Zimbabue: se necesitan urgentemente salarios justos, derechos de negociación colectiva y una financiación sostenible de la educación
A pesar de las señales de estabilización económica en Zimbabue, muchos educadores y educadoras aún tienen dificultades para llegar a fin de mes. Aunque la inflación se ha ralentizado y los indicadores de crecimiento han mejorado, los salarios del personal docente siguen sin ir a la par del costo de la vida, lo que deja a los trabajadores y las trabajadoras del sector de la educación entre las afirmaciones del gobierno de restricciones fiscales y la realidad cotidiana a la que se enfrentan sus familias.
Los sindicatos de la educación advierten que estas presiones socavan tanto la profesión docente como el futuro de la educación pública. Sostienen que años de erosión salarial, restricciones a la negociación colectiva significativa e infrafinanciación persistente han llevado a que el personal educativo soporte la carga del ajuste económico, mientras que las escuelas siguen afrontando dificultades importantes en materia de recursos. Insisten en que la educación pública de calidad no puede basarse en el deterioro de los niveles de vida de las personas responsables de ella.
La brecha entre los ingresos y las necesidades básicas de los hogares ilustra la dimensión del desafío. Según la cesta de la compra de la Zimbabwe Teachers' Association correspondiente a junio de 2026, una familia de cinco miembros necesitaba el equivalente de aproximadamente 1.084 dólares estadounidenses al mes para cubrir los gastos esenciales. Sin embargo, la remuneración mensual total de un docente ascendía a unos 450 dólares, menos de la mitad de la suma que los sindicatos calculan que se necesita para mantener un nivel de vida digno.
Por otra parte, los sindicatos de la educación han planteado inquietudes respecto de las reformas que afectan a los servicios públicos, entre las que se incluye un ejercicio de evaluación de los puestos de trabajo que señalan que ha degradado al personal docente y al personal directivo de los centros escolares, ha debilitado el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y ha menoscabado aún más la condición de la profesión. Sumados a las preocupaciones de larga data sobre los derechos laborales y la negociación colectiva, estos cambios han intensificado los llamamientos para una inversión pública más fuerte en educación y un mayor respeto de las voces del personal educativo.

Estas preocupaciones ocupaban un lugar central en un informe presentado por tres organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación (IE) en Zimbabue —la College Lecturers Association of Zimbabwe (COLAZ), el Zimbabwe Educational, Health, Scientific, Social and Cultural Workers Union (ZEHSSCWU) y la Zimbabwe Teachers' Association (ZIMTA)— durante el Taller Subregional para África Austral de la IE sobre la campaña ¡Por la pública! Creamos escuela, celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica) el 23 y 24 de julio de 2026. En este informe se examinaban las realidades que configuran las vidas del personal educativo y se describía cómo los sindicatos utilizan la investigación, la labor de promoción y el diálogo social para exigir salarios justos, derechos laborales más sólidos y una financiación sostenible de la educación pública.

Un entorno difícil para la negociación colectiva
Los sindicatos indicaron que la fuerza de trabajo del sector de la educación de Zimbabue opera en un movimiento sindical coordinado que dialoga con el gobierno a través del Consejo Nacional de Negociación Paritaria (NJNC, por sus siglas en inglés). A diferencia de los trabajadores del sector privado, los funcionarios y las funcionarias están excluidos del marco de negociación colectiva convencional establecido en virtud de la legislación laboral.
Aunque la Constitución de Zimbabue garantiza el derecho de negociación colectiva y de huelga de los trabajadores, los sindicatos de la educación sostienen que estos derechos siguen siendo restringidos en la práctica.
Según el informe de los sindicatos de Zimbabue, los acuerdos alcanzados a través del NJNC a menudo son de carácter consultivo en lugar de jurídicamente vinculante, y con frecuencia se responde a las movilizaciones laborales con intervenciones judiciales, deducciones salariales y medidas disciplinarias.
Los sindicatos explicaron que la negociación colectiva, no las movilizaciones laborales, sigue siendo nuestro mecanismo de presión más viable y señalaron que mediante este proceso se han obtenido resultados cada vez más limitados para el personal educativo durante el último año.

