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En el período previo a la revisión de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966) y la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior (1997), la Internacional de la Educación (IE) ha puesto en marcha un proceso de consultas a sus 375 organizaciones miembros que representan a más de 33 millones de docentes en 180 países y territorios.

Los instrumentos se actualizan para satisfacer las necesidades del personal docente del siglo XXI

“La Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente se adoptó en 1966. El valor y la relevancia de sus ideas sobre la educación y la profesión docente perduran 59 años después. Sigue siendo, junto con la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior de 1997, el principal punto de referencia para orientar las iniciativas destinadas a mejorar la situación del profesorado y garantizar sus derechos. Sin embargo, el contexto en el que trabaja el personal docente ha cambiado considerablemente desde que se adoptaron estos dos instrumentos”, declara Haldis Holst, secretaria general adjunta de la IE.

La escasez crucial de 44 millones de docentes en todo el mundo, el auge de la inteligencia artificial y la tecnología, el cambio climático y sus repercusiones en las comunidades educativas, el aumento de los conflictos violentos y las guerras, la migración mundial, las reformas motivadas por la austeridad, la precariedad cada vez mayor en el sector, la privatización y la mercantilización de la educación, la erosión de la autonomía profesional y la libertad académica representan todos nuevos desafíos para la profesión docente en el siglo XXI.

El reciente impulso político y las movilizaciones para mitigar la escasez de docentes y fortalecer la profesión docente, incluidas las recomendaciones oportunas y progresivas del Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente del Secretario General de las Naciones Unidas, han preparado el terreno para la revisión de las Recomendaciones de 1966 y 1997.  

“Pese a que el mundo ha cambiado considerablemente desde que se adoptaron las Recomendaciones, la importancia del personal docente ha sido una constante. El profesorado es la piedra angular de una educación de calidad”, señala Holst, al tiempo que pone de relieve el compromiso de la IE con apoyar el proceso de revisión y garantizar que la voz del personal docente se escucha, se respeta y se refleja en la actualización de las Recomendaciones.

A tal fin, el Consejo Ejecutivo de la IE ha creado un grupo de trabajo específico, compuesto por representantes de organizaciones miembros de la IE procedentes de todas las regiones que organizan al profesorado y el personal de apoyo educativo de todos los niveles de la educación, desde la infantil hasta la superior. El grupo de trabajo de la IE supervisará el proceso de renegociación, proporcionará orientación y asesoramiento sobre la visión y las reivindicaciones que plantee la IE y dirigirá la promoción y la estrategia de la IE. Su labor se basará en el proceso de consultas a las organizaciones miembros, que dio inicio con dos reuniones en línea celebradas en junio.

Recomendación de 1966: la participación de la profesión en el proceso de revisión es un prerrequisito para que el instrumento tenga legitimidad

En junio, 18 dirigentes de sindicatos de la educación se reunieron con motivo de la primera consulta en línea para debatir la revisión de la Recomendación de la OIT y la UNESCO de 1966.

Becky Pringle, presidenta de la National Education Association (Estados Unidos) y vicepresidenta de la IE, presentó la misión y los objetivos del grupo de trabajo de la IE que preside.

Pringle puso énfasis en el principio esencial de que ninguna revisión de políticas educativas mundiales debería proceder sin la plena participación de quienes se encuentran en el centro de la enseñanza y el aprendizaje. Cualquier revisión que se lleve a cabo del instrumento debe ser íntegra y legítima a los ojos de quienes la implementan. Para que así sea, el personal docente debe participar activamente en todas las fases de la revisión.

Oliver Liang, jefe de la Unidad de Servicios Públicos y Privados del Departamento de Políticas Sectoriales de la Organización Internacional del Trabajo, proporcionó a las personas participantes una visión exhaustiva de los aspectos procesales y estratégicos relacionados con la revisión de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente de 1966. Expuso las dificultades y las oportunidades inherentes para garantizar una participación significativa de los sindicatos. Desde la perspectiva de la OIT, es crucial que en el proceso de revisión tenga lugar un diálogo social tripartito en el que participen la fuerza de trabajo, los empleadores y los gobiernos. Liang reconoció igualmente la necesidad general de una negociación colectiva y un diálogo social sólidos para determinar las políticas relativas al personal docente.

Las personas de la dirigencia sindical que participaron en la consulta hablaron de sus prioridades y pusieron de relieve cuestiones como los salarios bajos, el impacto de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, la precariedad cada vez mayor en la profesión, la educación en situaciones de emergencia y contextos de crisis, la educación para la paz, la autonomía profesional y la libertad académica.

Los sindicatos de la educación también destacaron la necesidad de fortalecer el Comité de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART), el órgano responsable de supervisar la aplicación de las Recomendaciones. El CEART examina las alegaciones presentadas por las organizaciones de docentes, publica sus conclusiones y formula recomendaciones para resolver ese tipo de casos. A fin de proteger los derechos y la situación de la profesión docente, el proceso del CEART debe ser eficiente, inclusivo y eficaz.

