la consecuencia directa de determinadas decisiones políticas; y los estudios subrayan que la privatización afianza efectivamente la desigualdad desde los primeros años de vida.

Rajakumari Michaelsamy, responsable de Programas de Educación y Cuidado de la Primera Infancia en Right to Education Initiative y autora de Privatización de la educación y el cuidado de la primera infancia: Las tendencias, los retos y las implicaciones en materia de derechos humanos, considera que “la privatización de la EPI constituye actualmente una tendencia mundial en auge. Los actores privados dominan tanto el segmento de la EPI para menores de tres años, como el de la educación preescolar”.

Michaelsamy añadió que las deficiencias en los marcos jurídicos, el reducido gasto público y la persistente consideración del cuidado infantil como una responsabilidad privada son factores clave que favorecen la privatización. La EPI –señaló– no recibe más que una pequeña parte de unos presupuestos educativos ya de por sí limitados, lo que deja la puerta abierta para que los proveedores privados vayan ganando terreno.

Las consecuencias son de gran alcance: “Menos acceso, mayores costes y crecientes desigualdades, especialmente para los niños y las niñas de comunidades marginadas”, afirmó Michaelsamy.

Basándose en las conclusiones de su estudio monográfico sobre Argentina, titulado Privatización de la educación y el cuidado de la primera infancia: Tendencias e implicaciones políticas en Argentina, Carolina Semmoloni, ex representante de jóvenes de la OMEP ante la UNESCO y codirectora de la iniciativa de investigación sobre educación y cuidado de la primera infancia en el Centro de Investigación Aplicada en Educación San Andrés, señaló que la limitada oferta pública obliga a las familias a recurrir al mercado privado: “El acceso a la educación y el cuidado de la primera infancia suele verse condicionado por la situación socioeconómica de la familia”, lo que contribuye a “reforzar las desigualdades sociales y económicas existentes”.

El déficit de infraestructuras y la fragilidad de los marcos normativos favorecen la expansión de los proveedores privados “por defecto y por omisión”, explicó Semmoloni. En el caso concreto de los niños y las niñas más pequeños/as, el acceso a una educación de calidad suele depender de lo que las familias puedan permitirse.

Un fallo sistémico que afecta a los trabajadores y las trabajadoras de la educación

Al mismo tiempo, la privatización está reconfigurando el mundo del trabajo en el ámbito de la educación de la primera infancia.

Como subrayó Cassandra Hallett, secretaria general adjunta de la Internacional de la Educación: “Cuando los gobiernos no garantizan el derecho a la educación de la primera infancia mediante unos sistemas públicos sólidos, una financiación pública adecuada y medidas de protección jurídica firmes, la privatización se expande para llenar ese vacío. El ámbito en el que esto resulta más evidente es precisamente el de la educación de la primera infancia”.

Y las repercusiones para los educadores y las educadores son innegables. “La expansión de la oferta privada suele ir acompañada de condiciones de trabajo problemáticas, en particular salarios más bajos, un empleo precario, oportunidades limitadas de desarrollo profesional, cualificaciones inadecuadas, protecciones laborales débiles y un acceso restringido a la negociación colectiva”.

A continuación, Hallett señaló que la educación de calidad depende del trabajo decente. “No puede haber una EPI de calidad sin docentes y personal de apoyo educativo que estén cualificados/as y reciban el apoyo y el respecto necesarios. No puede haber una EPI de calidad sin trabajo decente”.

Dado que las mujeres constituyen la gran mayoría del personal dedicado a la EPI, estas tendencias también refuerzan la desigualdad de género, tanto en el empleo remunerado como en el trabajo de cuidados no remunerado.

“El informe destaca igualmente las dimensiones de género de la privatización de la EPI. Las mujeres constituyen más del 90% del personal dedicado a la EPI. Cuando los servicios se privatizan y no están suficientemente regulados, a menudo son las trabajadoras las que se ven sometidas a salarios bajos, a un empleo precario y a un reconocimiento profesional inadecuado. Al mismo tiempo, cuando no se dispone de una educación de la primera infancia asequible y financiada con fondos públicos, las mujeres son las que asumen una parte desproporcionada de las responsabilidades del trabajo de cuidados no remunerado, lo que con frecuencia limita sus oportunidades para tener un empleo remunerado, acceder a la educación y participar en la vida pública. Por lo tanto, para promover la igualdad de género es necesario reducir la carga del trabajo de cuidados no remunerado y garantizar que el trabajo remunerado en el ámbito de los cuidados y la educación se valore, se reconozca y se dote del apoyo necesario”, añadió Hallett.

