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Por más de una década, la Internacional de la Educación ha advertido de que la estrategia del Banco Mundial "Pasar de miles de millones a billones" —que usaba dinero público como palanca para atraer inversión privada a países en desarrollo— privilegiaría el beneficio privado por encima del bien común. Se nos tachó de ideológicos, de antimercado, de ser poco realistas... Pero, al fin, llegó la evidencia.

Cuando economistas como Larry Summers, exsecretario del Tesoro estadounidense, y N.K. Singh, expresidente de la Comisión de Finanzas de la India, llegaron a la misma conclusión en su informe de 2023 encargado por el G20, el establishment no pudo seguir ignorando la evidencia. Un análisis exhaustivo demostró que esta seductora promesa de usar fondos públicos para desbloquear inversión privada se había convertido exactamente en lo que predijimos: una máquina extractiva. En lugar de pasar de "miles de millones a billones" fluyendo hacia el desarrollo, documentaron "millones que entran, miles de millones que salen" —con 68.000 millones de dólares más saliendo de los países pobres que entrando. Se trataba, concluyeron, de un verdadero "desastre".

El modelo del Banco Mundial prometía ‘eficiencia’ a través de la aplicación de mecanismos de mercado. Sin embargo, proporcionó extracción a través de mecanismos de deuda. En lugar de innovación a través de la competencia privada, produjo estancamiento a través de la austeridad pública. Y la supuesta relación de beneficio mutuo, entre los sectores público y privado, se convirtió en una relación parasitaria del sector privado sobre los recursos públicos.

Un sistema diseñado para la extracción

Este desastre extractivo va mucho más allá de la estrategia fallida del Banco Mundial. Representa la continuación de la arquitectura financiera colonial a través de mecanismos modernos: programas del FMI que fuerzan la austeridad en el Sur Global; acreedores bilaterales que imponen condiciones políticas para la ayuda al desarrollo; acreedores privados que cobran tipos de interés punitivos; agencias de calificación crediticia que rebajan sistemáticamente a los países africanos, independientemente de sus fundamentos económicos; y un sistema fiscal global que permite a las multinacionales trasladar beneficios a paraísos fiscales mientras los gobiernos luchan por financiar servicios públicos elementales. Este sistema opera como una red coordinada de extracción, donde cada institución desempeña su papel para garantizar que la riqueza fluya de Sur a Norte, perpetuando las mismas dinámicas coloniales que han empobrecido al Sur Global durante siglos.

Las consecuencias son demoledoras. Menos de una quinta parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) van por buen camino hacia 2030, un fracaso espectacular que puede atribuirse directamente al financiamiento inadecuado, y sostenido en el tiempo, de los servicios públicos a nivel mundial. Los últimos datos de la UNESCO de junio de 2025 revelan la magnitud de este fracaso: la población mundial sin escolarizar ha aumentado a 272 millones de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, demostrando cómo el sistema de financiación actual está fallando incluso en los compromisos de desarrollo más básicos.

Mientras tanto, tres cuartas partes de los países de ingresos más bajos gastan más en pagar su deuda a países acreedores ricos que en educación o sanidad públicas para su población. Con 54 países del Sur global destinando el 10%, o más, de sus ingresos públicos al pago de intereses, hemos llegado a un espectáculo grotesco: 3.300 millones de seres humanos —casi la mitad del planeta— viven en países que priorizan el pago a tenedores de bonos por encima del financiamiento de escuelas y hospitales. Esto no es la disrupción temporal de una pandemia, o el desafortunado efecto de una recesión. Este es el resultado predecible de un sistema de financiación al desarrollo que prometía aprovechar el capital privado para el bien público pero que, en su lugar, creó la máquina de extracción de riqueza más eficiente que el mundo haya visto.

El Compromiso de Sevilla: descolonizar la financiación del desarrollo

La pregunta ahora es si la clase política tomará cartas en el asunto. La 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Sevilla (España) del 30 de junio al 3 de julio, ofrece una oportunidad para que la comunidad internacional trace un rumbo fundamentalmente diferente, uno que se libere de los patrones coloniales de extracción que han definido la financiación del desarrollo durante décadas. La Conferencia es un espacio global único que reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras y sociedad civil para reformar la financiación del desarrollo.

Mientras Estados Unidos ha optado por abandonar las negociaciones en lugar de desafiar un sistema que sirve a los acreedores del Norte sobre el desarrollo del Sur, 127 países han respaldado el Compromiso de Sevilla —una declaración integral que sitúa "los recursos, políticas y planes públicos en el corazón de los esfuerzos para una inversión en desarrollo sostenible".

El énfasis en unos recursos públicos domésticos, una gestión financiera pública transparente y unas instituciones públicas fortalecidas señala el reconocimiento, por parte de la comunidad internacional, de que la financiación al desarrollo liderada por el sector privado ha fracasado espectacularmente. Cuando los países se comprometen a la reforma de la arquitectura financiera internacional, mejorando “su resistencia, coherencia y efectividad para responder a los desafíos y crisis presentes y futuros”, mientras reconocen una brecha de financiación anual de 4 billones de dólares, están rechazando implícitamente la noción de que el capital privado pueda llenar ese vacío.

La declaración pide a los bancos multilaterales de desarrollo "aumentar y optimizar aún más la capacidad de préstamo anual" —potencialmente triplicando su producción a 300.000 millones de dólares anuales mientras mantienen el enfoque en el impacto del desarrollo sostenible. Esto señala un retorno al desarrollo liderado por lo público que antepone los resultados sociales a los rendimientos financieros, desafiando décadas de fundamentalismo de mercado impuesto al Sur Global.