Recomendación de 1997: defender la educación superior en tiempos de crisis

En junio, 30 sindicatos de la educación superior se reunieron para debatir la revisión de la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior de 1997.

David Robinson, director ejecutivo de la Canadian Association of University Teachers (CAUT) y miembro del grupo de trabajo de la IE para la revisión de las Recomendaciones, puso de relieve que el instrumento de 1997 sigue siendo la única norma internacional que expresa explícitamente valores académicos fundamentales como la libertad académica, la gobernanza colegiada y la titularidad. Todos estos principios esenciales se están cuestionando ahora.

La IE, con el fin de determinar su apoyo al proceso de revisión, ha encargado una investigación sobre la situación de la educación superior. El estudio, dirigido por el profesor Howard Stevenson y titulado En el ojo del huracán: La educación superior en tiempos de crisis, analiza las tendencias mundiales en el sector, el uso por parte de los sindicatos de la Recomendación de 1997 y el mecanismo de supervisión del CEART con el objeto de identificar los ámbitos prioritarios clave para el proceso de revisión.

Stevenson se dirigió al colectivo sindicalista de la educación superior para exponer las conclusiones del estudio y sostiene que una convergencia de crisis —financiera, política, ambiental y tecnológica— ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sector.

El estudio identifica tres amenazas sistémicas interrelacionadas: la austeridad, el autoritarismo y la automatización. Las políticas de austeridad han disminuido enormemente la financiación pública de la educación superior; su impacto se ha exacerbado por la espiral inflacionaria y el cambio en las prioridades del gasto público. Esta presión fiscal ha dado lugar a la erosión de los salarios, las pensiones y las condiciones de trabajo, y esto ha afectado desproporcionadamente al personal académico con empleos precarios, especialmente las mujeres y las personas racializadas. A su vez, las tendencias autoritarias en todo el mundo han avivado los ataques a la libertad académica y han socavado el papel de las universidades como espacios democráticos fundamentales. El auge de la automatización, especialmente de la inteligencia artificial y las tecnologías educativas, se identificó como la tercera gran preocupación, ya que su expansión no regulada pone en riesgo la homogeneización de la pedagogía, lo cual socava la función de la labor académica y debilita la experiencia de la enseñanza superior.

Un aspecto crucial de las conclusiones del estudio es la necesidad urgente de proteger la gobernanza colegiada y la libertad académica. Stevenson advirtió de que se está desarrollando una “batalla de ideas” en las universidades, donde algunos gobiernos están suprimiendo activamente las becas esenciales y los discursos a favor de la diversidad, la equidad y la inclusión en el marco de programas nacionalistas o conservadores. Sostuvo que es fundamental que los sindicatos sean fuertes e independientes y estén dotados de los recursos necesarios para defender la libertad académica y resistir a las usurpaciones gerenciales y políticas.

Anticipando la revisión de la Recomendación de 1997, Stevenson expuso cuatro aspectos clave que tener en cuenta a raíz del estudio:

1. Fortalecer el reconocimiento de la libertad académica como condición indispensable de una educación y una investigación de calidad.
2. Incorporar protecciones para la titularidad y el empleo estable, especialmente ante la precariedad cada vez mayor.
3. Integrar un texto actualizado sobre el cambio tecnológico y las desigualdades en la fuerza de trabajo.
4. Reforzar los mecanismos de supervisión, transparencia y cumplimiento del CEART con medidas como abordar las limitaciones actuales relacionadas con la gobernanza, que permiten a los ministerios utilizar la autonomía institucional como un pretexto para delegar la responsabilidad en las instituciones de enseñanza superior que permanecen fuera del alcance de la supervisión directa del CEART.

Representantes de sindicatos de la educación superior de diversos países se hicieron eco de las conclusiones del profesor Stevenson y señalaron otros aspectos que deberían plasmarse en la actualización de la recomendación, como las disposiciones sobre bienestar, entornos de trabajo seguros y pensiones.

Quienes participaron también pusieron énfasis en la necesidad de reconocer los retos que afronta la educación superior como cuestiones de democracia. La legitimidad de las instituciones de enseñanza superior en cuanto a promover, impartir y difundir el conocimiento se está erosionando actualmente en el público por la desconfianza cada vez mayor del personal experto y las instituciones académicas, una tendencia que han promovido determinados responsables políticos. La Recomendación revisada puede ser un instrumento valioso para defender que las universidades sean centros de democracia y libre investigación.

La experiencia del personal docente de todo el mundo debe informar las Recomendaciones

Las consultas estructuradas con las organizaciones afiliadas de la IE continuarán durante la revisión con el objeto de crear un proceso inclusivo que refleje las realidades vividas por el personal educativo de todo el mundo.