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Jake Brewer / Flickr
Jake Brewer / Flickr

Tendencias de privatización de la educación en el Caribe

publicado 9 febrero 2022 actualizado 23 marzo 2022
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La privatización es un tema central de las investigaciones en materia de educación desde hace muchos años, sobre todo en las democracias liberales occidentales. Sin embargo, el fenómeno se ha investigado relativamente menos en la región del Caribe. Esto importa.

La privatización cada vez mayor en lugares como Ghana, Liberia, Marruecos, Honduras y la India revela que este mapeo incompleto del Sur Global a menudo tiene que ver con otras características estructurales o históricas, como el colonialismo y la pobreza. Esto se suma a los daños sociales más generalizados provocados por la privatización en la educación, tal como fue el caso de los contratos de “venta con pacto de arrendamiento” o las alianzas público-privadas del Canadá y Bélgica, y el sistema de vales de Chile.

Por lo tanto, hay una necesidad apremiante de analizar la privatización en el Caribe.

En nuestra investigación, hemos seleccionado diez naciones caribeñas para investigar el alcance, la intensidad y la repercusión de las prácticas de privatización en toda la región a través de un mapeo de las tendencias, los actores clave y las influencias institucionales. Las naciones elegidas fueron: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago. También teníamos por objeto entender la función de las políticas públicas en relación con las tendencias de privatización y el papel de las organizaciones supranacionales, como la CARICOM y el FMI. Nos centramos en tres tipos de privatización de la educación: 1) la privatización exógena, o participación directa del sector privado en el suministro y la prestación de productos y servicios educativos; 2) la privatización endógena, donde los actores del sector público han terminado adoptando los métodos, los objetivos, el lenguaje y las disposiciones del sector privado; y 3) la privatización del propio Estado y sus funciones de formulación de políticas y sistema. Nuestro estudio monográfico de diversos métodos constó de tres aspectos: análisis documental, entrevistas y cuestionarios. Entre las personas que participaron figuran personal docente y de la dirección escolar, padres y madres, representantes de sindicatos de docentes y representantes de organizaciones supranacionales. Los resultados de esta investigación se pueden resumir en cinco conclusiones principales:

1) Un compromiso residual con la educación pública

Las pruebas recabadas de numerosas fuentes sitúan a la educación como un bien público que el Estado debe proporcionar. Algunas de estas fuentes son leyes nacionales en materia de educación, como la de 2008 de Antigua y Barbuda; entrevistas con representantes de sindicatos de docentes; e, indirectamente, los datos de los cuestionarios. Por ejemplo, cuando los padres y las madres señalan que la falta de calificaciones o conocimientos especializados del personal docente está afectando a la educación de sus hijos e hijas, están contribuyendo a defender la educación pública. Cuando el profesorado plantea la cuestión de la “continua estratificación del alumnado”, está haciendo lo mismo. No obstante, esta actitud residual no es suficiente para detener la propagación o intensificación de las tendencias de privatización.

2) La privatización es la vía “por defecto” para mejorar

En nuestro estudio, hemos hallado extensas pruebas de privatización de la educación que superan manifiestamente a cualquier compromiso heredado con la educación pública. Por ejemplo, la financiación pública insuficiente de la educación y un deseo de mejora (formulada como “modernización”) de la educación pública alentó a muchas personas participantes a valorar la privatización. Esta creencia se refuerza a través de políticas en toda la región: las opciones disponibles discursivamente para las mejoras de todo el sistema en el Caribe, con carácter internacional, se basan en gran medida en una plantilla de privatización. Las personas participantes con funciones de liderazgo regional y educativo, a menudo aceptan este conjunto de estrategias “por defecto”. Como tal, la modernización ha llegado a asociarse con la privatización a través del discurso. Esto no es sorprendente: el mismo fenómeno ha ocurrido en otros países. Los incentivos financieros que las entidades del sector privado, especialmente las organizaciones supranacionales, pueden aportar a la educación pública son atractivos, tanto como los métodos de estilo empresarial de la privatización endógena, que se promueven como características integrales y exentas de problemáticas de una educación “modernizada”.

A veces, el “problema” de la educación incluso se plantea como una privatización que no se está “haciendo correctamente”. La respuesta para estas personas encuestadas es una privatización mayor o más eficaz. Por ejemplo, un miembro del profesorado de Barbados se quejaba en el cuestionario de que la gestión del desempeño solo se hace cada tres años, y pedía un sistema de bonificaciones para incentivar el desempeño.