Sin embargo, a pesar de su lenguaje progresista, el Compromiso de Sevilla sigue siendo en gran medida aspiracional. El documento está lleno de compromisos para "alentar", "apoyar" y "considerar", en lugar de las obligaciones vinculantes y los mecanismos concretos necesarios para desafiar la arquitectura de la financiación extractiva de la ayuda al desarrollo. Mientras los países se comprometen a "escalar la inversión", estas promesas carecen de mecanismos de cumplimiento, cronogramas claros o estructuras de rendición de cuentas que garantizarían la implementación.

La declaración representa lo que podría haber sido un momento transformador si los gobiernos hubieran encontrado el valor para ir más allá del lenguaje diplomático, y asumir compromisos vinculantes. Tenemos un marco para proyectar el cambio, pero no los mecanismos para hacerlo realidad.

Educación: una disputada victoria

La presión de la Internacional de la Educación logró la inclusión de un lenguaje explícito en el Compromiso de Sevilla, con los países signatarios comprometiéndose a apoyar la financiación necesaria “para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas".

Pero arrancar este párrafo sobre educación a las negociaciones fue como librar una batalla perdida de antemano. La realidad es que, aunque la educación es valorada universalmente en la teoría, sigue estando crónicamente desfinanciada en la práctica. El último Cuadro de Indicadores ODS4 de la UNESCO revela la magnitud acelerada de esta crisis: la población mundial sin escolarizar ha alcanzado 272 millones de niños, niñas y jóvenes—21 millones más que las estimaciones anteriores. El progreso desde 2015 ha sido menor del 1%, con países ya proyectados para estar fuera de rumbo en 75 millones con respecto a sus propios objetivos nacionales para 2025.

La mitad de los países de ingresos más bajos aún gastan más en el pago de la deuda que en educación pública. Las y los docentes están infravalorados, mal remunerados y sobrecargados de trabajo. Como consecuencia, la escasez mundial de docentes —que ha alcanzado ya los 44 millones— crece con cada año de negligencia.

Como aparece en la investigación reciente de la Internacional de la Educación sobre la descolonización de la educación: "El movimiento sindical de la educación es, en esencia, un movimiento decolonial" —porque entendemos que la financiación insuficiente de la educación pública es inseparable de unos patrones más amplios de extracción colonial. Cuando el personal docente de nuestras organizaciones afiliadas en África, Asia y América Latina reporta clases de más de 80 estudiantes sin libros de texto, mientras sus gobiernos pagan la deuda a acreedores del Norte, vemos la conexión directa entre el colonialismo financiero y la injusticia educativa. La crisis de la deuda no es un error en el sistema: es lo que garantiza que la riqueza continúe fluyendo de Sur a Norte.

De Sevilla a la implementación

La visión esbozada en Sevilla refleja un movimiento global cada vez más mayoritario. En el Día Mundial de los Servicios Públicos, la Internacional de la Educación se unió a más de 30 organizaciones de la sociedad civil para firmar la declaración "Financiar un Futuro Público" —que insiste en que la financiación al desarrollo debe priorizar la inversión pública sobre el beneficio privado, y la rendición de cuentas democrática sobre el fundamentalismo de mercado. Estos principios también son abrazados en el Compromiso de Sevilla, representando un claro rechazo de décadas de políticas que anteponen el mercado. Ahora llega la prueba crítica: convertir la declaración en realidad.

Las declaraciones no construyen escuelas. No forman docentes, no fortalecen sistemas de sanidad publica ni proporcionan agua limpia. El marco de Sevilla proporciona la arquitectura para una financiación al desarrollo liderada por lo público, pero se requiere de una voluntad política sostenida, y de mecanismos prácticos, para hacerla realidad.

No obstante, el compromiso de Sevilla proporciona herramientas críticas: fortalecer los sistemas fiscales, combatir los flujos financieros ilícitos y mejorar la transparencia de la deuda. Su llamado a establecer unos principios “responsables” en el "préstamo y endeudamiento soberanos", proporcionan una base para rechazar acuerdos de deuda que priorizan las ganancias de los acreedores sobre el bien común. Un aspecto crucial es el compromiso de "participar constructivamente en las negociaciones sobre una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional". Esto representa una oportunidad histórica para garantizar, al fin, que las multinacionales paguen lo que les corresponde. Las negociaciones de la convención fiscal de la ONU, que se extenderán hasta 2027, podrían establecer un marco de justicia fiscal esencial para que los gobiernos puedan recaudar más para financiar derechos y reducir desigualdades.

La Internacional de la Educación continuará abogando por este enfoque de inversión pública, porque sabemos que los sistemas educativos de calidad, como todos los servicios públicos esenciales, requieren de financiación pública sostenida, profesionales bien respaldados y una rendición de cuentas democrática. Nada de esto emerge de esquemas orientados al beneficio privado.

La pregunta ahora es si esta reorientación puede sostenerse frente a la presión inevitable de quienes se benefician del sistema actual. Sevilla ha mostrado el camino a seguir —hacia la inversión pública, la justicia fiscal y la rendición de cuentas democrática. Ahora viene la tarea más difícil: hacer que esa elección se mantenga a través de compromisos vinculantes, mecanismos concretos y la voluntad política para desafiar la extracción, dondequiera que ocurra. Es hora de movilizarse ‘Por la Pública’.