Los indicadores económicos mejoran, pero el personal docente continúa bajo presión
En el informe también se reconocían señales de estabilización macroeconómica en Zimbabue. El crecimiento económico llegó a 6,8% en el primer trimestre de 2026, la inflación se ralentizó considerablemente y el Banco de la Reserva redujo el tipo de interés por primera vez desde la introducción de la divisa ZiG –la divisa de Zimbabue respaldada por el oro– en abril de 2024.
Sin embargo, los sindicatos hicieron hincapié en que estas mejoras no se han traducido en beneficios significativos para los trabajadores.
Los sindicatos indicaron que el gobierno insiste en que paga más de lo que puede permitirse, mientras que el personal docente insiste en que se le paga menos de lo que necesita para vivir.
El informe sostiene que no puede mantenerse una educación pública de calidad cuando se obliga a los educadores a soportar la carga de las restricciones fiscales con salarios inadecuados y una disminución de los niveles de vida.
Preocupación de los sindicatos por la reforma de la evaluación
Uno de los acontecimientos más importantes en 2025 fue la puesta en marcha del ejercicio de evaluación por parte del gobierno de los puestos de trabajo en los servicios públicos. Esta reforma, que pretende armonizar la clasificación en la función pública, ha generado una profunda preocupación entre los sindicatos de la educación.
Los sindicatos informaron de que los directores de escuelas, los subdirectores y el personal docente había sido degradados en el nuevo marco de clasificación. Sostienen que el ejercicio reduce el reconocimiento de las cualificaciones y responsabilidades profesionales al situar varias ocupaciones especializadas en categorías genéricas más amplias.
Según los sindicatos, esta reforma socava la condición profesional del personal docente y podría minar los esfuerzos desplegados para atraer y retener a personal educativo cualificado en el sector.
Defensa de la educación pública y la profesión docente
Los sindicatos de la educación de Zimbabue identificaron tres retos principales: proteger la situación profesional y la remuneración del personal docente, revertir la disminución de la afiliación impulsada por las dificultades económicas y restablecer la confianza en los procesos de negociación colectiva.
Por consiguiente, han aplicado una estrategia basada en la investigación, la promoción y el diálogo social. Realizaron análisis técnicos de los resultados de la evaluación, participaron en consultas con el gobierno y obtuvieron el acuerdo en principio para establecer una comisión independiente de revisión técnica con el fin de reevaluar el impacto de la reforma.
Asimismo, señalaron la importancia creciente de la labor de promoción basada en los datos empíricos. Gracias a la combinación de datos de la cesta de la compra de la ZIMTA y los cálculos del gobierno de los gastos de subsistencia básicos, los sindicatos han reforzado sus argumentos a favor de los ajustes salariales y un aumento de la inversión pública en la educación. También indicaron que la colaboración con el Parlamento se había ampliado a través de la campaña ¡Por la pública! Creamos escuela.
Los sindicatos señalaron que lo que ha funcionado es la labor de promoción basada en los datos empíricos, destacando que se había logrado garantizar un mecanismo de revisión formal y reforzar el debate público sobre la financiación de la educación y los medios de subsistencia del personal docente.

La financiación de calidad debe llegar a las aulas
Aunque reconocieron las mejoras en su capacidad de organización y promoción, los sindicatos hicieron hincapié en que el personal docente sigue afrontando un entorno económico que infravalora su trabajo.
Insistieron en que la inversión en educación debe reflejarse no solo en las políticas y los presupuestos, sino también en la realidad cotidiana del profesorado y el alumnado.
Como señalaron, emprendieron sus esfuerzos de campaña en 2026 con credibilidad técnica y una disciplina organizativa renovada, pero en el marco de un panorama económico y de relaciones laborales que aún pide al profesorado que acepte una devaluación profesional bajo el pretexto de restricciones fiscales.
Concluyeron recordando que la educación pública de calidad comienza por la financiación de calidad, y que la financiación de calidad debe sentirse primero en el aula y en el salario del profesorado que educa al alumnado.