3) Los principales actores corporativos no destacan

Pedimos a todas las personas participantes que identificaran a los actores clave de la privatización; no se mencionó a ninguna de las principales corporaciones o empresas internacionales. Por lo tanto, nuestra investigación no ha destapado las prácticas abusivas generalizadas por parte de grandes organizaciones y actores del sector privado que se han denunciado en otras partes del mundo. Parece que en el Caribe —al menos por ahora— la provisión de fondos, productos o servicios del sector privado puede describirse, en su mayor parte, como pequeños gestos de “buena voluntad” a nivel comunitario o con motivación religiosa. Por ejemplo, en su encuesta, los defensores de la privatización indicados con más asiduidad eran los padres y madres con recursos. También es posible que cualquier intención interesada de los actores privados, ya sean empresas internacionales de educación o personas filántropas menos conocidas, siga pasando desapercibida. Sin embargo, las preocupaciones por los motivos de la participación de los actores del sector privado en la educación pública están empezando a aumentar al menos en una nación, Trinidad y Tabago, donde una persona en representación de un sindicato de docentes denunció su desaprobación de, por ejemplo, el uso cada vez mayor por parte del Ministerio de Educación de una empresa de educación privada nombrada para la prestación de servicios educativos.

4) La selección impulsa la privatización

Otra condición fundamental y factor determinante de la privatización de la educación es la existencia de cuasimercados dentro de los sistemas educativos, en los que la competencia relacionada con la práctica sumamente común de la selección en la escolarización de nivel de secundaria provoca que se favorezca la educación privada en detrimento de la educación pública. Las clasificaciones y las listas de centros con el mejor desempeño sirven luego como información de mercado para los padres y las madres. Esto plantea preguntas: ¿cómo puede afectar una situación de ese tipo a las escuelas públicas, especialmente las de las zonas rurales? ¿Cómo puede repercutir una situación así en las familias que no son capaces de permitírselo? Parece que la educación de alta calidad se está mercantilizando, por lo que se limita la igualdad de acceso y la equidad, y se viola un derecho fundamental de los niños y las niñas. Además, las tensiones producto de la competencia en los contextos educativos, como las condiciones de trabajo y la remuneración del profesorado, parecen ser el principal foco de atención de los sindicatos de docentes, que pueden ser un baluarte importante contra la privatización.

5) Una comprensión incoherente de la privatización

Otro elemento que dificulta los esfuerzos de los sindicatos por combatir la privatización es una confusión generalizada con respecto a qué significa la privatización, cuáles son sus rasgos característicos y qué arquitectura conceptual, incluido el lenguaje, se suele usar para crear y articular argumentos en su favor. Hemos determinado que personas participantes de las que cabría esperar que presionaran contra la privatización a veces aceptaban una articulación conceptual y lingüística del debate que prefieren sus protagonistas. Las palabras hacen una labor política e ideológica, de modo que, aceptar sin problemas planteamientos de la educación que ponen en primer plano términos como “modernización”, “agilidad” o “flexibilidad” es una manera de ceder terreno antes si quiera de comenzar el debate.

A través de textos normativos, los Estado caribeños que hemos investigado parecen tener un compromiso distinto con la privatización como mecanismo fundamental para modernizar la provisión de educación pública y mejorar los resultados. La selección al finalizar la enseñanza primaria en muchas naciones del Caribe establece y refuerza la noción de la escolarización como fundamentalmente competitiva. Esta circunstancia, junto con una provisión insuficiente de educación pública, generan las condiciones ideales para la promoción y la adopción final de la privatización de la educación. Aunque las personas participantes a veces ven beneficios en una privatización de esa clase, a muchas les preocupa sus consecuencias para la equidad y la noción de la educación como bien común.

Nuestro estudio sienta las bases para nuestras recomendaciones de que, en primer lugar, las personas responsables de la formulación de políticas financien la educación para eliminar costos adicionales y a menudo prohibitivos para los padres y las madres relacionados con la asistencia de sus hijos e hijas a la escuela. Entre estos gastos figuran los de los libros de texto y las actividades extracurriculares. En segundo lugar, las personas responsables de la formulación de políticas deberían gravar los beneficios de la participación del sector privado en la educación para financiar el trabajo realizado en aras de lograr los objetivos de los planes del sector de la educación o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en materia de educación. Recomendamos al personal investigador que analice en mayor profundidad quiénes son los actores clave de la privatización de la educación en el Caribe, y a los sindicatos de docentes que aumenten la sensibilización de toda forma de privatización de la educación, incluida la manera en que esta plantea el debate a través de la adopción generalizada e indiscutida de una comprensión corporativa de la terminología básica; es complicado sostener argumentos en contra de la privatización al tiempo que se acepta el significado que sus protagonistas imponen a los términos básicos.

Consulte el informe (en inglés) y el resumen ejecutivo de la investigación "¿Aceptar lo establecido? Tendencias sobre privatización educativa en el Caribe"

Las opiniones expresadas en este blog pertenecen al autor y no reflejan necesariamente ninguna política o posición oficial de la Internacional de la Educación.