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Necesitamos 44 millones de docentes más en todo el mundo, de aquí a 2030. Únicamente en la región de Asia y el Pacífico, esa cifra supera los 16 millones. No se trata de una proyección de la que habrá que preocuparse más adelante: es una emergencia que estamos viviendo ahora mismo.

En el sector de la educación de toda la región de Asia y el Pacífico se está desarrollando una crisis creada por la humanidad. Los gobiernos llevan años infrafinanciando las escuelas, permitiendo que los salarios de los y las docentes se estanquen, y eliminando la seguridad del empleo. Ahora que las consecuencias se van acumulando, nos apresuramos a subsanar las deficiencias. La respuesta no es aplicar más medidas provisionales. La respuesta es cambiar de forma radical nuestra manera de valorar la profesión docente, de invertir en ella y de brindarle apoyo.

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de 2026, presentado el pasado jueves en Bangkok, ofrece un panorama inquietante. Aproximadamente 273 millones de niños, niñas y jóvenes (1 de cada 6) no han recibido escolarización. La cifra ha vuelto a aumentar por séptimo año consecutivo. La proporción de docentes de primaria con cualificación en nuestra propia región se ha reducido del 89% registrado en 2013 a un 78% registrado en la actualidad. Más de la mitad de los países vienen recortando desde 2015 la financiación de la educación. No se trata de cifras abstractas. Detrás de cada una de ellas hay un niño o una niña que merece algo mejor, y una persona docente a la que se le exige mucho más de lo que cualquier sistema debería pedirle.

Una profesión bajo asedio

Lo que más me preocupa es que esta crisis no es accidental. Es la consecuencia previsible de las decisiones de gobiernos que sistemáticamente han infrafinanciado la educación, han congelado los salarios y han suprimido la seguridad del empleo. Más de la mitad de los países de nuestra región vienen recortando desde 2015 la financiación de la educación. Y luego nos preguntamos por qué cada vez hay menos jóvenes que se decantan por la docencia, y por qué tantas personas que optan por ella la abandonan en silencio.

Lo que también me preocupa es la cultura de la exclusión que se ha arraigado en demasiados sistemas educativos. Las reformas se diseñan sin consultar al profesorado. Se modifican los planes de estudios, se revisan las evaluaciones, se introducen nuevas tecnologías… pero al personal docente se le informa a posteriori, esperando que se adapten a ello sin más. Eso no es solo una falta de respeto. Es contraproducente. Las políticas que se formulan sin tener en cuenta la opinión de la propia profesión siempre se quedarán cortas. El diálogo social institucionalizado no es un gesto de cortesía hacia el profesorado: es una condición indispensable para que las políticas funcionen de verdad.

Sin embargo, incluso en estas difíciles circunstancias, el personal docente sigue demostrando un compromiso y una resiliencia admirables. Únicamente en 2025, fuimos atestiguamos acciones coordinadas en toda la región –en Nepal y Mongolia, en Indonesia, la República de Corea y Australia– en las que el profesorado se organizó y movilizó, en particular mediante acciones sindicales, para reclamar una mayor inversión y reconocimiento. La docente de Mongolia que se declaró en huelga no lo hizo por interés propio. Lo hizo porque creía que la acción colectiva podía hacer cambiar de opinión a su Gobierno. Y así fue. Ese tipo de valentía merece no solo nuestra admiración, sino también nuestra solidaridad.

Ya existe una hoja de ruta

La buena noticia es que no nos falta orientación. El Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente, establecido por el secretario general en 2024, ofrece una hoja de ruta clara: salarios justos, condiciones de trabajo decentes, seguridad del empleo, autonomía profesional, protección social y un apoyo significativo al bienestar del personal docente. No se trata de reivindicaciones radicales. Son las condiciones básicas en las que cabe esperar que toda persona profesional pueda prosperar.

Estas recomendaciones se vieron reforzadas por el Consenso de Santiago, adoptado en la Cumbre Mundial sobre Docentes celebrada en agosto de 2025, por el cual los gobiernos se comprometen a aumentar la inversión pública en educación, a adoptar políticas eficaces para el personal docente y a entablar un diálogo social genuino. El Foro Regional de Asia y el Pacífico sobre Docentes, que tiene lugar esta semana en Bangkok, es la primera reunión regional que se celebra desde aquellos dos hitos, lo cual nos brinda una oportunidad y nos confiere también una responsabilidad: pasar de los compromisos a la aplicación, y hacerlo con carácter de urgencia y de forma responsable.