Concluyó:

Llamamiento para reivindicar la EPI como un bien público y para luchar contra las desigualdades

Según Anna Cristina D’Addio, analista principal de políticas educativas en el equipo del Informe GEM de la UNESCO, los datos muestran una clara tendencia en todas las regiones: “La EPI es el nivel educativo más privatizado en prácticamente todas partes, y los niños y las niñas más pequeños/as son los más afectados/as por la privatización en el ámbito de la EPI”.

D’Addio destacó asimismo que una gobernanza débil y una inversión insuficiente crean “un vacío normativo y financiero” en el que los proveedores privados prosperan, a menudo sin una supervisión adecuada. En muchos sistemas, la fragmentación de responsabilidades entre ministerios socava aún más la rendición de cuentas y la coherencia.

Advirtió de que esta dinámica corre el riesgo de reemplazar los recursos públicos en lugar de complementarlos. Cuando los Estados no actúan, los actores privados entran en escena.

Las graves consecuencias de este tipo de políticas pueden constatarse ya en lugares como Uganda. Angella Kasule Nabwowe, directora ejecutiva de Initiative for Social and Economic Rights, describió un sistema en el que las familias son las que cargan con el peso: “La privatización no suele ser una elección política, sino una consecuencia de una inversión pública insuficiente en la EPI. El acceso sigue dependiendo en gran medida de lo que las familias pueden permitirse pagar”.

Dado que la mayoría de los niños y las niñas quedan excluidos/as de la educación formal de la primera infancia, y que los proveedores privados no están en gran medida sujetos a regulación alguna, las desigualdades se están agravando. La oferta pública sigue siendo mínima, sobre todo en las zonas rurales, señaló.

Aunque quizás no sea posible revertir la privatización a corto plazo, una regulación estricta es innegociable. Colette Byrne, investigadora del Early Childhood Research Centre vinculado a la Universidad de la Ciudad de Dublín, insistió en que los Estados no pueden externalizar la responsabilidad: “Aunque los servicios se externalicen, la responsabilidad no puede externalizarse: el Estado sigue siendo el principal responsable”.

Byrne abogó por unos marcos de rendición de cuentas sólidos que vayan más allá de los indicadores financieros, cuestionando a quién se está excluyendo, si la calidad es equitativa y si las condiciones de trabajo favorecen el aprendizaje y el bienestar de los niños y las niñas. La transparencia tiene que imponerse para garantizar que los fondos públicos estén al servicio del bien común.

¡Por la pública! Financiemos la EPI

Las publicaciones y las conclusiones del seminario web coinciden con los objetivos de la campaña de la Internacional de la Educación ¡Por la pública! Creamos escuela, puesta en marcha en 2023. Esta campaña constituye un llamamiento urgente a los gobiernos para que inviertan en educación pública, un derecho humano fundamental y un bien público, y para que inviertan más en el profesorado, el factor más importante para lograr una educación de calidad.

Todo esto cuenta también con el respaldo de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la profesión docente, que ofrecen a los gobiernos asesoramiento político para garantizar que se respete el derecho de todos/as los niños y las niñas a contar con un/una docente profesionalmente formado/a, cualificado/a y dotado/a del apoyo necesario.

Algunas de estas recomendaciones están específicamente dirigidas a los y las docentes del sector de la EPI. Es el caso, por ejemplo, de la Recomendación 36, que aboga por una equidad proporcional entre los salarios del personal docente en los diferentes niveles de educación y por la igualdad salarial de género: “Los y las docentes deberían recibir salarios y prestaciones al mismo nivel que los de otras profesiones con requisitos educativos similares. Debería garantizarse la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y debería haber equidad proporcional entre los salarios en los diferentes niveles de educación, incluida la educación de la primera infancia y la educación y formación técnica y profesional”.

Más información sobre la labor de la IE en materia de EPI aquí.