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La huelga nacional encabezada por el Sindicato Iraquí de Docentes (ITU, Iraqi Teachers’ Union) ha supuesto un auténtico hito para el profesorado de todo el país. Esta trascendental victoria supone importantes cambios políticos en beneficio del sector educativo y de su personal. La movilización, que se inició tras la presentación nacional de la campaña "¡Por la pública! Creamos escuela" de la Internacional de la Educación (IE) en 2024, ha conquistado notables logros, entre ellos, mejoras salariales, derechos de propiedad y avances en la ley de protección del profesorado.

Las demandas de la huelga

Más de 1,2 millones de docentes de todo el país tomaron las calles para reclamar mejores condiciones laborales y un aumento de los sueldos y los complementos económicos. Los salarios del profesorado se cuentan entre los más bajos del sector público nacional, lo que aboca a la plantilla docente al pluriempleo en un contexto de encarecimiento generalizado de los precios.

El Comité Coordinador del Profesorado responsable de la huelga reivindicó una nueva ley de servicios educativos que ampare al personal docente siguiendo el ejemplo de la que ya existe para el nivel universitario. Además, demandó la subida de las dietas que cubren el costo de la vida, los gastos profesionales, el transporte y el cuidado infantil.

Testimonios desde primera línea

"Las reclamaciones son legítimas", aseguró Abu al-Ghaith, un profesor jubilado de Bagdad. "Durante años, nos han prometido apoyo, pero las condiciones no han dejado de empeorar y se nos ha agotado la paciencia. Las demandas reflejan necesidades reales. Hay docentes con contrato que no han cobrado su sueldo en casi dos años, y quienes sí lo hacen reciben apenas 300 000 dinares (poco más de 200 dólares) al mes. Eso no es suficiente dadas las condiciones económicas actuales. Los gastos del profesorado, sobre todo en las zonas rurales y remotas, suelen ser más altos que las dietas que perciben", añadió.

Sami Majid al-Tamimi, un supervisor educativo también jubilado, secundó esa opinión y calificó las demandas como justas. "Son reivindicaciones totalmente lícitas. Al profesorado se le ha marginado sin el pago de dietas, complementos de peligrosidad y ayudas para la vivienda. Desde la década de 1980, no se ha dedicado ninguna nueva área residencial al personal docente. Me jubilé después de 36 años de servicio sin recibir ninguna tierra ni otros beneficios. Solo ganamos 300 000 dinares (unos 229 dólares), mientras el personal de otros ministerios cobra millones. El profesorado se ha convertido en mercancía barata", afirmó.

La respuesta gubernamental

La huelga afectó de forma notable al sistema escolar de todo el país, dejando las aulas prácticamente vacías, ya que la inmensa mayoría del profesorado se adhirió a la acción sindical. En respuesta, el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani anunció como medida inicial la asignación de lotes residenciales para el personal docente. Sin embargo, el profesorado y sus representantes sindicales consideraron que esa decisión aislada resultaba insuficiente para resolver sus problemas, que tienen un carácter mucho más amplio.

El ministro de educación, Ibrahim Namis al-Jabouri; un grupo de representantes sindicales encabezado por el secretario general del ITU, Ouday al Issawi, y el secretario general del Consejo Ministerial, Hamid Naeem al-Ghazi, celebraron una reunión a principios de abril de 2025 para abordar las cuestiones planteadas por el profesorado.

Avances para lograr una ley de protección del profesorado

El ITU ha conseguido varios hitos, entre ellos, el aumento salarial y de los complementos, progresos encaminados a la aprobación de una ley de protección del profesorado, la obtención de derechos de propiedad para el personal docente y la movilización masiva en una huelga histórica. Aunque todavía se están debatiendo algunas reformas estructurales y objetivos de financiación, el sindicato ha sabido aprovechar el calendario político (hay elecciones en noviembre de 2025) y el impulso internacional (la campaña "¡Por la pública!") para lograr los mejores resultados.

La futura ley de protección del profesorado, una de las reivindicaciones básicas de las protestas nacionales, tiene por objetivo salvaguardar los derechos, la dignidad y las condiciones laborales del personal educativo. Se basa en gran medida en las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente que incluye garantías jurídicas contra el acoso y los abusos, procedimientos disciplinarios claros, seguridad laboral y apoyo durante las huelgas o protestas. La ley reconocerá formalmente a la plantilla docente como funcionariado esencial, otorgándole el mismo nivel de respeto y seguridad pública que el resto del personal público civil. El Ministerio de Educación será el responsable de hacer cumplir la ley y de supervisar la situación a través de un comité específico para resolver las infracciones.

El ITU sigue luchando por mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la financiación para educación. El objetivo estratégico del sindicato es crear un entorno educativo bien financiado y más propicio para el personal docente que redundará, en última instancia, en beneficio del sistema educativo público iraquí.

El sindicato mantiene su compromiso de garantizar que todo el profesorado goce del reconocimiento, el apoyo y los medios necesarios para forjar un futuro más brillante para toda la sociedad. Las conquistas recientes suponen un significativo paso adelante para lograr esta meta e inciden en el poder de la acción colectiva para impulsar cambios reales y avances hacia una educación pública, inclusiva y de calidad.