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A pesar de la fuerte oposición ciudadana y del éxito en los centros escolares de la Federación Valonia-Bruselas de la huelga convocada por el frente común de sindicatos de la enseñanza, el 5 de junio el Parlamento de la región se reunió en sesión plenaria y votó de madrugada las medidas de ahorro en la educación planteadas por el Gobierno.

Aprobación de la política de austeridad en la educación

El pasado 5 de junio a las cuatro de la madrugada, tras un debate maratoniano de 14 horas, el Parlamento de la Federación Valonia-Bruselas de Bélgica ratificó definitivamente los ajustes en la educación propuestos por el Gobierno de Mouvement Réformateur (MR) y Les Engagés.

El plan aprobado supone, entre otros, un aumento del 10 % de la carga horaria sin compensación salarial para el personal docente de la enseñanza secundaria superior, un régimen de bajas por enfermedad más restrictivo para el profesorado estatutario y la limitación del sistema de jubilación progresiva de docentes. También permitirá elevar las tasas de matrícula escolar a 1194 euros para el 58 % del alumnado de educación superior en el próximo curso. Además, prevé la reducción de los servicios de comedor escolar y la eliminación de la concesión de la categoría de titular a docentes contractuales a partir de 2027.

Este proyecto se ha enfrentado durante meses a una rotunda oposición social, como demostró la manifestación de varios miles de personas, muchas de ellas jóvenes, que se concentraron el 4 de junio frente al Parlamento, defendido por un imponente dispositivo policial.

El frente sindical, en el que participan las entidades afiliadas a la Internacional de la Educación —la Central General de Servicios Públicos-Enseñanza (CGSP-FGTB), la Confederación de Sindicatos Cristianos de la Enseñanza (CSC-Enseignement) y el Sindicato Libre de la Función Pública (SLFP)— ha recordado que "estas medidas de austeridad van a reducir drásticamente los medios de apoyo al estudiantado, a degradar las condiciones laborales del personal a quien confiamos a nuestras y nuestros jóvenes y a hundir el sistema educativo en el caos".

¡A los lápices, ciudadanas y ciudadanos!

Hay que destacar que, en aplicación del artículo 26.7 del reglamento del Parlamento, un proyecto de decreto no puede debatirse en sesión plenaria hasta pasadas 84 horas de su aprobación en la Comisión Presupuestaria, es decir, en este caso, no antes del 7 de junio.

Sin embargo, a pesar del voto en contra de la totalidad de representantes de la oposición y a pesar de la importancia fundamental del texto objeto de debate para los sectores de la educación y la enseñanza superior, los partidos gubernamentales MR y Les Engagés convocaron la reunión plenaria el 4 de junio para votar el decreto lo más rápido posible.

Según los sindicatos, el Gobierno decidió "imponerse y someter a votación su programa de decreto este jueves 4 de junio, despreciando incluso las reglas de funcionamiento parlamentario. Su objetivo con ese paso es cortar las alas a un movimiento social que no deja de crecer".

También han afirmado que «se trata de un precedente muy grave para nuestras instituciones democráticas y entraña una ruptura irreversible de la confianza. Nada justifica que nuestros y nuestras representantes se salten las reglas, sobre todo si es para imponer medidas que han suscitado tantas críticas. El reglamento garantiza un funcionamiento democrático justo. Que el grupo mayoritario lo vulnere no es una mera irregularidad, es una forma de debilitar la democracia parlamentaria, transformando el Parlamento en una simple oficina de registro".

Por ese motivo, emitieron un comunicado en el que animaban a sus bases de afiliación a hacer huelga el 4 de junio y lograr una jornada de movilización extraordinaria que recordara al Gobierno que "la democracia no es la dictadura de quienes vencen en una elección quinquenal" y "no puede funcionar sin una enseñanza universal accesible y de calidad, un diálogo social constructivo y el respeto de las reglas de funcionamiento de las instituciones".

El frente sindical común también ha instado a la población a expresar su apoyo a la lucha: "¡A los lápices, ciudadanas y ciudadanos!".

Tanto oposición como sindicatos han solicitado la dimisión inmediata del presidente del Parlamento, Benoît Dispa.

¡Por la pública! Creamos escuela

Los sindicatos europeos e internacionales han manifestado su solidaridad con las y los educadores belgas.

Jelmer Evers, director de la estructura regional en Europa de la Internacional de la Educación, el Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE), ha reconocido que «estas decisiones van claramente en contra de las necesidades de la enseñanza pública en Europa. Reducir los medios, aumentar la carga de trabajo del profesorado y eludir las reglas democráticas únicamente servirá para agravar la crisis. Con nuestra campaña ¡Por la pública! Creamos escuela, exigimos a los Gobiernos para que opten por invertir en la educación, en el alumnado y en el profesorado, en vez de decantarse por la austeridad. Expresamos nuestro total y absoluto apoyo a las compañeras y los compañeros belgas en su lucha por una educación de calidad".

Esta campaña mundial es un llamamiento urgente a los Gobiernos para que financien la educación pública, un derecho humano fundamental y un bien público, y para que inviertan más en el personal docente, que es el factor más importante para conseguir una educación de calidad.

La Internacional de la Educación respalda a sus afiliados y afiliadas belgas en su batalla contra estas medidas de autoridad, que irán en detrimento de la calidad de la educación y agravarán los problemas del personal de la enseñanza en la Federación Valonia-Bruselas.