Qué pide el Foro

Durante tres días, más de 100 participantes de toda la región se han reunido para definir una profesión docente más fuerte, más equitativa y preparada para el futuro. Entre las recomendaciones clave que se desprenden de este Foro figuran las siguientes:

• Reforzar la preparación y las trayectorias profesionales del profesorado: mejorar la formación inicial del profesorado, garantizando calidad y pertinencia, y establecer sistemas coherentes para el desarrollo profesional continuo y la progresión profesional, de modo que la docencia siga siendo una vocación atractiva y sostenible.
• Mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar del profesorado: garantizar una remuneración competitiva, reducir las cargas administrativas y convertir el bienestar del personal docente en una prioridad política financiada y supervisada, no una cuestión secundaria. Cuando el personal docente se encuentra con cargas de trabajo excesivas y es infravalorado, no puede dar a sus estudiantes lo que necesitan.
• Consolidar las políticas sobre docentes que sean inclusivas, se basen en datos empíricos y se ajusten al ODS 4c: abordar la calidad, la equidad y las necesidades futuras del sistema, en particular la preparación para el cambio climático y los avances tecnológicos, al tiempo que se da prioridad urgente a la educación preescolar, que sigue estando crónicamente desatendida en toda la región.
• Mejorar los sistemas de datos sobre el profesorado: ajustar los indicadores a los marcos internacionales, ampliar la desagregación significativa y eliminar las persistentes brechas de datos, en particular en lo que respecta al personal docente de preescolar. No podemos arreglar lo que no vemos, y demasiadas personas docentes siguen siendo invisibles para los sistemas que supuestamente deben apoyarles.
• Institucionalizar marcos jurídicos y normativos coherentes para la formación del profesorado: garantizar la adaptación a lo largo de toda la trayectoria profesional, desde la preparación inicial hasta el desarrollo profesional continuo, de modo que ninguna persona docente se quede atrás después de su primer año en el aula.
• Ampliar el acceso equitativo al desarrollo profesional: ampliar las oportunidades para el personal docente de zonas rurales y desatendidas, por medio de programas flexibles, pertinentes y receptivos, respaldados por tutorías, estructuras de nivel intermedio y un seguimiento sostenido que garantice que las políticas se traduzcan en mejoras reales en la práctica docente.

Estas son algunas de las recomendaciones clave, junto con muchas otras que abarcan la gobernanza digital, la financiación, la resiliencia, la inclusión y la salvaguarda de la capacidad de actuación del profesorado en la era de la IA. Representan conjuntamente un llamamiento integral a la acción, al que hay que responder ya.

Lo que debe cambiar

El camino a seguir está claro, aunque exija cierta voluntad política que hasta ahora ha escaseado. Los gobiernos deben comprometerse a cumplir unos parámetros de financiación de la educación, asignando como mínimo un 20% de los presupuestos públicos y un 6% del PIB a la educación. Deben ofrecer al personal docente salarios competitivos, una seguridad del empleo auténtica y el tipo de desarrollo profesional y autonomía que hacen que la carrera docente sea sostenible y gratificante.

La verdadera reforma se construye con el profesorado, no se le impone. El diálogo social no es una formalidad burocrática, sino el mecanismo a través del cual las políticas adquieren la credibilidad y la confianza necesarias para tener éxito.

Cuando pienso en lo que está en juego, me acuerdo de los rostros de las personas que hay detrás de estas conversaciones. La docente de una remota isla filipina que se queda trabajando hasta el anochecer, preguntándose quedamente si puede permitirse seguir ejerciendo la profesión que ama. El joven de Vanuatu con potencial para ser un educador extraordinario, que examina las condiciones de trabajo y se pregunta: ¿merece la pena? Y pensemos en cada estudiante de cada aula, que tiene derecho a un o una persona docente cualificada, dotada de los recursos y la motivación necesarios en cada clase, cada día.

El profesorado no es un instrumento de las políticas. Son agentes del cambio. Pero solo pueden actuar como agentes del cambio si se les dota de unas condiciones decentes, seguridad en el empleo, respeto profesional y un diálogo social de verdad.

El Consenso de Santiago y las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas no deben acabar siendo documentos apilados en una estantería, como tampoco deben serlo las recomendaciones que se deriven del Foro sobre Docentes. Estos instrumentos deben viajar de vuelta con cada persona delegada, cada ministra y ministro, cada líder sindical, a los ministerios, las aulas y las sedes sindicales, y traducirse efectivamente en políticas promulgadas, presupuestos asignados y condiciones mejoradas.

Este es el momento de optar por la inversión en el profesorado, el diálogo con el profesorado y las iniciativas emprendidas con el profesorado. No un foro más, no una declaración más, sino un verdadero punto de inflexión para la profesión docente y para los millones de niños y niñas cuyo futuro depende de ella.